La mina, los puertos y el ferrocarril

Los primeros hallazgos de la auditoría que realiza la Contraloría General de la República a Panama Ports Company, de llegar a confirmarse en toda su escandalosa magnitud, justificarán que se escarbe hasta “las últimas consecuencias” y que, eso sería lo saludable, en esta ocasión, investigaciones bien hechas, anulen la posibilidad de los procesos fallidos de los que, recientemente, han dado cuenta los medios de comunicación.

Aparte del escandaloso caso de los puertos, aún está por verse en qué terminarán los de la mina y el ferrocarril, que han sido objeto de concesiones, todas evidentemente desventajosas y contrarias al interés nacional, del que nuestros gobernantes están supuestos a ser celosos guardianes.

En el caso de la mina, después del fallo que declaró inconstitucional el contrato de la concesión, aparte de los retazos noticiosos que hablan de retirada de los arbitrajes o de que todavía no lo han sido, de auditoría que nadie sabe a ciencia cierta en qué consisten o de la venta o no venta del material extraído, todo sigue en un limbo falto de muchas aclaraciones.

La concesión de los puertos, como ha trascendido también, ha sido objeto de demandas de inconstitucionalidad y, de llegar a ocurrir, lo que es muy posible que sea invalidada por un fallo de la Corte, cabría preguntar para que alguien con autoridad oficial lo aclare: ¿en qué quedaría su venta por Hutchison Ports? A lo que habría que agregar la conveniencia de que se interprete, oficialmente, si las declaraciones del principal ejecutivo de BlackRock, la anunciada compradora, de que el proceso de la compra podría extender hasta por otros 9 meses, tiene alguna relación con la decisión de la demanda de inconstitucionalidad.

Las circunstancias anteriores, a la vista del desenlace del tema minero, con un horizonte poblado de nubarrones, aconsejan que nuestras autoridades elaboren una estrategia cónsona con esas realidades y sus eventuales e impredecibles consecuencias. El primer paso en esa estrategia debe ser advertir, tanto a Hutchison como a la eventual compradora, que cualquier operación relacionada con nuestros puertos, por cuanto estos no son parte de otras relaciones contractuales de la concesionaria, no deben ser incluidos en sus negociaciones como si se tratara de un solo paquete comercial.

Así como Panamá no tiene ninguna injerencia en las operaciones portuarias que Hutchinson pueda tener en otras partes del mundo, esta empresa no debe incluir nuestros puertos, que son un patrimonio nacional, en sus andanzas en otras latitudes. Separar esas situaciones serviría para mejor proteger el interés nacional, que debe ser el criterio rector de quienes tienen el deber y la responsabilidad de defenderlo.

Cuando aún están pendientes que se escriban los capítulos finales tanto del tema minero como el de los puertos, los medios han dado cuenta de que la empresa Panamá Railway, concesionaria del ferrocarril transístmico, la traspasará, mediante la figura de la venta de sus acciones a la empresa naviera Maersk, la mayor transportadora mundial de carga, que lo transformaría en el complemento de su negocio, moviendo en ambos sentidos, Panamá-Colón y Colón-Panamá, millones de contenedores, cuyo número actual de 250.000 como mínimo, quintuplicaría con previsibles ganancias multimillonarias que, además, tendría connotaciones monopolísticas.

El ferrocarril transístmico, desde que fue construido, ha sido un patrimonio nacional y debe seguirlo siendo. Haberlo concesionado después de recuperarlo fue una decisión de muy dudosa justificación. Por su importancia complementaria para el Canal, debe seguir estrechamente vinculado a este y lo conveniente y rentable sería su operación por una empresa pública creada para ese fin específico.

Al igual que ocurre con los puertos, Panamá no debe ser espectador en la negociación de un recurso comercial de esa importancia. Si la empresa concesionaria ha tomado la decisión de vender “sus derechos”, la oportunidad debe utilizarse para cerrar ese capítulo y abrir otro completamente diferente. Panamá, como dueña de ese patrimonio nacional, es la que debe decidir su futuro y las condiciones bajo la cuales debe operar, ya sea asumiéndolo directamente como actividad complementaria del Canal y bajo su control, o mediante otros términos concesionales que aseguren el mayor rendimiento para el país y respondan mejor al interés nacional.