Exoneraciones que se pagan con paramétricas

Los premios nobel de economía 2024, Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James Robinson fueron condecorados por sus estudios sobre cómo las instituciones se forman y afectan la prosperidad.

En su libro Por qué fracasan los países mencionan que las instituciones políticas y económicas extractivistas crean una tendencia general de luchas internas, porque conducen a la concentración de la riqueza y poder en manos de una reducida élite.

Nuestra nación comparte trayectorias previsibles, hasta revolucionarias, al igual que otras sociedades humanas, donde el denominador común ha sido la gran brecha entre ricos y pobres, aunado a que las políticas económicas son extractivistas y no están alineadas con el bien común del ciudadano.

Impresiona que las revoluciones panameñas no han cambiado las cosas para la gran mayoría de los ciudadanos, porque quienes las organizaron se limitaron a arrebatar las riendas a los que las tenían antes de ellos y replican el mismo sistema. Ahora la cruzada civilista quiere silenciar las voces del pueblo y no entrega los informes actuariales de las reformas al Seguro.

En los últimos días, el centro de la atención de la ciudadanía se ha enfocado en la contramayoritaria propuesta de modificación a la ley del Seguro Social hecha por la Alianza para salvar al sistema financiero no productivo de Panamá, y así evitar los gravámenes exigidos a los distintos tipos de renta ante el gran déficit fiscal.

Lo triste es que es un anteproyecto que exonera el impuesto de las concesiones de fibra óptica para pagarlo con el aumento de la edad de jubilación de las panameñas y los panameños, elimina transitoriamente el problema de la liquidez gubernamental con deuda, pero debilita enormemente la confianza panameña por atentar contra la seguridad jurídica por las expropiaciones de ahorros pensionales y de la Ciudad de la Salud para entregárselas a terceros.

Muchos podrían decir que en el primer debate del anteproyecto de ley 163 se está recreando la lucha entre el establishment panameño y la democracia, o entre una minoría que defiende su predominio real y una muchedumbre que no quiere ser encadenada. Muchos podrán decir que ante los ojos de la nación se está librando una batalla de clases sociales por quienes deben pagar el déficit fiscal, y como la historia lo ha demostrado en Panamá: las revoluciones se inician cuando la dictadura de la minoría prefiere la solución autoritaria de cuestiones trascendentales.

El manejo de la cuota obrero-patronal de los funcionarios públicos por entes privados, no es más que socializar el riesgo y privatizar los beneficios sin ninguna injerencia de los asegurados en las decisiones de las directivas de las administradoras de fondos de pensiones. Es como si el Estado expropiara tierras a colonos panameños y se las regalaran a terratenientes o transnacionales sin que se tribute ni saquen beneficios reales a las mismas.

Desde tiempos bíblicos sabemos que nadie puede servir a dos amos (Mateo 6, 24) y es propicio recordar la panacea publicada en 1970 en The New York Times por parte del premio nobel de economía Milton Friedman: el único fin de una empresa es ganar dinero para sus accionistas. El único fin y responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones es con sus accionistas y no con la protección a la vejez de los muchos panameños que les descuentan religiosamente todas las quincenas el seguro social.

La economía panameña actual está en cuidados intensivos y es el reflejo de cómo el sector privado es gobernado por sus accionistas, y recordemos que el enemigo de la competencia son los intereses creados. La única solución viable para el rescate de la seguridad social panameña debe empezar por equilibrar de nuevo los intereses en los que se deposita legalmente el poder de control y alejar los intereses del sistema financiero no productivo, el clientelismo político y proveedores del Seguro Social de las modificaciones de la ley de seguridad social panameña.