Desigualdad social aumenta en Panamá

Ni el gobierno saliente ni el entrante se han referido al incremento de la desigualdad en el país, ocupando Panamá el cuarto lugar a nivel mundial.

A pesar de que los panameños atraviesan por condiciones precarias de vida, que se evidencian en la alta informalidad laboral y bajos salarios; incremento de los precios de alimentos, medicamentos y servicios básicos (agua, luz, comunicación, transporte), insisten en reducción y eliminación de subsidios a las familias, despido de funcionarios públicos (15-25%), aumento de impuestos (ITBMS), recortes al presupuesto social (salud y educación), aumento de la edad de jubilación a hombres y mujeres (65 años) y disminución del monto de pensiones (37%), privatización del agua y recolección de la basura, entre otras medidas lesivas al pueblo humilde y trabajador.

La realidad social es grave, las desigualdades repercuten en la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos, se están coartando los derechos humanos de las mayorías. Se profundiza la inequidad y la falta de justicia social.

El problema es el modelo transitista rentista, concentrador de riqueza en pocas manos, actividades económicas y regiones; la falta de políticas públicas apropiadas para enfrentar la enorme injusticia social que se acrecienta ante un crecimiento económico con pobreza, que ha propiciado la desigualdad. A ello se le suma la creciente corrupción de todos los gobiernos.

También es causa de desigualdad la falta de progresividad del sistema impositivo, en Panamá somos los asalariados los que cargamos con los impuestos. La evasión fiscal es alta, se estima en 7,500.00 millones de balboas anuales; A ello hay que sumar los incentivos fiscales que otorgan a grandes empresas nacionales e internacionales. Sin embargo, quienes han regentado la DGI- MEF no atienden el problema, tampoco las autoridades que ingresarán el 1 de julio han emitido opinión sobre cómo detendrán la enorme evasión fiscal. La política tributaria en el país está dirigida a favorecer a quienes concentran la riqueza del país, hoy menos de 115 ultra millonarios. Los grupos dominantes imponen sus intereses sobre el régimen fiscal y los demás sectores y moldean la institucionalidad tributaria. Al final es el pueblo trabajador el que paga impuestos.

El otro detonante de la desigualdad es la enorme deuda pública del país, cuyo uso se desconoce. La deuda pública de Panamá cerró en abril último con 50,541.59 millones de dólares. La deuda pública, y en ello la deuda externa se ha convertido durante los últimos años en uno de los obstáculos a la recuperación económica del país, a tal punto que el manejo de la misma ha influido en la formulación y ejecución de la política económica que desde 1979, y más concretamente desde 1983, se implementa en Panamá, y cuyo objetivo fundamental es el de servir la deuda externa en claro detrimento de los sectores productivos y sociales. El gobierno entrante ha señalado el reconocimiento de la misma y las directrices que imponen las instituciones financieras internacionales.

En las últimas décadas Panamá da cuenta de políticas públicas totalmente alejadas del marco de derechos y de las necesidades básicas tan vitales de la población. La realidad panameña demuestra la gran brecha, que sigue ampliándose, existente entre un enfoque de derechos y su operacionalización en políticas concretas que favorezcan la vida digna. Las medidas neoliberales que se ejecutan en el país cada vez intentan desmantelar con mayor fuerza los derechos humanos, recortar la inversión social, lo que genera mayor inequidad social.

El gobierno que iniciará en los próximos meses no avizora ningún cambio en la política económica y social, por el contrario, se ha expresado como un gobierno empresarial.

La desigualdad crea importantes obstáculos para el desarrollo nacional y social, es necesario la incorporación de un enfoque de derechos en las políticas sociales, no es una opción de política pública más, que los países pueden optar por dar cumplimiento, esta es una obligación jurídica asumida por Panamá a través de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales.