¿Cómo enderezar la Caja de Seguro Social?

Sin duda, el principal problema que enfrenta la Caja es asegurar la solidez financiera del sistema de pensiones, para lo que serán necesarias medidas extraordinarias, urgentes y casi heroicas. Pero ese no es el único, pues la crisis del Seguro Social es institucional y, por tanto, debe ser enfrentada yendo a sus raíces.

Cuando fue creada, sus promotores concibieron su modelo de gestión con la intención de que la institución y todos sus programas fueran gerenciados con eficacia, bajo la tutela de una junta directiva, conformada por representantes de todos los sectores que somos sus accionistas.

El estado actual de la institución, al borde del colapso, es clara prueba de que en el transcurso de sus 83 años de existencia ese modelo de gestión, por la interminable acumulación de tantos desmanes y desaciertos ha fracasado. La profundidad de su crisis, por ser estructural, desde luego, no se solucionará con meros cambios en sus niveles directivos. Y mucho menos si esos cambios quieren ser impuestos por una junta directiva, con directores, unos con mandatos caducados y otros anquilosados en cargos por arreglos de dudosa claridad, y con altas cuotas de responsabilidad por el actual estado de la institución.

Para paliar temporalmente la previsible crisis de liquidez del sistema de pensiones, será necesaria una aportación extraordinaria de fondos que deberán salir del presupuesto general del Estado; pero ese es solo un remedio transitorio. Para ir a la base de los problemas de la Caja de Seguro Social, serán necesarias, además, reformas de su marco legal y de sus instancias superiores de gobierno.

En los 83 años que han transcurrido desde su creación, su ley original ha sido modificada en una decena de ocasiones. La última de ellas en el 2004, cuando se introdujo la modalidad de las cuentas individuales, en paralelo con el sistema solidario tradicional. Esa reforma, que es de profundo calado, tiene partidarios y detractores, pero mayoritariamente es rechazada por los sectores de los trabajadores que demandan que la esencia del sistema debe seguir siendo la solidaridad.

En ese prolongado lapso, también tuvo vigencia y éxito su programa de préstamos hipotecarios, con intereses a tasa fija y en condiciones más favorables que la de los bancos fue la vía que ayudó a muchos asegurados a acceder a una vivienda propia. Ese programa al que se destinaban recursos provenientes de las reservas y que tenían una rentabilidad garantizada, sin que existiera una justificación razonable fue eliminado o reducido a su mínima expresión. Considerar su restablecimiento, como sostienen opiniones importantes, es un tema que debe ser incluido en la agenda de los temas que demandan atención.

También en ese período hemos sido testigos de reiteradas denuncias de las prácticas turbias seguidas para la adquisición de bienes, equipos y medicamentos, así como de las pérdidas nunca bien explicadas de ellos, por caducidad o producto de desapariciones, como la del reciente caso del fentanilo. Y a lo anterior pueden agregarse otras irregularidades, como fueron el pago ilegal de jubilaciones especiales, las elevadas morosidades en el cobro de cuotas obrero patronales, cuya retención por los agentes de cobro (los patrones) tipifica el delito de peculado, por el que, que se recuerde no se han encausado a sus más importantes comitentes.

Y podría sumarse que existen importantes sectores de intereses que vienen planteando que la solución a la crisis de la seguridad social es la división de la institución, independizando su administración financiera.

Con seguridad se me quedan en el tintero muchas otros temas, mayores y menores, a los que se puede achacar el proceso acumulado que ha culminado en la tragedia de nuestra seguridad social. Y cuando se entre al debate de las fórmulas para rescatarla todos deberán ser analizados en profundidad. Pero lo que si es absolutamente claro es que ese debate no puede tener como protagonistas a las actuales dirigencias de la institución. Su dirección general, porque sus días están contados al frente esa responsabilidad y su mejor contribución debe ser la cooperación pasiva, absteniéndose de promover compromisos que trasciendan el término de su mandato, que heredaría los futuros responsables de la institución, y la actual junta directiva, porque carece de legitimidad para tomar decisiones.