Labor del asesor en el Estado

Uno de los escándalos que marcó la gestión del gobierno saliente fue el manejo de los nombramientos y desempeño de asesores contratados en diversas entidades estatales. Aún frescas en la memoria están las imágenes de asesores gubernamentales participando en fiestas y parrilladas durante el confinamiento impuesto por la pandemia de covid-19.

Ha sido práctica común entre muchos funcionarios electos designar a sus allegados como asesores dentro de las entidades gubernamentales, no basándose en méritos y competencias, sino más bien por haber sido activos buscando votos o por recomendación de altos miembros del partido gobernante o empresarios influyentes.

Esto ha derivado en la degeneración de la labor que debe desempeñar el asesor en las entidades del Estado. Mientras no entendamos que, en el complejo andamiaje del sector público, esta figura se erige como pieza fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales, continuaremos viendo escándalos y degradando la función del asesor dentro de la esfera gubernamental.

En este sentido, es importante señalar que la labor del asesor abarca un amplio espectro de competencias y roles que lo convierten en un actor clave para la toma de decisiones estratégicas y la gestión eficiente de las políticas públicas.

El sentido común y la teoría nos indica que el asesor en el Estado debe ser un profesional con amplia formación y experiencia en un área específica del conocimiento, ya sea en leyes, economía, administración, gestión pública, salud, entre otras. Su función principal debe enmarcarse en brindar apoyo técnico y especializado a los altos funcionarios y tomadores de decisiones, con el objetivo de orientar y fortalecer las acciones a favor del bienestar de la población.

Si queremos elevar la vara en el servicio público, es fundamental que los procesos de selección y contratación de asesores se basen en criterios de mérito, experiencia y competencia, dejando atrás las prácticas clientelistas y de recomendación política.

Aunado a ello, es imperativo que el asesor en el Estado cuente con un conjunto de competencias que le permitan abordar los retos y desafíos que demandan la responsabilidad del cargo. Entre las más relevantes destaco: tener un sólido conocimiento técnico, poseer habilidades analíticas y de investigación, contar con excelente capacidad de comunicación, caracterizarse por sus habilidades interpersonales, poseer pensamiento estratégico y, tener pleno compromiso con el servicio público.

Estas competencias le permitirán desempeñar sus funciones eficazmente dentro de las entidades a las cuales haya sido asignado. Estas funciones comprenden, por lo general, asesorar a los directivos de la entidad en la toma de decisiones; elaborar informes y estudios relacionados con su área de competencia; participar en la elaboración de leyes y reglamentos relacionados con la entidad para la cual está contratado; representar al Estado en foros y eventos en donde se discuten temas relacionados con su área de especialización; y, colaborar en la capacitación y formación de los servidores públicos que laboran en las entidades para la cual esté nombrado.

En definitiva, el asesor en el Estado desempeña un rol crucial en el fortalecimiento de las instituciones públicas y en el mejoramiento de la gestión pública. Su labor, basada en la experiencia, el conocimiento y el compromiso, contribuirá a tomar decisiones informadas, formular políticas públicas efectivas y coadyuvar en la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos.

Esperemos que las autoridades electas, rompan con el patrón de los últimos años de nombrar asesores como premio de campaña o, como “botellas”, y se contraten profesionales con vocación de servicio e interés por lograr un mejor país para todos.