Aumento a la edad de jubilación

Soy Fermín López, de los tableños, y pensionado panameño de 66 años. He tomado la decisión de publicar esta opinión porque desde hace años estoy preocupado por la crítica situación del subsistemaexclusivamente de Beneficio Definido, el cual, como es bien sabido, está actualmente colapsado y desfondado. Esta lamentable situación demanda que se tomen medidas correctivas de manera urgente.

Siento es mi deber hacer mi humilde aporte hacia la concreción de esas medidas, con el fin de que todos los panameños que anhelan acogerse a una pensión de jubilación, puedan hacerlo de una manera más digna y beneficiosa.

Primeramente, manifiesto sentir mucho respeto hacia Juan Diego Vásquez, un patriota. La esencia de este artículo es oponerme a la postura de Juan Diego, en cuanto a su oposición al aumento de la edad de jubilación, y que ha transmitido a la bancada que él lidera para que lo secunden.

Debemos tener muy en claro que esas edades de jubilación prematuras, particularmente la de las mujeres, no son el producto de una conquista laboral, social ni de ninguna otra índole. Más bien son el producto de una fórmula mal concebida y fallida, destinada a colapsar desde el principio, como ciertamente es el caso hoy en día. También debemos tener muy claro que los cambios necesarios no deben ser el producto de medidas populistas ni politiqueras. Finalmente, también debemos tener muy claro que los únicos que serán beneficiados por las necesarias reformas a la Ley 51, son precisamente los futuros aspirantes a una pensión.

El único criterio necesario para considerar en la realización de la reforma es de índole dual. Primeramente, debe ser sostenible para que perdure con el transcurrir del tiempo y sin agotar los recursos disponibles. Segundo, debe ser sustentable para poderla justificar de acuerdo con un método científico capaz de resistir objeciones científicamente fundamentadas, apartadas de aquellas que puedan ser mezquinas y, peor aún, populistas, que no albergan cabida alguna en un tema tan importante y de tanta trascendencia.

La necesaria reforma debe ser integral, de manera tal que todos los componentes de la sociedad contribuyan con su aporte de sacrificio. El gobierno aportará 966 millones de dólares al año, los empleadores un aumento del 3 % dentro de los aportes de cuotas, y aquellos empleados que les falten más de 7 años para jubilarse, un aumento de 3 años en la edad de jubilación. Nótese que no se le aumentarán ni los porcentajes de los aportes ni la cantidad de cuotas. Hago énfasis: los futuros pensionados serán los únicos que se beneficiarán con la reforma. Esto justifica ciertamente que también ellos hagan su aporte de sacrificio, y eso únicamente a las mujeres de 50 años o menos, y a los hombres de 55 años o menos. De no realizarse las reformas con la prontitud que la situación demanda, la sobrevivencia del subsistema de beneficio definido peligra, con las nefastas consecuencias que esto implicaría.

En mi participación ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, hice dos sugerencias muy puntuales. La primera, que el aporte de los empleadores se redujese del 3 % al 1,5 %; el 3 % es un duro golpe para estos. Ese otro 1,5 % debía entonces ser suplido por aquellos ricos y de mayor poder adquisitivo y que hasta ahora eran los grandes ausentes en la lista de los que debían hacer un sacrificio. Estoy seguro de que los expertos en la materia encontrarán la manera de extraer de los más ricos el equivalente de ese 1,5 %. Mi segunda sugerencia era en cuanto a la edad de jubilación de la siguiente manera: aumentar 4 años a las mujeres y 2 a los hombres.

Como dato interesante, y basado en el artículo 19 de nuestra Constitución, me llama poderosamente la atención que no se haya interpuesto una impugnación por inconstitucional las edades de jubilación diferentes como aparecen en la Ley 51 y que claramente violentan el artículo 19 supracitado. Comparto una anécdota familiar.

En el año de 1937, el entonces presidente, Juan Demóstenes Arosemena, designa a mi abuelo Antonio “el Fulo” Isaza, cónsul de Panamá en Hamburgo a la temprana edad de 26 años. El año anterior, 1936, el presidente Arosemena había designado a Arnulfo Arias como ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania. Arnulfo y “el Fulo” eran amigos y aquel visitaba la casa de mis abuelos, quienes eran empleadores de una doméstica que cotizaba seguro social a través de ellos. El Seguro Social había nacido en Alemania en 1883. En una de sus visitas a casa de mis abuelos, surgió el tema del seguro social de la empleada doméstica. Arnulfo mostró interés en el tema y es así como la idea del seguro social en Panamá nació en casa de mis abuelos en Hamburgo.

Espero que Juan Diego cambie de opinión y se dé cuenta de que el aumento a las edades es un “mal necesario”. En España, por ejemplo, la nueva edad de jubilación es de 68 años y 38 años de cuotas. Confío en que los diputados harán lo correcto y aprobarán una ley cónsona con la realidad.