Hacia un Estado de derecho

Un verdadero Estado democrático de derecho “es el sistema político que menos favorece la corrupción y es el sistema político que mejor lucha contra la corrupción”.

Durante los últimos cinco años de gobierno, los rectores de los Órganos del Estado repitieron hasta la saciedad: “vivimos en un Estado de derecho”. No cabe duda que pretendían imponernos, como verdad, la apariencia de la realidad, para que olvidásemos,

No olvidemos que, en un Estado de Derecho, todo está regulado en la Ley. Es la Ley y no el funcionario la que determina qué Órgano o funcionario es competente y para qué, cuándo puede y cuándo debe actuar. Es la Ley y no el funcionario la que establece el procedimiento, en qué sentido y a favor de quién. Esa no es la situación que vivimos en Panamá bajo la empresa criminal conjunta que gobernó.

Si entendemos por Estado de derecho, “solo aquel en el cual efectivamente la Ley es la única medida del derecho, y en donde no hay infracción de la Ley que no tenga sanción, pero donde la autoridad puede intervenir para corregir las injusticias sociales y promover el bien público”, no resulta difícil reafirmar que en Panamá, hoy por hoy, digan lo que digan los que permanecieron enseñoreados en el poder, no hay un Estado de derecho. Prueba de lo anterior : 1) la creciente personalización del poder; 2) la cada vez mayor concentración del ejercicio del poder en una sociedad donde el poder no contiene al poder; 3) el aumento del ejercicio irracional del poder; 4) el margen de subjetividad de las autoridades; 5) las facultades discrecionales de las autoridades que ponen en vilo nuestras libertades. Sin olvidar que “allí donde hace la Ley el mismo que la debe hacer cumplir, no existe Estado de derecho”

Las fluctuaciones arbitrarias de la norma que se practicaron, acompañadas de cotidianas tensiones entre gobernantes y gobernados, condujeron a que las convicciones de libertad, dignidad, justicia, seguridad y equidad que deben sustentar a nuestra sociedad, no se les permitió convertirse en conducta y norma de garantía.

Vivimos cinco años en una peligrosa esquizomanía gubernamental, en la que el irrespeto a la dignidad de la persona humana se convirtió en el quehacer cotidiano de los gobernantes, tanto en lo económico, como en lo social y lo político. megaproyectos sin previa planificación, impuestos descomedidos y anticiudadanos, impunidad, nepotismo, conflicto de intereses, prevaricato, pelepolice, armamentismo, extralimitación de funciones, abusos de autoridad, pseudo constitucionalismo, colusión, malversaciones, fraudes, cohecho, sobornos, extorsiones, arreglos, ausencia de transparencia, falta de rendición de cuentas, embriaguez de encuestas, eliminación de controles previos; todo lo cual suma con creces para el fácil predominio de una dictadura “atenuada” por la corrupción, resultado de la violación flagrante de los requisitos más elementales de la racionalidad.

¿Dónde está, entonces, el Estado de derecho? Definitivamente que no está en la quiebra de la racionalidad que vivimos, producto de la ausencia de controles ciudadanos que nos permitan tener un Estado Constitucional Democrático de Derecho.