Crónica de un fracaso previsible, pero corregible
- 12/12/2024 00:00
- 11/12/2024 18:38
El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de evitar no solo el descarrilamiento del proceso de las reformas, sino también la de reencauzarlo para hacerlo viable Hubiera preferido equivocarme en todas las ocasiones en que, en escritos anteriores, predije lo que ahora está ocurriendo: el empantanamiento del proyecto de las reformas de la Caja de Seguro Social, producto del pésimo manejo de sus promotores que, según parece, todavía no acaban de entender que deben reconsiderar su estrategia, comenzando por reconocer: 1) que el proyecto en su redacción actual es inviable y que tendrá y que será reformado, con ellos o sin ellos; 2) que son un craso error las amenazas, y que los ataques contra quienes adversan su proyecto son caldo de cultivo para confrontaciones de las que serán los únicos responsables; 3) que, si en su proyecto expresamente se establece el mes de marzo para su entrada en vigencia, para nada es necesario insistir en empujarlo en sesiones extraordinarias, y 4) que la decisión de no incluir en el Presupuesto para 2025 el aporte que han prometido que hará el Estado para mantener la liquidez y la capacidad de IVM para pagar, íntegras y sin interrupción, las pensiones, por sus claras connotaciones de chantaje, ha sido contraproducente.
El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de evitar, no solo el descarrilamiento del proceso de las reformas, sino también la de reencauzarlo para hacerlo viable. Pero, para comenzar a transitar en esa dirección, lo primero que debe hacer es reconocer que, debido al rechazo abrumadoramente mayoritario de su proyecto, no existen las condiciones ni la oportunidad para su aprobación en las sesiones extraordinarias y que, por tanto, lo prudente es que la discusión del proyecto de ley 163 se posponga para el período ordinario de sesiones que se inicia el 2 de enero de 2025. El empecinamiento demostrado con sus tajantes declaraciones de que, bajo ninguna circunstancia, lo retirarían, aparte de demostrar poco sentido de realidad, es meterse, innecesariamente, en una autocreada “camisa de fuerza”.
El solo recuerdo de los desastrosos resultados que produjo haber forzado la aprobación de la Ley 51 de 2005, durante fechas similares del mes de diciembre, debiera servir de lección para no volver a cometer el mismo error.
Después de haberse comprobado, con las participaciones de más de 300 voces en la primera etapa de las consultas la inviabilidad del proyecto 163, es evidente que, aparte de que todos estamos de acuerdo en la necesidad de “salvar la Caja de Seguro Social”, el Gobierno ha quedado a años luz de poder vender su propuesta de “cómo” y “cuándo” hacerlo. Pero, además, tampoco pareciera entender que su etapa, con protagonismo para decidir, quedó cerrada con la presentación del proyecto de ley y que, a partir de ese momento, la competencia y el protagonismo, con capacidad para decidir, está radicado en la Asamblea Nacional.
Decidir el contenido de las leyes, es bueno recordarlo al Órgano Ejecutivo, es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea. En ejercicio de esa potestad, su decisión de nutrirse con las opiniones de todas las organizaciones y personas que han respondido a la convocatoria de la consulta que cumplirá su última fase en los desplazamientos al resto de la república, ha sido un saludable ejemplo de democracia participativa, de la que hemos padecido una notable orfandad. Por tanto, tratar de ponerle límites o condiciones, como desafortunadamente han hecho algunos de los proponentes del proyecto, es un patético exabrupto que violenta el principio de la separación de los poderes.
En las actuales circunstancias, al órgano Ejecutivo, para respectar ese principio, como ya se le ha aconsejado por diferentes fuentes, lo que le corresponde es recoger velas; moderar sus advertencias apocalípticas; contribuir a mejorar el proyecto para que responda a las aspiraciones populares, y, como medida para restablecer un clima propicio para reencauzar el proceso, de cuyo descarrilamiento sería el único responsable, modificar el Presupuesto de 2025, para incluir la provisión de los fondos que servirían para paliar la falta de liquidez de IVM, mientras se acuerdan las medidas que, a mediano y largo plazo, le restituirían una solidez permanente.
Hubiera preferido equivocarme en todas las ocasiones en que, en escritos anteriores, predije lo que ahora está ocurriendo: el empantanamiento del proyecto de las reformas de la Caja de Seguro Social, producto del pésimo manejo de sus promotores que, según parece, todavía no acaban de entender que deben reconsiderar su estrategia, comenzando por reconocer: 1) que el proyecto en su redacción actual es inviable y que tendrá y que será reformado, con ellos o sin ellos; 2) que son un craso error las amenazas, y que los ataques contra quienes adversan su proyecto son caldo de cultivo para confrontaciones de las que serán los únicos responsables; 3) que, si en su proyecto expresamente se establece el mes de marzo para su entrada en vigencia, para nada es necesario insistir en empujarlo en sesiones extraordinarias, y 4) que la decisión de no incluir en el Presupuesto para 2025 el aporte que han prometido que hará el Estado para mantener la liquidez y la capacidad de IVM para pagar, íntegras y sin interrupción, las pensiones, por sus claras connotaciones de chantaje, ha sido contraproducente.
El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de evitar, no solo el descarrilamiento del proceso de las reformas, sino también la de reencauzarlo para hacerlo viable. Pero, para comenzar a transitar en esa dirección, lo primero que debe hacer es reconocer que, debido al rechazo abrumadoramente mayoritario de su proyecto, no existen las condiciones ni la oportunidad para su aprobación en las sesiones extraordinarias y que, por tanto, lo prudente es que la discusión del proyecto de ley 163 se posponga para el período ordinario de sesiones que se inicia el 2 de enero de 2025. El empecinamiento demostrado con sus tajantes declaraciones de que, bajo ninguna circunstancia, lo retirarían, aparte de demostrar poco sentido de realidad, es meterse, innecesariamente, en una autocreada “camisa de fuerza”.
El solo recuerdo de los desastrosos resultados que produjo haber forzado la aprobación de la Ley 51 de 2005, durante fechas similares del mes de diciembre, debiera servir de lección para no volver a cometer el mismo error.
Después de haberse comprobado, con las participaciones de más de 300 voces en la primera etapa de las consultas la inviabilidad del proyecto 163, es evidente que, aparte de que todos estamos de acuerdo en la necesidad de “salvar la Caja de Seguro Social”, el Gobierno ha quedado a años luz de poder vender su propuesta de “cómo” y “cuándo” hacerlo. Pero, además, tampoco pareciera entender que su etapa, con protagonismo para decidir, quedó cerrada con la presentación del proyecto de ley y que, a partir de ese momento, la competencia y el protagonismo, con capacidad para decidir, está radicado en la Asamblea Nacional.
Decidir el contenido de las leyes, es bueno recordarlo al Órgano Ejecutivo, es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea. En ejercicio de esa potestad, su decisión de nutrirse con las opiniones de todas las organizaciones y personas que han respondido a la convocatoria de la consulta que cumplirá su última fase en los desplazamientos al resto de la república, ha sido un saludable ejemplo de democracia participativa, de la que hemos padecido una notable orfandad. Por tanto, tratar de ponerle límites o condiciones, como desafortunadamente han hecho algunos de los proponentes del proyecto, es un patético exabrupto que violenta el principio de la separación de los poderes.
En las actuales circunstancias, al órgano Ejecutivo, para respectar ese principio, como ya se le ha aconsejado por diferentes fuentes, lo que le corresponde es recoger velas; moderar sus advertencias apocalípticas; contribuir a mejorar el proyecto para que responda a las aspiraciones populares, y, como medida para restablecer un clima propicio para reencauzar el proceso, de cuyo descarrilamiento sería el único responsable, modificar el Presupuesto de 2025, para incluir la provisión de los fondos que servirían para paliar la falta de liquidez de IVM, mientras se acuerdan las medidas que, a mediano y largo plazo, le restituirían una solidez permanente.