Políticas deportivas para personas de la tercera edad

Uno de los temas más importantes a considerar en un Estado es la salud física y mental de la ciudadanía, ya que mejora y optimiza la funcionabilidad entre los individuos dentro del ámbito laboral, familiar y educacional, para vivir de manera más sana y optima, de tal manera que estén en la capacidad de resolver de manera razonable e inteligente cualquier conflicto o circunstancia propia de la vida, brindado una estabilidad emocional y corporal. Resulta que en nuestro suelo patrio, las entidades gubernamentales encargadas de establecer el plan anual de las distintas actividades físicas (ejercicios) para la ciudadanía, no llenan las expectativas de la población, generando el incumpliendo de lo establecido en el numeral 25 del artículo 4 del texto único que comprende la Ley 16 de 1995, que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes y la Ley 50 de 2007, y reforma dicha ley, el cual señala que: “regulará la actividad física, gubernamental y profesional del adulto mayor; bajando el nivel de atención integral de la población adulta mayor.

De este modo, comprendemos que una buena salud es una garantía constitucional desde una óptica fundamental y universal, sin importar las edades de las personas que habitan un país (personas de avanzada edad). Por tal motivo, una de las maneras en las que se preserva la vida es a través de las actividades físicas (deportes), producto que previene el exceso de personas con enfermedades no hereditarias en el ser humano.

Los galenos Audelin y Savage han señalado que las personas mayores obtienen los siguientes beneficios producto del ejercicio físico: a) la reducción de la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares en general; b) mediante la disminución y prevención de los factores de riesgo asociados; c) así como mantener un balance nutricional y metabólico más adecuado y, d) reduciendo el riesgo de síndrome metabólico, retrasando la resistencia a la insulina asociada con el envejecimiento por lo que la incidencia de obesidad y diabetes tipo II, entre otras bondades que se obtiene por la práctica de un tipo de deporte (ejercicio).

Por consiguiente, emplear de manera más activa una política deportiva a favor de las personas mayores de edad contribuiría a la reducción de personas con enfermedades y de manera indirecta, con la disminución del monto de la partida presupuestaria empleada para atender el rubro de riesgo de enfermedad nacional. Por último, debemos considerar todas las contribuciones positivas que produce la práctica de un deporte a la mente y al cuerpo humano de las personas de avanzadas de edad y a la población en general, y el impacto económico que tiene para el Estado.