El Canal de Panamá no es de Estados Unidos
- 25/12/2024 00:00
- 24/12/2024 15:39
En 25 años en manos panameñas, los técnicos y todo el personal nacional han demostrado más eficiencia y conocimiento en el complejo manejo de la vía interoceánica que los norteamericanos. Si hay una obra hecha por la mano del hombre mundialmente reconocida y admirada, esa es el Canal de Panamá, iniciado por Francia a finales del siglo XIX y de cuya construcción se apoderó en el XX Estados Unidos de forma no convencional, ambicionado por su carácter estratégico comercial y militar.
El trabajo demoró años y en ella murieron 25.000 trabajadores desde la época gala, pero a Estados Unidos le llevó solo una década y concluyó en 1914 con 5.000 obreros fallecidos por fiebre amarilla y las pésimas condiciones de trabajo.
Las muertes terminaron y las obras avanzaron gracias al descubrimiento del científico cubano Carlos J. Finlay, de que el agente transmisor de la enfermedad era el mosquito Aedes aegypti.
El gobierno de Washington se hizo dueño de esa vía marítima que une al Atlántico y el Pacífico en 1904, y la administró durante 85 años como si fuese parte de su territorio nacional, mediatizando así la soberanía recién obtenida del país istmeño, hasta que los presidentes James Carter y Omar Torrijos firmaron en 1977 el tratado que lleva sus apellidos y legaliza la posesión de su verdadero dueño: Panamá.
Un cuarto de siglo después de su traspaso definitivo al pueblo panameño, y de la salida de los militares de Estados Unidos de la zona exclusiva que funcionaba como el estado 51 de la metrópolis, el presidente estadounidense electo, Donald Trump, cree que la historia no es irreversible y amenaza con reocupar y devolver a Washington el Canal y su control bajo el argumento legalmente insostenible de que las tarifas que cobra Panamá por el paso de los buques es alta.
“Esta completa estafa a nuestro país cesará inmediatamente. Si Panamá no puede garantizar una operación segura, eficiente y confiable, entonces demandaremos que nos devuelvan el Canal en su totalidad y sin lugar a dudas”, afirmó de forma irrespetuosa y prepotente hacia los panameños.
En 25 años de su posesión, los técnicos y todo el personal nativo han demostrado posiblemente más eficiencia y conocimiento en el complejo manejo de la vía interoceánica que los norteamericanos.
El presidente Mulino respondió de forma contundente que “cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”. La respuesta de Trump fue burlarse del mandatario istmeño para enfatizar su carácter despectivo y supremacista.
Como información –pues seguramente Trump no conoce ni hostia divina del Canal y su historia- Estados Unidos, en sus 85 años de administración, cambió a su favor la política financiera y su estructura de peajes en nueve ocasiones, y le pasó factura a barcos pequeños y medianos de toda categoría, como si fuesen enormes trasatlánticos. Ganó miles de millones de dólares y le dio beligerancia militar a su “propiedad”.
Ellos mismos fueron quienes diseñaron un sistema de peajes de manera que los costos totales de funcionamiento e inversión se recuperaran y dejaran una gran ganancia mediante sus tarifas y peajes.
También para recordárselo -pues parece que él y otros presidentes lo han borrado de sus frágiles memorias-, en los 85 años que la vía interoceánica estuvo bajo el dominio de Estados Unidos, Panamá recibió solamente 1.900 millones de dólares en total, es decir, 22 millones 352 mil cada año, un miserable 0.0054 por ciento de lo que ellos recibían cada año, aparte de la humillación de que en la Zona no podía ondear la bandera panameña. No hacen falta más comentarios.
Al conquistar la soberanía robada sobre la vía interoceánica, el Gobierno de Panamá, mediante la Autoridad del Canal (ACP) siguió la norma establecida, pero de acuerdo con sus intereses y no los de Estados Unidos, de fijar tarifas y peajes con criterio propio al servicio de la nación, lo cual molestó bastante a la Casa Blanca.
Trump ni siquiera tiene en cuenta los costos de operaciones, mantenimiento y modernización del Canal, su ampliación con nuevas esclusas más anchas que favorecen la navegación comercial de Estados Unidos, ni otras actividades que implicaron cambios en su política de precios.
Es importante conocer que este último carril de esclusas, o ampliación del Canal como le llamó el Gobierno, no solamente permite el tránsito de buques pospanamax y unos pocos neopanamax, sino también de naves de guerra estadounidenses de gran tonelaje como destructores y submarinos, aunque su uso debería de estar limitado por la condición de neutralidad de la vía interoceánica, y ese podría ser uno de los intereses detrás de la nueva amenaza de Trump.
En septiembre de 2007, la ACP inició las obras de ampliación, con lo cual Panamá duplicó la capacidad del viejo Canal a 600 millones de toneladas y el tránsito de buques más anchos y largos, y ese hecho abre el apetito omnipresente del nuevo mandatario.
Como en aquellos años de construcción de las nuevas esclusas me explicó en larga entrevista exclusiva -semanas antes de dejar el cargo- el exadministrador de la ACP Alberto Alemán Zubieta, Estados Unidos preparó todas las condiciones tecnológicas para beneficiarse de la ampliación de la vía que permite conectar los océanos Atlántico y Pacífico sin necesidad de un sistema ferroviario para mover las cargas de los barcos que no podían cruzarlo, desde los puertos de Balboa en el Pacífico, y el Cristóbal en el Atlántico.
Debido a esa ventaja de la ampliación, se aumentó la altura de los puentes para que pudieran pasar los grandes barcos portacontenedores y se construyeron nuevas instalaciones portuarias en la costa oriental con grúas de mayor capacidad de descarga desde Nueva York y Nueva Jersey.
Lo mismo hicieron en algunos de sus puertos Brasil y Argentina. Fue una expresión de respeto y acatamiento del acuerdo Torrijos-Carter.
El hecho a destacar es que esa gran obra, y las que están por concretar, se deben a la ejecución del Tratado Torrijos-Carter, que ahora Trump pretende convertir en papel mojado.
Si bien la ampliación del Canal la inició el expresidente Martín Torrijos en 2007, fue el gobierno de Ricardo Martinelli quien la impulsó, pero su sucesor Juan Carlos Varela la terminó e inauguró el 26 de junio de 2016.
Panamá hizo con el Canal un gran aporte al desarrollo, ampliación y modernización de una plataforma de servicios globales que vinculó la región Asia-Pacífico con el Atlántico americano, lo cual permitió el crecimiento del intercambio comercial.
Esa plataforma sigue vigente, aunque la ampliación de la vía la relativiza, pero sigue siendo el eje principal de un complejo de transporte multimodal que data de más de un siglo, el cual incluye el ferrocarril y los puertos de Balboa, Cristóbal y Manzanillo, en las entradas pacífica y atlántica, así como el hub regional de carga aérea de Tocumen, y la
autopista Panamá-Colón, ruta de la zona libre de comercio.
Por estas y otras muchas razones, las amenazas de Trump, que encajan en su peligroso eslogan favorito “América primero” (EE.UU. primero), no deben tomarse a la ligera.
Panamá acaba de conmemorar la vil y genocida invasión militar de 1989 fraguada y ejecutada en el gobierno de George HW Bush (padre), cuyo objetivo fue precisamente mantener el control del Canal.
Lo que realmente intentó Bush en 1989 fue destruir lo que ahora pretende hacer también Donald Trump: desconocer el Tratado Torrijos Carter y arrebatar a sus legítimos dueños el Canal y su zona de exclusión.
Los analistas panameños lo han repetido cientos de veces a lo largo de estos 35 años y no hay nada que añadir a sus conclusiones: el objetivo real de la invasión fue aniquilar las fuerzas panameñas que tendrían que ocuparse en solitario de la vigilancia del Canal a partir del 2000, gracias al Tratado Torrijos-Carter.
Una vez eliminado el ejército local, las tropas norteamericanas se quedarían en la Zona y se buscaría un gobierno favorable a la anulación de los acuerdos que reconocían y aceptaban la soberanía panameña del Canal, consideraron entonces los propios panameños.
Eso no llegó a suceder porque el pueblo defendió lo suyo con valentía y patriotismo. Desde el punto de vista de sus objetivos, la invasión militar fue un fracaso, sin dejar de ser un genocidio brutal, en particular entre los vecinos del populoso El Chorrillo, donde se concentraron los bombardeos.
En 1999, el Canal pasó a ser verdaderamente propiedad de Panamá como se había comprometido Carter con Torrijos y como quería todo el mundo, y operado por sus legítimos dueños.
En ese momento histórico, flameó más libre que nunca en lo alto del cerro Ancón la bandera de Panamá que llama la atención por sus enormes dimensiones, izada allí el 1 de octubre de 1980, cuando entraron en vigor los acuerdos Torrijos-Carter de 1977, que devolvieron a Panamá el Canal y su zona militar, que ahora Trump amenaza con volver a arrebatárselos al pueblo istmeño.
Lo que realmente intentó Bush en 1989 fue destruir lo que ahora pretende hacer también Donald Trump: desconocer el Tratado Torrijos Carter y arrebatar a sus legítimos dueños el Canal y su zona de exclusión”.
Si hay una obra hecha por la mano del hombre mundialmente reconocida y admirada, esa es el Canal de Panamá, iniciado por Francia a finales del siglo XIX y de cuya construcción se apoderó en el XX Estados Unidos de forma no convencional, ambicionado por su carácter estratégico comercial y militar.
El trabajo demoró años y en ella murieron 25.000 trabajadores desde la época gala, pero a Estados Unidos le llevó solo una década y concluyó en 1914 con 5.000 obreros fallecidos por fiebre amarilla y las pésimas condiciones de trabajo.
Las muertes terminaron y las obras avanzaron gracias al descubrimiento del científico cubano Carlos J. Finlay, de que el agente transmisor de la enfermedad era el mosquito Aedes aegypti.
El gobierno de Washington se hizo dueño de esa vía marítima que une al Atlántico y el Pacífico en 1904, y la administró durante 85 años como si fuese parte de su territorio nacional, mediatizando así la soberanía recién obtenida del país istmeño, hasta que los presidentes James Carter y Omar Torrijos firmaron en 1977 el tratado que lleva sus apellidos y legaliza la posesión de su verdadero dueño: Panamá.
Un cuarto de siglo después de su traspaso definitivo al pueblo panameño, y de la salida de los militares de Estados Unidos de la zona exclusiva que funcionaba como el estado 51 de la metrópolis, el presidente estadounidense electo, Donald Trump, cree que la historia no es irreversible y amenaza con reocupar y devolver a Washington el Canal y su control bajo el argumento legalmente insostenible de que las tarifas que cobra Panamá por el paso de los buques es alta.
“Esta completa estafa a nuestro país cesará inmediatamente. Si Panamá no puede garantizar una operación segura, eficiente y confiable, entonces demandaremos que nos devuelvan el Canal en su totalidad y sin lugar a dudas”, afirmó de forma irrespetuosa y prepotente hacia los panameños.
En 25 años de su posesión, los técnicos y todo el personal nativo han demostrado posiblemente más eficiencia y conocimiento en el complejo manejo de la vía interoceánica que los norteamericanos.
El presidente Mulino respondió de forma contundente que “cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”. La respuesta de Trump fue burlarse del mandatario istmeño para enfatizar su carácter despectivo y supremacista.
Como información –pues seguramente Trump no conoce ni hostia divina del Canal y su historia- Estados Unidos, en sus 85 años de administración, cambió a su favor la política financiera y su estructura de peajes en nueve ocasiones, y le pasó factura a barcos pequeños y medianos de toda categoría, como si fuesen enormes trasatlánticos. Ganó miles de millones de dólares y le dio beligerancia militar a su “propiedad”.
Ellos mismos fueron quienes diseñaron un sistema de peajes de manera que los costos totales de funcionamiento e inversión se recuperaran y dejaran una gran ganancia mediante sus tarifas y peajes.
También para recordárselo -pues parece que él y otros presidentes lo han borrado de sus frágiles memorias-, en los 85 años que la vía interoceánica estuvo bajo el dominio de Estados Unidos, Panamá recibió solamente 1.900 millones de dólares en total, es decir, 22 millones 352 mil cada año, un miserable 0.0054 por ciento de lo que ellos recibían cada año, aparte de la humillación de que en la Zona no podía ondear la bandera panameña. No hacen falta más comentarios.
Al conquistar la soberanía robada sobre la vía interoceánica, el Gobierno de Panamá, mediante la Autoridad del Canal (ACP) siguió la norma establecida, pero de acuerdo con sus intereses y no los de Estados Unidos, de fijar tarifas y peajes con criterio propio al servicio de la nación, lo cual molestó bastante a la Casa Blanca.
Trump ni siquiera tiene en cuenta los costos de operaciones, mantenimiento y modernización del Canal, su ampliación con nuevas esclusas más anchas que favorecen la navegación comercial de Estados Unidos, ni otras actividades que implicaron cambios en su política de precios.
Es importante conocer que este último carril de esclusas, o ampliación del Canal como le llamó el Gobierno, no solamente permite el tránsito de buques pospanamax y unos pocos neopanamax, sino también de naves de guerra estadounidenses de gran tonelaje como destructores y submarinos, aunque su uso debería de estar limitado por la condición de neutralidad de la vía interoceánica, y ese podría ser uno de los intereses detrás de la nueva amenaza de Trump.
En septiembre de 2007, la ACP inició las obras de ampliación, con lo cual Panamá duplicó la capacidad del viejo Canal a 600 millones de toneladas y el tránsito de buques más anchos y largos, y ese hecho abre el apetito omnipresente del nuevo mandatario.
Como en aquellos años de construcción de las nuevas esclusas me explicó en larga entrevista exclusiva -semanas antes de dejar el cargo- el exadministrador de la ACP Alberto Alemán Zubieta, Estados Unidos preparó todas las condiciones tecnológicas para beneficiarse de la ampliación de la vía que permite conectar los océanos Atlántico y Pacífico sin necesidad de un sistema ferroviario para mover las cargas de los barcos que no podían cruzarlo, desde los puertos de Balboa en el Pacífico, y el Cristóbal en el Atlántico.
Debido a esa ventaja de la ampliación, se aumentó la altura de los puentes para que pudieran pasar los grandes barcos portacontenedores y se construyeron nuevas instalaciones portuarias en la costa oriental con grúas de mayor capacidad de descarga desde Nueva York y Nueva Jersey.
Lo mismo hicieron en algunos de sus puertos Brasil y Argentina. Fue una expresión de respeto y acatamiento del acuerdo Torrijos-Carter.
El hecho a destacar es que esa gran obra, y las que están por concretar, se deben a la ejecución del Tratado Torrijos-Carter, que ahora Trump pretende convertir en papel mojado.
Si bien la ampliación del Canal la inició el expresidente Martín Torrijos en 2007, fue el gobierno de Ricardo Martinelli quien la impulsó, pero su sucesor Juan Carlos Varela la terminó e inauguró el 26 de junio de 2016.
Panamá hizo con el Canal un gran aporte al desarrollo, ampliación y modernización de una plataforma de servicios globales que vinculó la región Asia-Pacífico con el Atlántico americano, lo cual permitió el crecimiento del intercambio comercial.
Esa plataforma sigue vigente, aunque la ampliación de la vía la relativiza, pero sigue siendo el eje principal de un complejo de transporte multimodal que data de más de un siglo, el cual incluye el ferrocarril y los puertos de Balboa, Cristóbal y Manzanillo, en las entradas pacífica y atlántica, así como el hub regional de carga aérea de Tocumen, y la
autopista Panamá-Colón, ruta de la zona libre de comercio.
Por estas y otras muchas razones, las amenazas de Trump, que encajan en su peligroso eslogan favorito “América primero” (EE.UU. primero), no deben tomarse a la ligera.
Panamá acaba de conmemorar la vil y genocida invasión militar de 1989 fraguada y ejecutada en el gobierno de George HW Bush (padre), cuyo objetivo fue precisamente mantener el control del Canal.
Lo que realmente intentó Bush en 1989 fue destruir lo que ahora pretende hacer también Donald Trump: desconocer el Tratado Torrijos Carter y arrebatar a sus legítimos dueños el Canal y su zona de exclusión.
Los analistas panameños lo han repetido cientos de veces a lo largo de estos 35 años y no hay nada que añadir a sus conclusiones: el objetivo real de la invasión fue aniquilar las fuerzas panameñas que tendrían que ocuparse en solitario de la vigilancia del Canal a partir del 2000, gracias al Tratado Torrijos-Carter.
Una vez eliminado el ejército local, las tropas norteamericanas se quedarían en la Zona y se buscaría un gobierno favorable a la anulación de los acuerdos que reconocían y aceptaban la soberanía panameña del Canal, consideraron entonces los propios panameños.
Eso no llegó a suceder porque el pueblo defendió lo suyo con valentía y patriotismo. Desde el punto de vista de sus objetivos, la invasión militar fue un fracaso, sin dejar de ser un genocidio brutal, en particular entre los vecinos del populoso El Chorrillo, donde se concentraron los bombardeos.
En 1999, el Canal pasó a ser verdaderamente propiedad de Panamá como se había comprometido Carter con Torrijos y como quería todo el mundo, y operado por sus legítimos dueños.
En ese momento histórico, flameó más libre que nunca en lo alto del cerro Ancón la bandera de Panamá que llama la atención por sus enormes dimensiones, izada allí el 1 de octubre de 1980, cuando entraron en vigor los acuerdos Torrijos-Carter de 1977, que devolvieron a Panamá el Canal y su zona militar, que ahora Trump amenaza con volver a arrebatárselos al pueblo istmeño.