Darién: migrantes, derechos humanos y crimen organizado
- 23/07/2024 23:00
- 23/07/2024 12:57
La única forma que tiene el estado panameño de proteger a los migrantes, mitigar el impacto al ecosistema y proteger a los pobladores históricos de ser contaminados por la cultura del crimen es tomando el control de su frontera y decidiendo la ruta hacia el lugar de acogimiento establecido La reciente declaración del presidente, José Raúl Mulino, en torno a la inviabilidad jurídica de deportar a los migrantes irregulares, no debe interpretarse como un desistimiento del Estado panameño de ejercer su jurisdicción sobre la totalidad de la provincia del Darién. El pronunciamiento oportuno significa que Panamá no criminaliza a los inmigrantes irregulares y que sus acciones se regirán por los convenios internacionales suscritos, la Constitución y la ley.
Tres son los objetivos relativos a los derechos humanos que debemos cumplir en Darién: Primero, garantizar la seguridad y la dignidad de los inmigrantes de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por Panamá. Segundo, guiados por los Principios Marcos Sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, evitar que el tráfico desordenado cause daños irreparables al ecosistema . Tercero, salvaguardar las formas de reproducción vital, tradiciones y cultura de sus poblaciones en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y los Convenios relativos a los pueblos indígenas suscritos por nuestro país.
Las organizaciones y personalidades que han criticado la medida omiten decir que, los diversos pasos fronterizos por donde ingresaban los inmigrantes, son determinados por el grupo criminal que controla el tráfico. Un breve resumen acerca de cómo opera el tráfico resulta ilustrativo para entender la complejidad del problema.
Según publica InSigth Crimen, fundación dedicada al estudio de las principales amenazas a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, las AGC, (Auto defensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo o Urabaeños) controlan el tráfico ilícito de personas en la frontera, cito:
“Tras la detención de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien fungía como máximo comandante de la organización, las AGC han comenzado una lenta transformación de su estructura, antes organizada por un comando central y ahora dividida en células con mayor independencia que han buscado incrementar su participación en otras rentas criminales. En este caso, el tráfico de migrantes en el Darién, entre 2022 y 2023, los migrantes pagaban hasta US$440 por ser transportados desde Necoclí, un municipio ubicado en el golfo de Urabá, hasta Carreto, una localidad panameña al otro lado de la frontera. En otros casos, los migrantes pagaban entre US$310 a US$350 por llegar desde Necoclí hasta Acandí o Capurganá, en Chocó, cerca de la frontera con Panamá.
“En la práctica, los Gaitanistas son quienes concesionan el movimiento de migrantes a través del Darién”. Las AGC cobran un impuesto del 20% a guías y comunidades que se encargan de conducir a los migrantes a través de la selva. Ya que los precios parecen haber aumentado, las AGC estarían recibiendo cerca de 125 dólares por cada migrante que atraviesa el Darién, de acuerdo con Pappier, dejándoles una ganancia estimada de 57 millones de dólares al año.”
Como ha sido informado por los propios migrantes y organizaciones de derechos humanos los riesgos del tránsito incluyen violaciones, robos; en algunos casos, migrantes mujeres aceptan pagar con servicios sexuales y hombres son obligados a cargar droga para continuar la travesía.
Queda claro que se trata del tráfico de personas controlado por una organización criminal que lucra de la desesperación de miles de seres humanos. Los gaitanistas controlan directa o indirectamente toda la actividad asociada, servicio de guías, transporte fluvial y marítimo hasta el abastecimiento de productos necesarios para la travesía.
Cualquier persona mínimamente informada entiende que, el establecimiento de rutas de tránsito por las que transitan decenas de miles de personas, tiende a convertirse en centro de actividad económica por la demanda de servicios y que, el tránsito prolongado termina por impactar en las formas de vida de las poblaciones afectadas. En la selva, son nuestros compatriotas los contratados para el transporte fluvial, como guías terrestres, los que brindan posada, venden productos, todo asociado al tráfico ilegal de seres humanos. La cultura de una sociedad es resultado de las formas económico sociales de producción y reproducción de la vida. Asociados a actividades comerciales y de servicio de origen criminal, existe el peligro de un cambio en su visión del mundo y en su relación con la naturaleza.
Más de un millón de personas han atravesado, sin ningún tipo de control, el Parque Natural del Darién (Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biosfera) durante los últimos cuatro años; no hay reserva en el mundo que resista el impacto de toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos no degradables que va albergando la selva y las fuentes de agua. Darién es importante para Panamá y el mundo, como selva húmeda tropical su ecosistema cumple funciones reguladoras de la temperatura global, absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono, estabiliza los patrones lluvia manteniendo el ciclo del agua.
Resulta un sin sentido pedirle a Panamá dejar abiertos todos los pasos que determine el Clan del Golfo y además garantizar la seguridad de los migrantes pues, es operativamente inviable asignar personal y recursos siendo el adversario criminal el que establece las necesidades operacionales.
La única forma que tiene el estado panameño de proteger a los migrantes, mitigar el impacto al ecosistema y proteger a los pobladores históricos de ser contaminados por la cultura del crimen es tomando el control de su frontera y decidiendo la ruta hacia el lugar de acogimiento establecido.
El autor es profesor universitario
La reciente declaración del presidente, José Raúl Mulino, en torno a la inviabilidad jurídica de deportar a los migrantes irregulares, no debe interpretarse como un desistimiento del Estado panameño de ejercer su jurisdicción sobre la totalidad de la provincia del Darién. El pronunciamiento oportuno significa que Panamá no criminaliza a los inmigrantes irregulares y que sus acciones se regirán por los convenios internacionales suscritos, la Constitución y la ley.
Tres son los objetivos relativos a los derechos humanos que debemos cumplir en Darién: Primero, garantizar la seguridad y la dignidad de los inmigrantes de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por Panamá. Segundo, guiados por los Principios Marcos Sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, evitar que el tráfico desordenado cause daños irreparables al ecosistema . Tercero, salvaguardar las formas de reproducción vital, tradiciones y cultura de sus poblaciones en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y los Convenios relativos a los pueblos indígenas suscritos por nuestro país.
Las organizaciones y personalidades que han criticado la medida omiten decir que, los diversos pasos fronterizos por donde ingresaban los inmigrantes, son determinados por el grupo criminal que controla el tráfico. Un breve resumen acerca de cómo opera el tráfico resulta ilustrativo para entender la complejidad del problema.
Según publica InSigth Crimen, fundación dedicada al estudio de las principales amenazas a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, las AGC, (Auto defensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo o Urabaeños) controlan el tráfico ilícito de personas en la frontera, cito:
“Tras la detención de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien fungía como máximo comandante de la organización, las AGC han comenzado una lenta transformación de su estructura, antes organizada por un comando central y ahora dividida en células con mayor independencia que han buscado incrementar su participación en otras rentas criminales. En este caso, el tráfico de migrantes en el Darién, entre 2022 y 2023, los migrantes pagaban hasta US$440 por ser transportados desde Necoclí, un municipio ubicado en el golfo de Urabá, hasta Carreto, una localidad panameña al otro lado de la frontera. En otros casos, los migrantes pagaban entre US$310 a US$350 por llegar desde Necoclí hasta Acandí o Capurganá, en Chocó, cerca de la frontera con Panamá.
“En la práctica, los Gaitanistas son quienes concesionan el movimiento de migrantes a través del Darién”. Las AGC cobran un impuesto del 20% a guías y comunidades que se encargan de conducir a los migrantes a través de la selva. Ya que los precios parecen haber aumentado, las AGC estarían recibiendo cerca de 125 dólares por cada migrante que atraviesa el Darién, de acuerdo con Pappier, dejándoles una ganancia estimada de 57 millones de dólares al año.”
Como ha sido informado por los propios migrantes y organizaciones de derechos humanos los riesgos del tránsito incluyen violaciones, robos; en algunos casos, migrantes mujeres aceptan pagar con servicios sexuales y hombres son obligados a cargar droga para continuar la travesía.
Queda claro que se trata del tráfico de personas controlado por una organización criminal que lucra de la desesperación de miles de seres humanos. Los gaitanistas controlan directa o indirectamente toda la actividad asociada, servicio de guías, transporte fluvial y marítimo hasta el abastecimiento de productos necesarios para la travesía.
Cualquier persona mínimamente informada entiende que, el establecimiento de rutas de tránsito por las que transitan decenas de miles de personas, tiende a convertirse en centro de actividad económica por la demanda de servicios y que, el tránsito prolongado termina por impactar en las formas de vida de las poblaciones afectadas. En la selva, son nuestros compatriotas los contratados para el transporte fluvial, como guías terrestres, los que brindan posada, venden productos, todo asociado al tráfico ilegal de seres humanos. La cultura de una sociedad es resultado de las formas económico sociales de producción y reproducción de la vida. Asociados a actividades comerciales y de servicio de origen criminal, existe el peligro de un cambio en su visión del mundo y en su relación con la naturaleza.
Más de un millón de personas han atravesado, sin ningún tipo de control, el Parque Natural del Darién (Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biosfera) durante los últimos cuatro años; no hay reserva en el mundo que resista el impacto de toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos no degradables que va albergando la selva y las fuentes de agua. Darién es importante para Panamá y el mundo, como selva húmeda tropical su ecosistema cumple funciones reguladoras de la temperatura global, absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono, estabiliza los patrones lluvia manteniendo el ciclo del agua.
Resulta un sin sentido pedirle a Panamá dejar abiertos todos los pasos que determine el Clan del Golfo y además garantizar la seguridad de los migrantes pues, es operativamente inviable asignar personal y recursos siendo el adversario criminal el que establece las necesidades operacionales.
La única forma que tiene el estado panameño de proteger a los migrantes, mitigar el impacto al ecosistema y proteger a los pobladores históricos de ser contaminados por la cultura del crimen es tomando el control de su frontera y decidiendo la ruta hacia el lugar de acogimiento establecido.