Feria del Libro: Un espacio para fortalecer la tolerancia y la democracia
- 19/08/2024 14:40
- 19/08/2024 14:37
La democracia nos permiten estar en desacuerdo con una idea, un concepto o no simpatizar con una persona En los últimos 6 días, he escuchado preocupantes argumentaciones sobre los niveles de tolerancia y respeto en la sociedad panameña, provocadas por la presencia de un stand de Cobre Panamá en la Feria del Libro. Analizando lo que ocurrió, estas discusiones me han llevado a reflexionar sobre cómo las reglas de la democracia nos permiten estar en desacuerdo con una idea, un concepto o no simpatizar con una persona, y es un derecho legítimo de quien quiere disentir. Sin embargo, creer que esa persona con la que se disiente no debería tener espacios de existencia son ideas desfasadas en el tiempo y antidemocráticas.
La Feria del Libro busca precisamente promover ideas de autores sobre tantos tópicos como la imaginación alcance, cada uno con una visión desde la perspectiva del autor. No por no coincidir con la visión de los lectores se puede pretender cercenar el mensaje que se comunica a través de las obras. Lo mismo ocurre con quienes tienen un stand o puesto de promoción. Vivimos en una sociedad que busca fortalecer la libertad de expresión y el intercambio de ideas en todos los ámbitos.
Cuando uno empieza a creer que su verdad es absoluta y no tolera las reglas de la democracia, empieza a actuar con irresponsabilidad, creyendo que puede defender su punto de vista con arbitrariedades o ilegalidades. Esto no aporta nada positivo a nuestro país. Promover antagonismos en un espacio destinado a ser un foro de intercambio de ideas y pensamientos es perjudicial. La sociedad requiere información sobre un tema que aún causa controversias, pero no se puede evitar que la empresa proporcione su visión al respecto.
En cuanto al tema específico que se debate, es importante puntualizar que ningún fallo de inconstitucionalidad ha extinguido la existencia de la empresa Cobre Panamá, ni mucho menos se le ha prohibido negociar o plantear su intención de atender los asuntos derivados del cese de operaciones. Por lo tanto, quienes se atribuyen tal derecho deben recordar que están atentando contra la libertad de expresión, la libertad de empresa y se arrogan un derecho que nadie les ha otorgado.
Como ciudadano, quiero tener siempre información de calidad y poder formar mi propio criterio sobre este problema, aún no resuelto. Esto se logra con acceso a la información que, en este caso, la empresa quiera suministrar por medio de su stand.
En un país dividido como el nuestro en muchos temas, es crucial fortalecer la tolerancia y el respeto. Este tipo de comportamientos generan preocupaciones sobre la necesidad de una nueva Constitución, ya que todos somos expertos en señalar al otro, pero rara vez asumimos una labor autocrítica sobre lo que debemos mejorar individualmente.
Así pues, creo firmemente que toda la información que se pueda brindar a la sociedad sobre la mina, su estado y la etapa de cuido y mantenimiento seguro es relevante para la sociedad en general. Es un derecho de la sociedad que no se le puede quitar bajo el pretexto de no compartir la visión sobre la existencia o no de una explotación minera en nuestro país.
Finalmente, en cuanto a lo que la Ley permite o la Constitución regula, basta con recordar que la Constitución establece en el artículo 200, numeral 3: “Son funciones del Consejo de Gabinete: Acordar la celebración de contratos”. Y el artículo 257, numeral 6, indica que pertenecen al Estado: “Las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase, que no podrán ser objeto de apropiación privada, pero podrán ser explotados directamente por el Estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación por empresas privadas. La Ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal.”
En este sentido, también quiero precisar que el fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato minero en ninguna de sus líneas ha impedido a la empresa Cobre Panamá seguir existiendo y continuar con sus responsabilidades en la fase de cuido y mantenimiento seguro. Las demandas de inconstitucionalidad sólo se refieren a la eliminación del contrato de la vida jurídica como fuente de derecho.
Hago un llamado a la sensatez, permitiendo que en el debate de ideas jamás se incentive silenciar a nadie en nuestro país. Aprendamos a convivir pacíficamente, con respeto y tolerancia.
El autor es abogado
En los últimos 6 días, he escuchado preocupantes argumentaciones sobre los niveles de tolerancia y respeto en la sociedad panameña, provocadas por la presencia de un stand de Cobre Panamá en la Feria del Libro. Analizando lo que ocurrió, estas discusiones me han llevado a reflexionar sobre cómo las reglas de la democracia nos permiten estar en desacuerdo con una idea, un concepto o no simpatizar con una persona, y es un derecho legítimo de quien quiere disentir. Sin embargo, creer que esa persona con la que se disiente no debería tener espacios de existencia son ideas desfasadas en el tiempo y antidemocráticas.
La Feria del Libro busca precisamente promover ideas de autores sobre tantos tópicos como la imaginación alcance, cada uno con una visión desde la perspectiva del autor. No por no coincidir con la visión de los lectores se puede pretender cercenar el mensaje que se comunica a través de las obras. Lo mismo ocurre con quienes tienen un stand o puesto de promoción. Vivimos en una sociedad que busca fortalecer la libertad de expresión y el intercambio de ideas en todos los ámbitos.
Cuando uno empieza a creer que su verdad es absoluta y no tolera las reglas de la democracia, empieza a actuar con irresponsabilidad, creyendo que puede defender su punto de vista con arbitrariedades o ilegalidades. Esto no aporta nada positivo a nuestro país. Promover antagonismos en un espacio destinado a ser un foro de intercambio de ideas y pensamientos es perjudicial. La sociedad requiere información sobre un tema que aún causa controversias, pero no se puede evitar que la empresa proporcione su visión al respecto.
En cuanto al tema específico que se debate, es importante puntualizar que ningún fallo de inconstitucionalidad ha extinguido la existencia de la empresa Cobre Panamá, ni mucho menos se le ha prohibido negociar o plantear su intención de atender los asuntos derivados del cese de operaciones. Por lo tanto, quienes se atribuyen tal derecho deben recordar que están atentando contra la libertad de expresión, la libertad de empresa y se arrogan un derecho que nadie les ha otorgado.
Como ciudadano, quiero tener siempre información de calidad y poder formar mi propio criterio sobre este problema, aún no resuelto. Esto se logra con acceso a la información que, en este caso, la empresa quiera suministrar por medio de su stand.
En un país dividido como el nuestro en muchos temas, es crucial fortalecer la tolerancia y el respeto. Este tipo de comportamientos generan preocupaciones sobre la necesidad de una nueva Constitución, ya que todos somos expertos en señalar al otro, pero rara vez asumimos una labor autocrítica sobre lo que debemos mejorar individualmente.
Así pues, creo firmemente que toda la información que se pueda brindar a la sociedad sobre la mina, su estado y la etapa de cuido y mantenimiento seguro es relevante para la sociedad en general. Es un derecho de la sociedad que no se le puede quitar bajo el pretexto de no compartir la visión sobre la existencia o no de una explotación minera en nuestro país.
Finalmente, en cuanto a lo que la Ley permite o la Constitución regula, basta con recordar que la Constitución establece en el artículo 200, numeral 3: “Son funciones del Consejo de Gabinete: Acordar la celebración de contratos”. Y el artículo 257, numeral 6, indica que pertenecen al Estado: “Las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase, que no podrán ser objeto de apropiación privada, pero podrán ser explotados directamente por el Estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación por empresas privadas. La Ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal.”
En este sentido, también quiero precisar que el fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato minero en ninguna de sus líneas ha impedido a la empresa Cobre Panamá seguir existiendo y continuar con sus responsabilidades en la fase de cuido y mantenimiento seguro. Las demandas de inconstitucionalidad sólo se refieren a la eliminación del contrato de la vida jurídica como fuente de derecho.
Hago un llamado a la sensatez, permitiendo que en el debate de ideas jamás se incentive silenciar a nadie en nuestro país. Aprendamos a convivir pacíficamente, con respeto y tolerancia.