Cooperación público-privada para la seguridad hídrica de Panamá y sostenibilidad del Canal

Un creciente número de países en América Latina y el Caribe enfrenta el desafío de la escasez de agua, intensificado por el cambio climático. La sequía, un desastre natural recurrente en la región, ha afectado a más de 53 millones de personas desde 2000, y causado daños superiores a los $13.000 millones. Panamá, a pesar de su clima tropical, también sufre los efectos de la sequía, lo que amenaza tanto el bienestar de sus ciudadanos como el funcionamiento del Canal de Panamá, un activo clave para el país.

Tradicionalmente, las instituciones gubernamentales han liderado la gestión de riesgos relacionados con desastres naturales. Sin embargo, este enfoque centralizado ha mostrado limitaciones, especialmente con la creciente incertidumbre climática. En este contexto, la Cooperación Integral Público-Privada (CIPP) se presenta como una alternativa novedosa para fortalecer la seguridad hídrica de Panamá y asegurar la sostenibilidad del Canal de Panamá. Esta cooperación busca aprovechar las fortalezas de los sectores público y privado para gestionar mejor los riesgos derivados de la escasez de agua.

Panamá enfrenta un clima cada vez más impredecible, influenciado por fenómenos como la Zona de Convergencia Intertropical y el fenómeno de El Niño, que incrementan la intensidad de las sequías. Estos eventos reducen significativamente la disponibilidad de agua para consumo, producción de energía y el funcionamiento del Canal. El Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 (PNSH) señala que la demanda de agua se concentra en sectores como energía, industria y agricultura, dominados por el sector privado, lo que lo convierte en un actor clave en la gestión de la escasez de agua.

El sector privado, impulsado por la innovación y el afán de lucro, desempeña un papel crucial en la economía. Este dinamismo promueve el crecimiento económico, genera empleo y contribuye al bienestar social. El agua, como recurso esencial, es indispensable para el funcionamiento de muchas actividades empresariales, por lo que la gestión adecuada de este recurso es clave para garantizar la continuidad de las operaciones.

En este sentido, el sector privado está obligado a gestionar eficientemente los riesgos relacionados con el acceso al agua. La sostenibilidad juega un papel importante en la gestión de riesgos, ya que permite planificar la recuperación ante eventualidades, mantener los recursos y garantizar la seguridad de los empleados. Esta misma lógica es aplicada por las entidades gubernamentales en sus propios esfuerzos de gestión de riesgos, lo que permite una cooperación efectiva entre el sector privado y las instituciones públicas. Un aspecto clave en la Asistencia Humanitaria y Respuesta en Casos de Desastres es la organización eficiente. En Panamá, según el PNSH, se estima que la oferta de agua es de 119 mil millones de metros cúbicos, mientras que la demanda alcanza el 26 % de esa oferta. Siendo un país lluvioso, enfrenta problemas de escasez, especialmente para el uso humano. La inseguridad hídrica en el país es principalmente un problema de gestión.

El PNSH establece una hoja de ruta hasta 2050 para garantizar la seguridad hídrica, con la Conagua como entidad encargada de la gestión del agua. Sin embargo, existen disonancias en el marco institucional, como la duplicidad de funciones entre la Conagua y el Comité Nacional de Lucha contra la Sequía y la Desertificación. Estas entidades podrían unificarse para mejorar la eficiencia en la gestión del agua. Además, el Sistema Nacional de Protección Civil, responsable de proteger a la población ante desastres, está excluido de algunas entidades clave en la gestión de riesgos.

El sector privado también desempeña un papel destacado en la provisión de agua en áreas rurales. El PNSH presenta que el 20 % del suministro de agua en Panamá proviene de acueductos comunitarios, gestionados localmente por las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales. Estas juntas son ejemplos de cooperación social, en la que las comunidades gestionan y financian el acceso al agua, mostrando cómo el sector privado puede participar en la gestión hídrica. Este modelo de administración local abre la puerta a más inversiones privadas en proyectos de infraestructura hídrica.

El fenómeno de El Niño de 2023-2024 resultó en uno de los años más secos en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, lo que obligó a reducir el tráfico de buques y afectó negativamente el comercio global. Este evento dejó en evidencia que los embalses actuales, como Gatún y Alhajuela, no son suficientes para enfrentar periodos prolongados de sequía, lo que subraya la necesidad de una mejor gestión preventiva y mayor inversión en infraestructura hídrica. Sin embargo, las limitaciones macroeconómicas dificultan la financiación de estos proyectos exclusivamente con fondos públicos. Aquí, la CIPP puede desempeñar un papel crucial, facilitando la inversión privada en proyectos de infraestructura y tecnología para mitigar los efectos de futuras sequías.

La sequía representa una amenaza seria para el futuro de Panamá, y la CIPP ofrece una solución para enfrentar este desafío. Al fomentar una colaboración profunda entre los sectores público y privado, se puede asegurar la sostenibilidad del suministro de agua y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Canal de Panamá, protegiendo tanto el bienestar de la población como el desarrollo económico del país.