100% empresa privada: ¿El enemigo de mi enemigo, mi amigo?

Cuando el presidente Mulino confesó que él (su gobierno) es “100% empresa privada”, reconocieron su significación múltiple, dialéctica. Desde el punto de vista ético, posicionó las coordenadas de lo que debemos y cabe esperar de su gestión; esto, no puede negarse, es loable de su parte, si se contrasta con otros gobernantes que siéndolo lo negaban.

Un segundo rasgo de la declaración del presidente es que no es unívoca-significante de una misma interpretación - sino polisémica, esto es, con más de una interpretación. Es aquí donde se cometen muchos desaciertos y se termina elaborando afirmaciones que alimentan la confusión por ideológicas y anticientíficas.

En efecto, desde que el presidente publicitó su posicionamiento en cuanto a que es “100% empresa privada”, hubo quienes saltaron de alegría. Es el caso, entre otros, de los empresarios y voceros vinculados a la megaminería metálica, incluido banqueros, que ya se veían activando la minera Panamá - entre otras - una vez el presidente asumiera las riendas gubernamentales. Cosa que el señor Mulino (25/07/2024) ha dicho que no es prioridad en este momento, al menos por este año y que no negociará nada con esta corporación “con una pistola en la cabeza”, deduciéndose que afirma no estar entregado a los intereses megamineros. Algunos señalan que estas declaraciones son meras cortinas de humo, pero lo cierto es que no hay ningún indicio empírico - evidencia probatoria, según nos dicen los abogados - que señale que no hay esa voluntad en el señor Mulino. Conocemos que los megamineros ya no saltan tanto de alegría como en los últimos dos meses.

Otros activaron sus alarmas para lo que interpretan es la hecatombe anunciada en la lucha de clases contra los trabajadores y habían difundido la urgencia de prepararse para salir a las calles por la inminencia de las “políticas de shock”- medidas rápidas contra derechos del pueblo - que aplicaría el gobierno desde el primer momento. Esto aún no ocurre, aunque no se descarta que sobrevengan con los debates sobre los fondos de pensiones de la CSS en los próximos meses.

Finalmente, hubo quienes nos propusimos primero, evaluar la significación real de esa declaración presidencial, a la luz de los cánones de la investigación científica, que no afirma categóricamente algo sin confirmarlo en la realidad.

Ciertamente, el hecho de que este o cualquier presidente diga que es “100% empresa privada”, no indica que está atrapado en los intereses de alguno de los sectores (rentista - transitista o productivistas - “interioranos”) o fracciones (agraria, industrial, comercial o financiera) de las clases dueñas de empresas privadas. O bien, que sí está comprometido con alguna de estas y por eso ni busca ni podrá satisfacer a plenitud a todas las fracciones ni sectores de estas clases a la vez. Como hipótesis, intuyo que esta última es la situación del presidente actual, lo cual explica el comportamiento “sui géneris” de su gestión a la fecha. Es decir, su compromiso mayor no es con los sectores rentistas - transitistas, sino con los interioranos productivistas y de la fracción agraria, con estos sí “100% empresa privada”.

Ciertamente, el ascenso del señor Mulino al mando gubernamental se dio sobre la base de una endeble legitimidad política - dos tercios de los votantes votaron contra él - que lo ha obligado a tratar de revertirla o sucumbir en su gestión presidencial. ¿Cómo lo está haciendo? Fundamentalmente, acudiendo a impulsar medidas que generen la satisfacción de expectativas e intereses de la población en general. A la par que ha planteado acciones que, cumpliendo lo primero, cumplan a la vez con la racionalización del uso de recursos que permitan elevar el excedente económico generado en el país, aun cuando está implicando afectaciones a empresas privadas con negocios importantes. Es el caso de las distribuidoras eléctricas, que tienen que pagar una multa millonaria a los usuarios y al gobierno; ni hablar del negocio que le quitó a la empresa que lucraba a costa de la lotería nacional.

Por lo contrario, protegió 100% la propiedad privada, desalojando con fuerza a ocupantes forzados en terrenos de propietarios privados en Changuinola. Interpretación que le dan esos propietarios igual que los que han puesto sus alarmas de lucha popular. Contradictoriamente, ya hay quienes, desde la empresa privada, están poniendo sus alarmas, al escuchar que el gobierno pretende impulsar la integración de los servicios CSS-Minsa, para elevar su eficiencia. Moraleja, ¿será que el enemigo del enemigo del pueblo es nuestro amigo?