Constitución y democratización
- 14/10/2024 00:00
- 13/10/2024 18:24
El proceso constituyente nos debe guiar para alcanzar no solo una nueva y real Constitución, sino también para contar con la legitimidad y las garantías necesarias que nos aseguren una sociedad más cohesionada y más estable y, por ende, verdaderamente democrática Durante más de medio siglo, el estatuto constitucional impuesto por la dictadura militar ha servido de muro de contención para llevar a cabo un proceso de democratización.
Pero, también ha sido el instrumento principal para promover y amparar la corrupción y la impunidad que, hoy día, han acabado con los valores necesarios a toda sociedad moderna. El estancamiento en el que hoy nos encontramos, es el resultado del pseudo constitucionalismo consentido que vivimos. Es obligatorio entonces que abramos los espacios necesarios para entrar en un proceso constituyente para actualizarnos como sociedad y, sentar las bases para la retardada democratización de nuestras deformadas instituciones.
Cada año, más sociedades actualizan sus constituciones con el propósito de ampliar las avenidas hacia una mayor democratización. Mientras tanto -en Panamá- se mantiene el mismo Estatuto constitucional que sirvió para legitimar la dictadura impuesta el 11 de octubre de 1968.
La invasión estadounidense derrocó el régimen militar por ellos amamantado durante 21 años, al inicio del siglo XXI alcanzamos la integridad territorial con la devolución del Canal y sus áreas aledañas, acontecimientos que bien hubiesen podido servir para proceder al necesario cambio constitucional. Sin embargo, de los siete gobiernos que hemos tenido desde la caída de la dictadura, ninguno ha querido cambiar las estructuras jurídicas impuestas con la norma del 72. Hoy día debemos darnos una verdadera Constitución que nos permita contar y afirmar los principios y los valores que nos son comunes y sin los cuales no podremos alcanzar una comunidad política efectiva.
Debemos realizar la tarea de establecer todas la vías necesarias para una verdadera participación ciudadana en todos los asuntos del Estado. De igual manera, establecer verdaderas normas democráticas de gobierno, con procedimientos claros que fortalezcan la seguridad jurídica y la transparencia y rendición de cuentas de todas las dependencias estatales al servicio de la ciudadanía.
El camino hacia la transformación constitucional se inicia con las tareas de alfabetización constitucional que nos corresponde asumir a todos los ciudadanos que creemos y queremos un cambio.
No podemos seguir postergando los pasos que debemos dar para llevar a cabo un proceso constituyente que, con la participación de todos, nos llevará a hacer de Panamá una sociedad moderna, con la capacidad de cumplir a cabalidad sus funciones internas y con el respeto que merece de parte de la sociedad internacional.
El proceso constituyente nos debe guiar para alcanzar no solo una nueva y real Constitución, sino también para contar con la legitimidad y las garantías necesarias que nos aseguren una sociedad más cohesionada y más estable y, por ende, verdaderamente democrática.
José Agustín Menéndez, expresa en su artículo “La Unión Europea entre el constitucionalismo democrático y la Gobernanza” (Revista de Estudios Políticos, núm. 149, pág.49, Madrid 2010), que: “El valor jurídico y político de las normas materialmente constitucionales depende no solo de su letra, sino decisivamente del proceso a través del cual las misma hayan sido escritas. La legitimidad democrática no es un plus, sino un rasgo de identidad de las normas constitucionales democráticas”
Durante más de medio siglo, el estatuto constitucional impuesto por la dictadura militar ha servido de muro de contención para llevar a cabo un proceso de democratización.
Pero, también ha sido el instrumento principal para promover y amparar la corrupción y la impunidad que, hoy día, han acabado con los valores necesarios a toda sociedad moderna. El estancamiento en el que hoy nos encontramos, es el resultado del pseudo constitucionalismo consentido que vivimos. Es obligatorio entonces que abramos los espacios necesarios para entrar en un proceso constituyente para actualizarnos como sociedad y, sentar las bases para la retardada democratización de nuestras deformadas instituciones.
Cada año, más sociedades actualizan sus constituciones con el propósito de ampliar las avenidas hacia una mayor democratización. Mientras tanto -en Panamá- se mantiene el mismo Estatuto constitucional que sirvió para legitimar la dictadura impuesta el 11 de octubre de 1968.
La invasión estadounidense derrocó el régimen militar por ellos amamantado durante 21 años, al inicio del siglo XXI alcanzamos la integridad territorial con la devolución del Canal y sus áreas aledañas, acontecimientos que bien hubiesen podido servir para proceder al necesario cambio constitucional. Sin embargo, de los siete gobiernos que hemos tenido desde la caída de la dictadura, ninguno ha querido cambiar las estructuras jurídicas impuestas con la norma del 72. Hoy día debemos darnos una verdadera Constitución que nos permita contar y afirmar los principios y los valores que nos son comunes y sin los cuales no podremos alcanzar una comunidad política efectiva.
Debemos realizar la tarea de establecer todas la vías necesarias para una verdadera participación ciudadana en todos los asuntos del Estado. De igual manera, establecer verdaderas normas democráticas de gobierno, con procedimientos claros que fortalezcan la seguridad jurídica y la transparencia y rendición de cuentas de todas las dependencias estatales al servicio de la ciudadanía.
El camino hacia la transformación constitucional se inicia con las tareas de alfabetización constitucional que nos corresponde asumir a todos los ciudadanos que creemos y queremos un cambio.
No podemos seguir postergando los pasos que debemos dar para llevar a cabo un proceso constituyente que, con la participación de todos, nos llevará a hacer de Panamá una sociedad moderna, con la capacidad de cumplir a cabalidad sus funciones internas y con el respeto que merece de parte de la sociedad internacional.
El proceso constituyente nos debe guiar para alcanzar no solo una nueva y real Constitución, sino también para contar con la legitimidad y las garantías necesarias que nos aseguren una sociedad más cohesionada y más estable y, por ende, verdaderamente democrática.
José Agustín Menéndez, expresa en su artículo “La Unión Europea entre el constitucionalismo democrático y la Gobernanza” (Revista de Estudios Políticos, núm. 149, pág.49, Madrid 2010), que: “El valor jurídico y político de las normas materialmente constitucionales depende no solo de su letra, sino decisivamente del proceso a través del cual las misma hayan sido escritas. La legitimidad democrática no es un plus, sino un rasgo de identidad de las normas constitucionales democráticas”