Oligarquía vs. pueblo

El debate del proyecto de ley 163 que modifica la Ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) que concluyó el pasado jueves 13 de marzo con la aprobación en tercer debate del pleno de la Asamblea Nacional, 48 votos a favor y 23 en contra, dejó en evidencia algo más que la legislación, es decir, la correlación de fuerzas políticas en la actualidad nacional.

Disrupción que se extiende a todo el tejido social y político y concurre en el debate por la defensa de la soberanía nacional y del Canal, y la lucha entre anti y prominería “a cielo abierto” [cierre definitivo de la mina de Donoso o su apertura (“abrir para cerrar”)] y demás luchas democráticas por mejores servicios públicos, defensa de una educación de calidad y trabajo digno, etc.

Es probable que la totalidad de la población no esté aún consciente de esta realidad, sin embargo, en la medida en que el gobierno de la plutocracia corrupta y clientelar y antinacional (“gobierno 100 % empresarial”) del presidente José Raúl Mulino Quintero, se divorcia y aleja más y más de los hombres y mujeres de a pie, y exhiba el concubinato escandaloso con el gobierno de Trump, más claro estará en la conciencia nacional el carácter de la lucha que tiene que librar.

Las señales del peligro existencial de la República son claras. Analistas nacionales de reconocida tendencia liberal han señalado que el liderazgo gubernamental de Panamá ha establecido una relación de colusión tóxica con los enemigos estadounidenses del país (“lobbystas”). También han reflejado la deleznable colaboración de la administración Mulino con el propósito de Donald Trump de “recuperar” el Canal.

Adicionalmente, medios de comunicación social internacionales (BBC News, New York Times, etc.) han informado de la presencia militar norteamericana en el territorio panameño y la disposición de Trump de aumentar dicha intervención, conductas lesivas a la independencia y soberanía nacional, que han contado con el silencio cómplice del gobierno colaboracionista de Mulino.

Concluido el proceso de privatización de la CSS (cuentas individuales y administración privada del Fondo General de Reserva), el presidente Mulino, con desafiante autoritarismo, ha anunciado la apertura de la mina de Donoso en violación del fallo de inconstitucionalidad contra el contrato-ley minero.

En síntesis, se trata de una especie de “sunami” de posturas antinacionales y antipopulares que ponen en riesgo la propia existencia de la República.

Toca, pues, al movimiento social, construir la unidad popular (unión de todas las fuerzas democráticas y patrióticas de la nación) para derrotar a la oligarquía vende patria y a las pretensiones imperialistas y colonialistas del “norte revuelto y brutal”.

¡Así de sencilla es la cosa!