Autonomía universitaria en Panamá: lucha perenne
- 16/01/2025 00:00
- 15/01/2025 19:07
Los temas financieros, administrativos y de control de recursos de las universidades han sido los elementos más controversiales del universo de las prerrogativas inherentes, consustanciales, que emanan de la autonomía universitaria En la discusión política sobre la autonomía universitaria, no podemos desconocer que el Estado regulador, fruto del neoliberalismo, y su concepción de achicamiento del Estado y la vigencia de la tecnocracia “eficientita” y mercantil, han tratado de desnaturalizar la esencia de la autonomía, reduciéndola a temas de cierta concepción elitista de la calidad, pero sobre todo, la deriva de los derechos de la autonomía se ha manifestado en el control y manipulación de la distribución y uso de los recursos del erario que se otorgan al sostenimiento de las universidades oficiales.
Los temas financieros, administrativos y de control de recursos de las universidades han sido los elementos más controversiales del universo de las prerrogativas inherentes, consustanciales, que emanan de la autonomía universitaria. Han sido el instrumento principal de regulación y control por parte del Estado como forma de coartar la autonomía, sea por vía de la distribución diferenciada de recursos entre universidades oficiales de similar tamaño, o por coyunturas políticas específicas o por simple cabildeos de las autoridades universitarias en una suerte de rapiña feroz y cabildeo oscuro por dichos recursos, o por el favoritismo a cambio de dádivas de diversa laya (instrumento de hierro y madera que se usa para labrar la tierra).
Así, es el Gobierno en definitiva el que regula el nombramiento del personal docente al disponer o coartar los recursos para concursos de cátedra, la concesión de ascensos o de derechos como las sabáticas, o la construcción de edificios y laboratorios, sin criterios claros, específicos y predefinidos que den transparencia, ecuanimidad y eficiencia en la asignación de recursos a cada entidad. Es el Ministerio de Economía y Finanzas, más que la propia Asamblea de Diputados, la que dicta los presupuestos universitarios, y los controles, siempre claros o análogos de la Contraloría General de la República hacen casi siempre tortuoso o muy poco ágil la adquisición de insumos y recursos para laboratorios e investigación, sobre todo porque en tales entes no cuentan con experticia en materia de gestión universitaria, ni hay un manual que haga que tales presupuestos se formulen de acuerdo con las funciones sustantivas de las universidades.
Termino estas líneas reafirmando que la autonomía es, sobre todo, un asunto político (de políticas públicas, de fijación de competencias entre los órganos del Estado y las universidades Y no uno partidista o politiquero, pues atiende a las relaciones de poder entre el Estado y las organizaciones que precisan independencia para ordenar estudios, y cumplir sus misiones de investigación, extensión e innovación que las sociedades y comunidades nacionales esperan, y que sobradamente excusan esta cierta independencia. Cierro con el pensamiento martiano que dice: “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”.
En la discusión política sobre la autonomía universitaria, no podemos desconocer que el Estado regulador, fruto del neoliberalismo, y su concepción de achicamiento del Estado y la vigencia de la tecnocracia “eficientita” y mercantil, han tratado de desnaturalizar la esencia de la autonomía, reduciéndola a temas de cierta concepción elitista de la calidad, pero sobre todo, la deriva de los derechos de la autonomía se ha manifestado en el control y manipulación de la distribución y uso de los recursos del erario que se otorgan al sostenimiento de las universidades oficiales.
Los temas financieros, administrativos y de control de recursos de las universidades han sido los elementos más controversiales del universo de las prerrogativas inherentes, consustanciales, que emanan de la autonomía universitaria. Han sido el instrumento principal de regulación y control por parte del Estado como forma de coartar la autonomía, sea por vía de la distribución diferenciada de recursos entre universidades oficiales de similar tamaño, o por coyunturas políticas específicas o por simple cabildeos de las autoridades universitarias en una suerte de rapiña feroz y cabildeo oscuro por dichos recursos, o por el favoritismo a cambio de dádivas de diversa laya (instrumento de hierro y madera que se usa para labrar la tierra).
Así, es el Gobierno en definitiva el que regula el nombramiento del personal docente al disponer o coartar los recursos para concursos de cátedra, la concesión de ascensos o de derechos como las sabáticas, o la construcción de edificios y laboratorios, sin criterios claros, específicos y predefinidos que den transparencia, ecuanimidad y eficiencia en la asignación de recursos a cada entidad. Es el Ministerio de Economía y Finanzas, más que la propia Asamblea de Diputados, la que dicta los presupuestos universitarios, y los controles, siempre claros o análogos de la Contraloría General de la República hacen casi siempre tortuoso o muy poco ágil la adquisición de insumos y recursos para laboratorios e investigación, sobre todo porque en tales entes no cuentan con experticia en materia de gestión universitaria, ni hay un manual que haga que tales presupuestos se formulen de acuerdo con las funciones sustantivas de las universidades.
Termino estas líneas reafirmando que la autonomía es, sobre todo, un asunto político (de políticas públicas, de fijación de competencias entre los órganos del Estado y las universidades Y no uno partidista o politiquero, pues atiende a las relaciones de poder entre el Estado y las organizaciones que precisan independencia para ordenar estudios, y cumplir sus misiones de investigación, extensión e innovación que las sociedades y comunidades nacionales esperan, y que sobradamente excusan esta cierta independencia. Cierro con el pensamiento martiano que dice: “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”.