El pueblo se prepara
- 11/07/2024 23:00
- 11/07/2024 11:02
El tema migratorio es grave, se denuncia violación de normas internacionales de derechos humanos de los migrantes. Al igual que su antecesor, Mulino tiene una conducta sumisa frente a los intereses estadounidense [...] Continúan los problemas para la mayoría de la población. El pueblo panameño no soporta más el galopante incremento de los precios de los alimentos, las carnes, verduras y vegetales son los que más han aumentado. El costo de la canasta básica de alimentos ronda los 350.00 balboas mensuales. A ello se agrega el incremento de las tarifas de los servicios del hogar como agua, luz y comunicación, y el alquiler de la vivienda, sumado al alto precio de los medicamentos. El gobierno no ha visto este tema como prioritario, no es contundente en anunciar qué medidas se adoptarán para enfrentar este problema.
Este elevado costo de vida ha profundizado el deterioro del poder de compra con los salarios de obreros y profesionales. El desempleo alcanza niveles alarmantes. No se vislumbra solución alguna por parte del gobierno, ni de la empresa privada. La desigualdad social aumenta en el país.
Por otro lado, sectores comunitarios siguen en las calles por el tema de la falta de agua potable. Pero la preocupación de las autoridades esta centrada en llevar adelante los embalses en río Indio, sin consulta a los campesinos que residen en el área, quienes serán afectados por el desplazamiento, aunado a daños ambientales.
Frente a este tema, la ACP sigue su conducta de manejarse como un enclave, decidiendo que esta es la respuesta para la operación del canal y como añadidura para consumo humano. Estas comunidades enfrentan la conducta de quienes venden el proyecto como la única solución, y por ende, dan por hecho el proyecto. Como sucede en este tipo de proyecto, ya se denuncia a inescrupulosos que han forzado a los campesinos a vender sus tierras con intenciones especulativas de hacerse de indemnización. Como hemos señalado si bien es importante el canal, este no puede estar por encima de la vida de los panameños.
El tema migratorio es grave, se denuncia violación de normas internacionales de derechos humanos de los migrantes. Al igual que su antecesor, Mulino tiene una conducta sumisa frente a los intereses estadounidense en esta materia, se desconoce el alcance del acuerdo firmado el 1 de julio.
El gobierno proempresarial de Mulino insiste en imponer el aumento de edad para jubilarse a hombres y mujeres, reducir pensiones y a solicitud de los empresarios establecer cuentas individuales a la seguridad social. Aunado a ello, continuar el proyecto minero y seguir con un canal divorciado del desarrollo nacional.
En la Asamblea Nacional no escampa, todo el escándalo por cómo se eligió su junta directiva, los camarones personalísimos que algunos han querido aprobar, los cuestionamientos a la integración de las comisiones, sumado a los miles de dólares que cobrarán alguno de ellos en concepto del financiamiento público postelectoral. Y el pueblo sigue pasando vicisitudes.
Este 8 de julio se conmemoró 14 años de la masacre de Changuinola, bajo el binomio del gobierno Martinelli-Varela, donde Mulino era ministro de seguridad. Se recrudecía la reprensión, el pueblo luchaba contra la Ley Chorizo (Ley 30) impuesta por Martinelli con el apoyo de una Asamblea mayoritariamente panameñista. Dicha ley, inicialmente una ley sobre aviación para favorecer intereses del poder económico abordaba otros temas sin ninguna relación como la eliminación de la cuota sindical, conculcaba el derecho a huelga y a sindicación, anulaba los estudios de impacto ambiental y concedía licencia para matar a los policías. La represión dejó a cientos de detenidos, lisiados de la vista y se reportaron al menos seis muertos. Seguimos exigiendo justicia, que estos crímenes no queden en la impunidad ni en el olvido.
La lucha del pueblo humilde y trabajador sigue, levantamos organización, caminamos en la construcción de la unidad y seguimos luchando por vida digna.
Conusi - Frenadeso
Continúan los problemas para la mayoría de la población. El pueblo panameño no soporta más el galopante incremento de los precios de los alimentos, las carnes, verduras y vegetales son los que más han aumentado. El costo de la canasta básica de alimentos ronda los 350.00 balboas mensuales. A ello se agrega el incremento de las tarifas de los servicios del hogar como agua, luz y comunicación, y el alquiler de la vivienda, sumado al alto precio de los medicamentos. El gobierno no ha visto este tema como prioritario, no es contundente en anunciar qué medidas se adoptarán para enfrentar este problema.
Este elevado costo de vida ha profundizado el deterioro del poder de compra con los salarios de obreros y profesionales. El desempleo alcanza niveles alarmantes. No se vislumbra solución alguna por parte del gobierno, ni de la empresa privada. La desigualdad social aumenta en el país.
Por otro lado, sectores comunitarios siguen en las calles por el tema de la falta de agua potable. Pero la preocupación de las autoridades esta centrada en llevar adelante los embalses en río Indio, sin consulta a los campesinos que residen en el área, quienes serán afectados por el desplazamiento, aunado a daños ambientales.
Frente a este tema, la ACP sigue su conducta de manejarse como un enclave, decidiendo que esta es la respuesta para la operación del canal y como añadidura para consumo humano. Estas comunidades enfrentan la conducta de quienes venden el proyecto como la única solución, y por ende, dan por hecho el proyecto. Como sucede en este tipo de proyecto, ya se denuncia a inescrupulosos que han forzado a los campesinos a vender sus tierras con intenciones especulativas de hacerse de indemnización. Como hemos señalado si bien es importante el canal, este no puede estar por encima de la vida de los panameños.
El tema migratorio es grave, se denuncia violación de normas internacionales de derechos humanos de los migrantes. Al igual que su antecesor, Mulino tiene una conducta sumisa frente a los intereses estadounidense en esta materia, se desconoce el alcance del acuerdo firmado el 1 de julio.
El gobierno proempresarial de Mulino insiste en imponer el aumento de edad para jubilarse a hombres y mujeres, reducir pensiones y a solicitud de los empresarios establecer cuentas individuales a la seguridad social. Aunado a ello, continuar el proyecto minero y seguir con un canal divorciado del desarrollo nacional.
En la Asamblea Nacional no escampa, todo el escándalo por cómo se eligió su junta directiva, los camarones personalísimos que algunos han querido aprobar, los cuestionamientos a la integración de las comisiones, sumado a los miles de dólares que cobrarán alguno de ellos en concepto del financiamiento público postelectoral. Y el pueblo sigue pasando vicisitudes.
Este 8 de julio se conmemoró 14 años de la masacre de Changuinola, bajo el binomio del gobierno Martinelli-Varela, donde Mulino era ministro de seguridad. Se recrudecía la reprensión, el pueblo luchaba contra la Ley Chorizo (Ley 30) impuesta por Martinelli con el apoyo de una Asamblea mayoritariamente panameñista. Dicha ley, inicialmente una ley sobre aviación para favorecer intereses del poder económico abordaba otros temas sin ninguna relación como la eliminación de la cuota sindical, conculcaba el derecho a huelga y a sindicación, anulaba los estudios de impacto ambiental y concedía licencia para matar a los policías. La represión dejó a cientos de detenidos, lisiados de la vista y se reportaron al menos seis muertos. Seguimos exigiendo justicia, que estos crímenes no queden en la impunidad ni en el olvido.
La lucha del pueblo humilde y trabajador sigue, levantamos organización, caminamos en la construcción de la unidad y seguimos luchando por vida digna.