El Gobierno, un mal necesario
- 28/12/2024 00:00
- 27/12/2024 18:59
El papel del gobierno comienza con la intención, especialmente en lo económico y social. ¿La intención a qué? Es cierto que nunca habrá condiciones absolutas de igualdad, pero debe quedar claro que las situaciones exageradas de riqueza no solo facilitan que algunos de los integrantes de la sociedad tengan una vida más placentera que los demás, sino que también permita que los poderosos influyan de forma injusta en la orientación que acojan la sociedad y la política. Se puede decir que en este contexto radica la inmoralidad primordial del gobierno. Es importante que se comprenda que el rol del gobierno radica en poder ayudar a aquellos que no son capaces de ayudarse a sí mismos, brindar protección a los sectores vulnerables y buscar una debida redistribución de los ingresos, aunque sea por la vía de la creación de normas que traten con ecuanimidad a las personas del diario caminar. Lo que hemos vivido en la nueva democracia, desde 1990 a la fecha, es exactamente lo contrario, la descomunal disconformidad en lo que respecta a la riqueza, terminan haciendo justamente lo inverso. Como diría alguien por ahí: son los ricos y los poderosos los que ganan con la ley de la selva.
No existe la menor duda de que el ente más selecto para la operación reunida y combinada es el gobierno, aun cuando se debe tener presente que existen personas y colectivos que pueden recurrir a los mismos poderes que posibilitan al gobierno para optimar el bienestar de la sociedad y alcanzar sus beneficios a expensas de otros. En la jerga social a esto se le conoce como “fallos del gobierno”. El problema radica en cómo asegurarnos que las intenciones del gobierno sirvan a los verdaderos intereses de la sociedad. En lo primero que debe trabajarse es en la famosa conquista o trofeo (un término poco usual), lo cual tiene que ver en cómo personas y empresas del sector privado usan sus recursos para incidir e influir en el logro de favores para sus intereses, otorgados por el gobierno. Se debe dar seguimiento para lograr evitar todo acto que posibilite estas acciones, al igual que crear reglas que dificulten esta posibilidad.
Es necesario crear restricciones y regulaciones que permitan que el mercado funcione adecuadamente, aunque los fallos del mercado también existen. La historia se ha encargado de demostrar que los mercados desregulados no son ni eficientes ni estables, por consiguiente, no conducen a mejorar el crecimiento económico ni mucho menos el bienestar de todos. Los mercados deben estar estructurados y regulados mediante normas que no permitan que un grupo se aproveche de otros, ni mucho menos le genere costos excesivos. Además, se deben tomar en cuenta aquellas acciones que los mercados por sí solos no producen, como es el caso del cuidado al medio ambiente, la inversión en educación e innovación y seguridad.
Continuando en la misma línea, es importante que la sociedad comprenda que nunca podemos depender en toda la extensión del abastecimiento privado de un bien público; si esto pasa, ese bien escaseará, especialmente porque las empresas solo piensan en su propio bienestar, en sus propias ganancias, sin importar el logro de los beneficios más amplios de la sociedad. De esto se desprende que el bien más distinguido, o uno de los bienes más relevantes, es un gobierno eficiente y equitativo, ya que todos obtendrían beneficio de él. De esto se despega que el problema no reside en la economía, sino más bien en el esquema político, el cual es impulsado por el dinero, cuya fuente radica en las finanzas, las cuales gozan de un inexcusablemente gran poder político.
Además, debemos comprender que nuestro sistema económico no puede funcionar si no hay confianza, pero especialmente debe estar revestido de una excelente conciencia ética, que tiene su base en no solo pensar en lucrarse. La confianza solo existe si el sistema político es justo y nuestros gobernantes no actúan para sí mismos. Debe quedar claro que nada destruye más la confianza que la falsedad y la diferencia entre lo que prometen y hacen los gobernantes. La sociedad política ha creado un sistema en que las desigualdades ante la justicia parecen tan grandes como las desigualdades en ingresos, poder y riqueza. La justicia que tarde demasiado no es justicia.
El gobierno termina siendo una de las formas más notables de trabajo conjunto, en especial debido a que la discrepancia que existe entre él y otras formas de participación y colaboración es su poder coercitivo. El gobierno debe renunciar al apoyo de los famosos buscadores de renta, ya que ellos favorecen un menor crecimiento y una mayor injusticia social, lo cual a su vez confirma los vacíos existentes en la legislación en favor de un sistema de transparencia ineficaz, respaldado por el gobierno.
Una pregunta nos ayudará un poco más: ¿Qué hemos tenido durante los últimos 34 años? Una economía que ha crecido, probablemente como ninguna otra en la región, pero que a la vez no ha generado oportunidades, no ha mejorado la desigualdad existente, ha traído una ansiedad creciente, poco empleo, y lo peor, una sociedad fraccionada. Tenemos una política que sufre una parálisis, que está inmersa en un atolladero, debido especialmente a que el modelo utilizado no ha podido resolver, y lo peor, no ha conducido a una prosperidad compartida. En pocas palabras, se debe caminar hacia la recuperación de un crecimiento equitativo y justicia social, que abra paso a una mejor calidad de vida, para lo cual es necesario un esfuerzo colectivo, con un gobierno más decidido, que no restrinja a la sociedad y libere el convivir, de acuerdo con nuestro potencial.
Finalmente, debe quedar claro que ningún sistema político, dentro del contexto democrático, puede lograr alcanzar lo que se desea socialmente, cuando la brecha económica es exagerada. Es prudente combatir la distopía existente, construyendo una sociedad más equitativa, que no produzca excesiva concentración de poder, para lo cual el primer paso es poder frenar el poder del dinero en nuestras vidas, lo cual conduce de manera directa a frenar la autoridad del patrimonio en la vida política de la sociedad.