La justicia británica analiza si Assange puede recurrir o es entregado a EE.UU.
- 22/02/2024 00:00
- 21/02/2024 19:14
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson se retiraron a deliberar tras concluir este miércoles dos días de audiencias en los que expusieron sus argumentos los defensores del australiano El Tribunal Superior de Londres decidirá próximamente, en una fecha no especificada, si autoriza a Julian Assange a volver a recurrir en el Reino Unido o si, en cambio, puede activarse su extradición a Estados Unidos, aprobada por el Gobierno británico en 2022.
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson se retiraron a deliberar tras concluir este miércoles dos días de audiencias en los que expusieron sus argumentos los defensores del australiano, que estuvo ausente por enfermedad, y la fiscalía británica, en representación de la Administración estadounidense.
EE.UU. reclama a Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso presuntos crímenes de guerra de ese país en los conflictos de Irak y Afganistán.
La defensa de Assange pidió a la corte permiso para recurrir aspectos del litigio que no apeló en otro proceso en 2021 así como la orden de extradición firmada en junio de 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel.
Si los magistrados acceden a su demanda, se iniciará un nuevo juicio de apelación ante la Justicia inglesa, que podría prolongarse en el tiempo.
Si se la deniegan, se activará su entrega a Estados Unidos, en cuyo caso sus abogados ya han dicho que solicitarán medidas cautelares para detenerla al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la apertura de un proceso allí.
Al enumerar los argumentos que fundamentarían su potencial recurso, los abogados de Assange, Edward Fitzgerald y Mark Summers, dijeron que su entrega violaría el tratado británico-estadounidense de extradición al ser los delitos imputados, a su parecer, de carácter político y contra su libertad de expresión, además de poder conllevar la pena de muerte.
Señalaron que el descubrimiento de una trama de la CIA para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres (entre 2012 y 2019) demuestra la motivación política del caso.
También argumentaron que no tendría un juicio justo en EE.UU. ya que, por la ubicación de la corte, el jurado sería elegido entre personas vinculadas al gobierno de Washington.
Aludieron a que la fiscalía estadounidense indicó que piensa solicitar que no se apliquen al programador informático las mismas protecciones constitucionales que a los ciudadanos del país, al ser él de nacionalidad australiana.
Clair Dobbin, en nombre de EE.UU., pidió por su parte al superior que desautorice el recurso y dé luz verde a la entrega, al aducir que es legal porque los cargos que se imputan al antiguo hacker no son políticos sino “delitos penales basados en pruebas” recogidos en la ley americana de espionaje de 2017.
Dobbin dijo que Assange es requerido por conspirar con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) para obtener ilícitamente información militar clasificada y por difundirla, poniendo en peligro a “numerosos informantes inocentes de Estados Unidos” en países como Irak, Afganistán, China, Irán o Siria.
Subrayó que es incorrecto cuando la defensa trata de comparar al acusado, del que dijo que trató entre 2009 y 2015 de reclutar a piratas informáticos para su portal, con “un periodista o editor ordinarios” que use fuentes para sus noticias.
El juez Adam Johnson inquirió sobre un argumento de la defensa que sostiene que no fue WikiLeaks quien difundió inicialmente los nombres de los informantes, sino que quedaron expuestos cuando un periodista desveló en un libro la contraseña de los archivos, y también en relación con la posible pena de muerte, prohibida en el Reino Unido.
En la vista de este miércoles estuvieron presentes en la sala Stella Assange, esposa del imputado, y su padre, John Shipton, mientras a las puertas del edificio cientos de personas pedían su liberación y que Washington retire los cargos.
Al término de la sesión, la portavoz de campañas de Reporteros sin Fronteras (RSF), Rebecca Vicent, dijo que “el hecho sigue siendo que la publicación por WikiLeaks en 2010 de los documentos clasificados filtrados (por Manning) expuso información que era de interés público y sirvió al periodismo en todo el mundo”.
Assange, que lleva casi 14 años de cautiverio en Inglaterra sin haber sido condenado por ningún delito, sigue en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, entre temores por el deterioro de su salud.
El Tribunal Superior de Londres decidirá próximamente, en una fecha no especificada, si autoriza a Julian Assange a volver a recurrir en el Reino Unido o si, en cambio, puede activarse su extradición a Estados Unidos, aprobada por el Gobierno británico en 2022.
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson se retiraron a deliberar tras concluir este miércoles dos días de audiencias en los que expusieron sus argumentos los defensores del australiano, que estuvo ausente por enfermedad, y la fiscalía británica, en representación de la Administración estadounidense.
EE.UU. reclama a Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso presuntos crímenes de guerra de ese país en los conflictos de Irak y Afganistán.
La defensa de Assange pidió a la corte permiso para recurrir aspectos del litigio que no apeló en otro proceso en 2021 así como la orden de extradición firmada en junio de 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel.
Si los magistrados acceden a su demanda, se iniciará un nuevo juicio de apelación ante la Justicia inglesa, que podría prolongarse en el tiempo.
Si se la deniegan, se activará su entrega a Estados Unidos, en cuyo caso sus abogados ya han dicho que solicitarán medidas cautelares para detenerla al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la apertura de un proceso allí.
Al enumerar los argumentos que fundamentarían su potencial recurso, los abogados de Assange, Edward Fitzgerald y Mark Summers, dijeron que su entrega violaría el tratado británico-estadounidense de extradición al ser los delitos imputados, a su parecer, de carácter político y contra su libertad de expresión, además de poder conllevar la pena de muerte.
Señalaron que el descubrimiento de una trama de la CIA para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres (entre 2012 y 2019) demuestra la motivación política del caso.
También argumentaron que no tendría un juicio justo en EE.UU. ya que, por la ubicación de la corte, el jurado sería elegido entre personas vinculadas al gobierno de Washington.
Aludieron a que la fiscalía estadounidense indicó que piensa solicitar que no se apliquen al programador informático las mismas protecciones constitucionales que a los ciudadanos del país, al ser él de nacionalidad australiana.
Clair Dobbin, en nombre de EE.UU., pidió por su parte al superior que desautorice el recurso y dé luz verde a la entrega, al aducir que es legal porque los cargos que se imputan al antiguo hacker no son políticos sino “delitos penales basados en pruebas” recogidos en la ley americana de espionaje de 2017.
Dobbin dijo que Assange es requerido por conspirar con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) para obtener ilícitamente información militar clasificada y por difundirla, poniendo en peligro a “numerosos informantes inocentes de Estados Unidos” en países como Irak, Afganistán, China, Irán o Siria.
Subrayó que es incorrecto cuando la defensa trata de comparar al acusado, del que dijo que trató entre 2009 y 2015 de reclutar a piratas informáticos para su portal, con “un periodista o editor ordinarios” que use fuentes para sus noticias.
El juez Adam Johnson inquirió sobre un argumento de la defensa que sostiene que no fue WikiLeaks quien difundió inicialmente los nombres de los informantes, sino que quedaron expuestos cuando un periodista desveló en un libro la contraseña de los archivos, y también en relación con la posible pena de muerte, prohibida en el Reino Unido.
En la vista de este miércoles estuvieron presentes en la sala Stella Assange, esposa del imputado, y su padre, John Shipton, mientras a las puertas del edificio cientos de personas pedían su liberación y que Washington retire los cargos.
Al término de la sesión, la portavoz de campañas de Reporteros sin Fronteras (RSF), Rebecca Vicent, dijo que “el hecho sigue siendo que la publicación por WikiLeaks en 2010 de los documentos clasificados filtrados (por Manning) expuso información que era de interés público y sirvió al periodismo en todo el mundo”.
Assange, que lleva casi 14 años de cautiverio en Inglaterra sin haber sido condenado por ningún delito, sigue en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, entre temores por el deterioro de su salud.