Centro bancario contra el Suntracs, el sindicalismo y el movimiento social

Desde el gobierno post invasión, Panamá es testigo de corrupción y lavado de dinero. También antes, cuando la estructura militar se vinculó al narcotráfico, pero nos centramos en el último período. Los dineros para socorrer las víctimas del terremoto en Bocas del Toro, la entrega de un terreno en la bahía de Panamá y la concesión de áreas costeras a grupos económicos del país, los fondos de Taiwán que terminaron en una oenegé, el caso PECC, los casinos nacionales (Lucky Games), la venta de los ingenios, hoteles, la venta de tierras de la terminal Albrook, durante el gobierno de Pérez (González) Balladares, el helicóptero HP-1430, los “durodólares”, el uso de la partida discrecional de la mandataria Mireya Moscoso, el caso Banistmo y la exoneración de cientos de millones de dólares en impuestos, el caso Castrellón Henao y el Banco Continental, la entrada de la empresa Odebrecht a Panamá, todo durante la gestión de Martín Torrijos. Con Ricardo Martinelli, los radares, la pinchadora de teléfonos, y destape de Odebrecht, Blue Apple, Financial Pacific y Petaquilla Gold, y otros escándalos. Con Juan Carlos Varela, se añadieron los Panama Papers y los Pandora Papers, casos en las que participaron distintas firmas importantes de abogados de Panamá, de allegados al Presidente de la República, pero solo Mossack & Fonseca fue enjuiciada ante la opinión pública. Con Laurentino Cortizo, el período de la pandemia evidenció actos de funcionarios públicos, y sectores privados, que se aprovecharon de la situación para producir, según los medios, lucros personales. El listado no termina aquí. Ninguno de los involucrados en tales delitos se ha conocido que el sector bancario haya tomado una decisión de cerrarles las cuentas y obligarlos a que retiren sus depósitos.

Luego de la lucha contra el Contrato Minero, cuando el gobierno y empresarios del país pretendieron entregar recursos y la soberanía nacional a una empresa extranjera, por sus intereses económicos, el sector bancario, en pleno, decidió cerrarle las puertas al Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), sin razón alguna. Se trata, de una acción política del capital financiero contra el Sindicato, por su destacado papel en la lucha contra la entrega del país a una empresa extranjera, lucha que libró Suntracs con diversos grupos patrióticos del país, sindicatos, estudiantes, indígenas, campesinos, gremios magisteriales, de la salud, profesionales como la FEDAP, ambientalistas aglutinados en Panamá Vale Más Sin Minería, y otros, pobladores de barrios, jubilados, abogados, químicos, biólogos, físicos, economistas, sociólogos, contadores, ingenieros, jóvenes que salieron de su zona de confort, en fin, junto a una amplia expresión nacional del pueblo panameño.

El cierre de las cuentas bancarias al Suntracs es sumamente grave; es un atentado contra la sindicalización en Panamá, y viola diversos acuerdos internacionales de la OIT y de Derechos Humanos. Pero, además, pretende legalizar “la reserva de admisión”, un criterio discriminatorio (de raza, género, color y hasta religioso) que diversos grupos sociales han enfrentado, contra locales comerciales que han querido implementarlo violentando derechos humanos. La “reserva de admisión” la ha pretendido justificar el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria, Carlos Berguido, diciendo que es una relación comercial bilateral, entre cliente y banco, pero además justifica la ausencia de explicación de la acción del banco(s) de la decisión de cerrar una cuenta, de aplicar la “reserva de admisión”, aduciendo “confidencialidad”, lo que deja a la indefensión a cualquier cliente. Berguido enumeró posibles causales de por qué un banco decide cerrar una cuenta, pero no mencionó una, la que se aplica al Suntracs, razones políticas. Los periodistas tampoco preguntaron sobre esta causal. Aunque el brazo ejecutor fue el Gerente de la Caja de Ahorros, Juan Eliseo Melillo Uribe, claramente que vincula al presidente Cortizo en tal decisión, por razones políticas. La evidencia que se trata de una persecución política, del Sistema Bancario, es que todos los bancos se niegan a abrirle cuentas al Suntracs.

Sin existir causa alguna, la Caja de Ahorros, su gerente, el señor Melillo, instruido por el presidente Cortizo, el Banco Nacional y el resto de los bancos del sector bancario, cerraron las cuentas del Sindicato y se niegan a recibir depósito alguno. Es una persecución política de los grupos de poder económico, porque no hay ninguna justificación legal para tal acción. Igual suerte corrió la Cooperativa del Sindicato, así como todos los directivos del Suntracs; todas las cuentas les fueron cerradas. Se trata de una acción de un grupo económico dominante en el país; el capital financiero. El único sector que no sufrió durante la pandemia porque su poder impidió que se le aplicara una moratoria de intereses a los préstamos y tarjetas de crédito, pero que, además, el Gobierno Nacional le entregó 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Es este sector el que controla el país, y ahora lo usa contra el Suntracs y sus dirigentes. Posiblemente, muchos de los propietarios de los bancos perdieron dinero por el cierre de la Minera, porque son sectores especuladores. El gobierno responde a estos intereses y es lo que explica la acción del Sistema Bancario.

Este atentado contra el Suntracs constituye una acción contra la lucha del movimiento social, así como lo es la judicialización de luchadores sociales, patriotas, en defensa de la soberanía nacional y por un Panamá libre de minería. Se trata de un sector del empresariado de lo más atrasado del país, que todavía aspira a vivir en enclave, como lo fue la extinta Zona del Canal. Así como el Suntracs luchó junto a todas las organizaciones sociales y pueblo panameño por un Panamá libre de minería, nos toca ahora luchar contra las arbitrariedades del sector bancario y el gobierno, que es contra el movimiento social. No al cerco bancario contra el Suntracs; no a la judicialización de los patriotas.