Dos visiones opuestas sobre las pensiones
- 02/12/2024 00:00
- 01/12/2024 18:47
Es evidente que el incremento en la edad de jubilación constituye un costo real y tangible para los asegurados, pese a que el señor Mulino haya dicho que jubilarse tres años más tarde no es el fin del mundo Actualmente solo quedan dos enfoques para intentar resolver el problema del sistema de pensiones. Por una parte, está la posición gubernamental, que apunta hacia la privatización, las cuentas individuales y la desnacionalización del ahorro nacional constituidos por las reservas de la CSS. En una posición diferente se encuentra la opción desarrollada por la Universidad de Panamá, que entiende la seguridad social como un derecho humano esencial, propone la vuelta al sistema solidario y plantea como generar una base financiera estable y sostenida en el tiempo para este fin, sin tener que sacrificar a la población con medidas paramétricas.
De acuerdo a las medidas paramétricas propuestas, esto es la elevación de la edad de jubilación a 60 años para las mujeres y a 65 años para los hombres (tres años más para todos), junto al incremento de la cuota patronal en 3 puntos porcentuales, constituye un plan con sacrificio compartido. Se trata de un argumento falso.
Es evidente que el incremento en la edad de jubilación constituye un costo real y tangible para los asegurados, pese a que el señor Mulino haya dicho que jubilarse tres años más tarde no es el fin del mundo. Para los que no lograrán sobrevivir tres años, de hecho, lo es: simplemente nunca podrán gozar de una pensión. Para alguien que sobrevive esos tres años y que debería recibir una pensión de B/. 700.0 mensuales, el costo es de B/. 25,000.0, más el costo físico y mental de tres años más de trabajo.
Además, se trata de un costo que va a impactar principalmente a las personas de un estatus socioeconómico vulnerable, quienes, como se conoce, tienen una menor expectativa de vida. Un estudio realizado por la revista Lancet (2019), mostró que la diferencia de sobrevivencia (esperanza de vida) en la Ciudad de Panamá es 10.9 años superior para los hombres de mayor estatus socioeconómico en relación a los de menor estatus socioeconómico, en el caso de las mujeres la brecha es de 9.4 años.
También es cierto que, a diferencia, de lo que afirma el señor Mulino, el alza de los tres puntos porcentuales en la cuota patronal, el impacto de esta afectará principalmente a la población. Es evidente que para los empresarios este incremento será interpretado como un incremento en los costos, el cual será trasladado a los precios que deberá pagar la población por los bienes y servicios. Se trata de lo que se puede calificar de un impuesto inflacionario, que, además, va a generar un efecto cascada. A final de cuenta quien paga es la población.
Se debe agregar, como es sabido, que el artículo 65 del proyecto de Ley 163 significa la posibilidad del manejo de los fondos de la CSS por parte de los privados, es decir una forma de privatización. Este artículo también genera la posibilidad que hasta el 90.0% de los fondos de la CSS se inviertan en el exterior y no en promover el desarrollo nacional sostenible y la generación de empleo decente. Se trata de una concepción totalmente inaceptable para una institución como es la Universidad de Panamá, que se define como la conciencia crítica de la nación.
A lo anterior se debe agregar que la propuesta gubernamental significa llevar a todos los asegurados a cuentas individuales, las cuales carecen de un manejo solidario, ya que todos los riesgos pasan a ser individuales: riesgo financiero de la tasa de interés y el valor de los activos; riesgo de desempleo e informalidad; riesgo de enfermedad que no permite cotizar durante algún tiempo; riesgo de longevidad, ente otros. El destino final son pensiones de miseria.
La llamada solidaridad se reduce a un programa de B/. 144.0, que además de ser una pensión de miseria, resulta politizado y financiado en última instancia por los sectores medios y los trabajadores, que son los que realmente pagan impuestos en el país.
Teniendo en cuenta todo lo anterior resulta evidente que la propuesta de la Universidad de Panamá supera con creces al proyecto 163. En efecto, como queda claro en el documento Sistemas de Pensiones: Hacia una Solución, la propuesta académica se propone volver a darle un carácter solidario, respetando el derecho humano a la seguridad social, al modelo de pensiones, eliminando la idea de las cuentas individuales. Así mismo, propone no cargar el costo sobre los asegurados con medidas paramétricas
Finalmente muestra que con solo reducir la relación evasión PIB en 1.5 puntos porcentuales, eliminar la evasión referida a los trabajadores informales de las empresas formales, elevar la rentabilidad de la CSS en 2.0 puntos porcentuales, reducir la informalidad pura en 10.0% y mejorar levemente la distribución funcional de los ingresos, es más que posible darle una base sana y sostenible al modelo solidario.
Resulta evidente que, si bien el proyecto 163 promueve los intereses de los sectores económicamente dominantes, el mismo es contradictorio con los intereses de la población. La solución esta en los conceptos de la Universidad de Panamá.
Actualmente solo quedan dos enfoques para intentar resolver el problema del sistema de pensiones. Por una parte, está la posición gubernamental, que apunta hacia la privatización, las cuentas individuales y la desnacionalización del ahorro nacional constituidos por las reservas de la CSS. En una posición diferente se encuentra la opción desarrollada por la Universidad de Panamá, que entiende la seguridad social como un derecho humano esencial, propone la vuelta al sistema solidario y plantea como generar una base financiera estable y sostenida en el tiempo para este fin, sin tener que sacrificar a la población con medidas paramétricas.
De acuerdo a las medidas paramétricas propuestas, esto es la elevación de la edad de jubilación a 60 años para las mujeres y a 65 años para los hombres (tres años más para todos), junto al incremento de la cuota patronal en 3 puntos porcentuales, constituye un plan con sacrificio compartido. Se trata de un argumento falso.
Es evidente que el incremento en la edad de jubilación constituye un costo real y tangible para los asegurados, pese a que el señor Mulino haya dicho que jubilarse tres años más tarde no es el fin del mundo. Para los que no lograrán sobrevivir tres años, de hecho, lo es: simplemente nunca podrán gozar de una pensión. Para alguien que sobrevive esos tres años y que debería recibir una pensión de B/. 700.0 mensuales, el costo es de B/. 25,000.0, más el costo físico y mental de tres años más de trabajo.
Además, se trata de un costo que va a impactar principalmente a las personas de un estatus socioeconómico vulnerable, quienes, como se conoce, tienen una menor expectativa de vida. Un estudio realizado por la revista Lancet (2019), mostró que la diferencia de sobrevivencia (esperanza de vida) en la Ciudad de Panamá es 10.9 años superior para los hombres de mayor estatus socioeconómico en relación a los de menor estatus socioeconómico, en el caso de las mujeres la brecha es de 9.4 años.
También es cierto que, a diferencia, de lo que afirma el señor Mulino, el alza de los tres puntos porcentuales en la cuota patronal, el impacto de esta afectará principalmente a la población. Es evidente que para los empresarios este incremento será interpretado como un incremento en los costos, el cual será trasladado a los precios que deberá pagar la población por los bienes y servicios. Se trata de lo que se puede calificar de un impuesto inflacionario, que, además, va a generar un efecto cascada. A final de cuenta quien paga es la población.
Se debe agregar, como es sabido, que el artículo 65 del proyecto de Ley 163 significa la posibilidad del manejo de los fondos de la CSS por parte de los privados, es decir una forma de privatización. Este artículo también genera la posibilidad que hasta el 90.0% de los fondos de la CSS se inviertan en el exterior y no en promover el desarrollo nacional sostenible y la generación de empleo decente. Se trata de una concepción totalmente inaceptable para una institución como es la Universidad de Panamá, que se define como la conciencia crítica de la nación.
A lo anterior se debe agregar que la propuesta gubernamental significa llevar a todos los asegurados a cuentas individuales, las cuales carecen de un manejo solidario, ya que todos los riesgos pasan a ser individuales: riesgo financiero de la tasa de interés y el valor de los activos; riesgo de desempleo e informalidad; riesgo de enfermedad que no permite cotizar durante algún tiempo; riesgo de longevidad, ente otros. El destino final son pensiones de miseria.
La llamada solidaridad se reduce a un programa de B/. 144.0, que además de ser una pensión de miseria, resulta politizado y financiado en última instancia por los sectores medios y los trabajadores, que son los que realmente pagan impuestos en el país.
Teniendo en cuenta todo lo anterior resulta evidente que la propuesta de la Universidad de Panamá supera con creces al proyecto 163. En efecto, como queda claro en el documento Sistemas de Pensiones: Hacia una Solución, la propuesta académica se propone volver a darle un carácter solidario, respetando el derecho humano a la seguridad social, al modelo de pensiones, eliminando la idea de las cuentas individuales. Así mismo, propone no cargar el costo sobre los asegurados con medidas paramétricas
Finalmente muestra que con solo reducir la relación evasión PIB en 1.5 puntos porcentuales, eliminar la evasión referida a los trabajadores informales de las empresas formales, elevar la rentabilidad de la CSS en 2.0 puntos porcentuales, reducir la informalidad pura en 10.0% y mejorar levemente la distribución funcional de los ingresos, es más que posible darle una base sana y sostenible al modelo solidario.
Resulta evidente que, si bien el proyecto 163 promueve los intereses de los sectores económicamente dominantes, el mismo es contradictorio con los intereses de la población. La solución esta en los conceptos de la Universidad de Panamá.