Potenciar nuestra marina mercante

Más de un siglo ha transcurrido desde 1917, cuando se promulgó la Ley 63 que reformaba el Código Fiscal, creando el Registro Internacional de Naves de Panamá, y cuando en 1919 se abanderó la primera nave “Belen Quezada”, transferida desde el registro canadiense al panameño. En estos cien años hemos visto crecer nuestra marina mercante y a Panamá ocupar un importante sitial en el comercio marítimo mundial, tanto por el Canal como por su registro abierto. Hemos visto también un significativo incremento en la competencia internacional de nuestro registro, con la llegada de registros privados o concesionados como Liberia e Islas Marshall, acaparando importantes cuotas del mercado, mientras la flota panameña mantiene una desaceleración en su crecimiento y es sujeto de constantes ataques, muchos infundados, que afectan su posición.

Nuestro registro abierto debe ser visto como un negocio que ejerce la República de Panamá, ofertando sus servicios a los principales actores del comercio marítimo mundial. Similar a nuestro Canal, la clientela del registro abierto es internacional, aun cuando los réditos generados por esta actividad benefician al Tesoro nacional y por ende a todos los panameños. Así pues, debemos mantener nuestra marina mercante a la vanguardia, potenciándola como flota segura para el comercio mundial.

Lograr este impulso de nuestra marina mercante no es sencillo. Debemos reconocer que nuestra competencia es tenaz y resulta complejo contender con registros privados cuyo manejo es corporativo, cuando el nuestro en cambio opera bajo el modelo estatal. Sin embargo, nuestro modelo estatal también tiene sus ventajas, siendo una de ellas la seguridad jurídica que solamente un Estado puede brindar. No debemos temer competir, por el contrario, debemos procurar canales abiertos de comunicación con otros registros abiertos similares con quienes compartamos una visión común.

Aunado a esto, Panamá cuenta con personal altamente calificado que promueve el registro tanto desde el engranaje estatal como desde el sector privado que apuesta al desarrollo sostenido de la bandera panameña. Sobre este particular, debo reconocer los ingentes esfuerzos de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), que desde su fundación en 1979, ha llevado adelante la promoción, defensa y modernización de nuestro registro de naves, apoyando a la administración estatal sin distinción política. El esfuerzo conjunto entre el sector público y privado es clave para el crecimiento de la marina mercante.

Más allá de la competencia con otros registros abiertos, el reto más importante que enfrentamos hoy en día es el uso e implementación de sanciones comerciales y marítimas como herramientas geopolíticas utilizadas por Estados, organizaciones y bloques económicos. Esto requiere que nuestra marina mercante no sea vista únicamente bajo la óptica comercial, sino también en atención a los vaivenes geopolíticos en un mundo en constante cambio. En este sentido, se han impulsado importantes regulaciones para la depuración de la marina mercante.

En 2019 se promulgó el Decreto Ejecutivo 32, por el cual se ordenó la cancelación del registro de toda nave que se identificase como vinculada a actos prohibidos por el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2022 se promulgó el Decreto Ejecutivo 245 que toma acciones contra naves dedicadas a Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, ordenándose su cancelación del registro panameño.

Recientemente, como muestra de la seriedad con la cual la República de Panamá regenta su marina mercante, se promulgó el Decreto Ejecutivo 512, que ordena la cancelación inmediata de naves que sean listadas o cuyos propietarios sean incluidos en las listas de sanciones más importantes a nivel global, incluyendo la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y del Reino Unido.

La República de Panamá cuenta también con una robusta red de embajadas, consulados privativos de marina mercante, oficinas de seguridad marítima y a partir de 2025 un puesto en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Desde estas tribunas internacionales es menester que nuestros representantes no sólo impulsen nuestra marina mercante, sino que la defiendan y aclaren cualquier ataque infundado a que haya lugar.

Esta defensa también debe ser ejercida internamente, principalmente con mecanismos de debida diligencia que permitan a la Dirección General de Marina Mercante filtrar aquellas naves que no deben ingresar a nuestro registro. Una matriz de riesgos basada en data fiable permitirá el discernimiento adecuado para la admisión a la flota mercante panameña. Aquellas naves que logren colarse, o que incumplan una vez dentro, deberán ser removidas con celeridad y transparencia. El registro panameño no puede ser utilizado para fines distintos al comercio marítimo legal.

Se aproxima también para este año 2025 la auditoría de la Organización Marítima Internacional, que buscará verificar nuestro cumplimiento e implementación de la normativa principal del sector marítimo garantizando la seguridad y sostenibilidad. Panamá también deberá evaluar la conveniencia de suscribir la Convención de Beijing sobre Ventas Judiciales de Naves, brindando garantías a los acreedores que prefieren nuestro registro y modernizar las leyes que rigen la marina mercante.

En fin, potenciar nuestra marina mercante es uno de los muchos retos que tenemos por delante, pero contamos con la capacidad y experiencia para lograrlo. El impulso de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado será clave en el desarrollo de una marina mercante de talla mundial que sea motivo de orgullo nacional.