Llegada de presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador.
AFP
El presidente Bukele difunde la llegada de deportados venezolanos y salvadoreños. Trump niega haber incumplido y desafía una orden judicial mientras se intensifica el conflicto legal sobre la política migratoria
El pasado fin de semana, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales un video en el que se veía bajar de un avión a decenas de hombres con esposas en las manos y escoltados por seguridad extrema. Presuntamente se trató de 238 miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua quienes llegaron en la madrugada del domingo al país centroamericano junto con otros 23 supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
La llegada de los deportados se produjo a pesar que un juez federal le había impedido al presidente estadounidense, Donald Trump, invocar una centenaria ley para justificar dichas expulsiones del país. Bukele no tardó en ridiculizar el tema en redes sociales.
”¡Uy!... demasiado tarde”, escribió el mandatario salvadoreño.
Estados Unidos envió a más de 200 presuntos miembros de una pandilla venezolana a prisión en El Salvador.
Bukele informó que los detenidos fueron traslados al Centro de Cofinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador “durante un año”, renovable. Esto sugiere que dicho tiempo puede ser extendido y que los presos podrían permanecer más tiempo allí.
Este lunes 17 de marzo, el Departamento de Justicia pidió recusar al magistrado al cargo del caso de los venezolanos deportados, James Boasberg, y los abogados del Gobierno se negaron a contestar sus preguntas.
El debate se centró en la Casa Blanca sobre si se había desobedecido la orden del juez de distrito Boasberg, del circuito de Washington, que prohibió la deportación de los 238 venezolanos y a los que la el gobierno trumpista acusa de pertenecer a la organización delictiva Tren de Aragua.
La instrucción del magistrado incluyó el regreso de los aviones que los transportaban sin importar si habían despegado o estuviesen en pleno vuelo. Sin embargo, las aeronaves no regresaron y descendieron en El Salvador. Es en ese momento donde Bukele decide compartir su mensaje en redes sociales al cual medios como CNN y El País señalan como una burla al juez estadounidense que no pudo impedir la deportación.
La Casa Blanca se mantiene con su postura de que actuó de forma correcta y que no desobedeció ninguna instrucción judicial. Los aviones ya sobrevolaban espacios internacionales cuando llegó la orden, por lo que los tribunales “no tenían jurisdicción” en el caso, sostiene Trump.
Presos son rapados al ingresar al Cecot en El Salvador.
Boasberg programó una audiencia para hoy sobre el caso y dio la orden al Gobierno para que brindara información exacta sobre las horas de vuelos, incluido si el despegue de las naves se dio antes que él emitiera su orden.
Debido a la audiencia, los abogados del Departamento de Justicia intensificaron el debate entre el Gobierno y los jueces.
Por un lado, presentaban una demanda ante un tribunal de apelaciones para que se retire del caso a Boasberg por sus “procedimientos impropios”.
Parte de la disputa se centra en que hubo dos versiones de la orden. De palabra, alrededor de las 18:48 del sábado, el juez prohibió los vuelos y precisó que tendrían que regresar de inmediato si se encontraban ya en el aire.
La instrucción escrita, que no contenía esa precisión, se dio a conocer a las 19:26. Sin embargo, según las aplicaciones designadas para rastrear los vuelos indicaron que los aviones aterrizaron en Honduras a las 19:37 con la intención de continuar hacia El Salvador.
La Casa Blanca ha sostenido en todo este tiempo que “las acciones de la Administración no están en conflicto con la orden escrita” y que las aeronaves ascendieron antes de que el documento oficial estuviese publicado. Durante una rueda de prensa este lunes, la portavoz de la Mansión Ejecutiva, Karoline Leavitt, puso en duda que la orden verbal tuviera el mismo piso legal que el documento escrito.
Trump sostiene que no incumplió ninguna orden judicial ya que los aviones se encontraban en aguas internacionales cuando el documento oficial que lo prohibía fue emitido.
“La orden, que no tiene base legítima, fue emitida después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya hubieran abandonado el territorio estadounidense”, apuntó Leavitt.
Por otro lado, los abogados del Departamento de Justicia siguen esta misma linea. En sus argumentos escritor, los cuales fueron entregados previo al encuentro ordenado por Boasberg, plantearon que “una directiva oral no se puede hacer cumplir como una orden por escrito”.
El hecho de que en este caso el documento escrito no incluyera la orden expresa del regreso de los aviones “podía representar un juicio mejor pensado del tribunal sobre el ejercicio adecuado de sus poderes”, apuntaron. “De acuerdo con la práctica legal establecida, prevaleció la orden más restrictiva”.
Boasberg respondió a esto con: “¿Están diciendo que pensaron que podían desobedecer porque no estaba en una orden por escrito?”. Dio hasta el mediodía del martes 18 de marzo para que los abogados del Gobierno para que entreguen la información que solicitó sobre los vuelos al igual que la cantidad de personas que podrían verse afectadas por la forma en la que la Administración quiso manejar las expulsiones de los extranjeros.
El encuentro de este lunes tenía como objetivo establecer cómo se desarrollaron los hechos el pasado sábado con el fin de definir si hubo desacato. El viernes Boasberg tiene prevista otra audiencia para determinar si la Casa Blanca puede recurrir a la norma del siglo XVIII y a deportaciones sumarias.
Según El País, expertos legales insisten en que el momento en el que despegaron los aviones es irrelevante para la obligación de cumplir la orden judicial. “La jurisdicción de un tribunal federal no acaba al borde del mar”, escribió el catedrático de Derecho de la Universidad de Georgetown Steve Vladeck en la red social Bluesky. “La cuestión es si los defensores están sujetos a la orden judicial, no dónde ocurre la conducta contra la que se interpone la demanda”.
En declaraciones a la cadena de televisión conservadora Fox News, el responsable de la Casa Blanca para la frontera, Tom Homan, aseguró que el Gobierno va a seguir adelante con las deportaciones, las expulsiones sumarias y el uso de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
“La ley, pensada para tiempos de guerra, concede al presidente poderes extraordinarios para expulsar a personas no ciudadanas que deben lealtad a potencias extranjeras, en casos de conflicto o invasión por parte de un país enemigo”, escribió el diario español.
Agregó que la misma solo fue invocada a lo largo del tiempo en tres ocasiones: en la guerra de 1812 contra el Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial contra ciudadanos austrohúngaros y en la Segunda Guerra Mundial para internar a personas de origen japonés, alemán o italiano en campos de prisioneros.
“No vamos a parar”, sostenía Homan. “Me da igual lo que piensen los jueces, me da igual lo que piense la derecha. Vamos a por ello”.
“Esta gente son terroristas extranjeros”, sostuvo Leavitt por su parte. “Son monstruos horribles, violadores, asesinos, depredadores que no tienen derecho a estar en este país, y tienen que rendir cuentas”.
El domingo, la portavoz declaró en un comunicado que “un solo juez en una sola ciudad no puede controlar los movimientos de un avión... lleno de terroristas extranjeros expulsados físicamente de suelo estadounidense”.
El giro de la Casa Blanca hacia una postura muy popular entre sus seguidores, a costa de los procedimientos legales y el enfrentamiento con los jueces, podría provocar una intensificación del desafío de la Administración Trump al sistema estadounidense de separación de poderes y control judicial, según El País.
Desde su llegada al poder hace casi dos meses, los representantes del Gobierno y sus apoyos han expresado repetidamente su descontento por las decisiones judiciales que bloquean sus acciones más controvertidas, como el despido de empleados federales y la cancelación del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Trump, por su parte, criticó el domingo al juez Boasberg, quien según él “se está colocando en el lugar del presidente de Estados Unidos, elegido con casi ochenta millones de votos”.
El abogado especializado en seguridad nacional, Mark Said, advirtió en la red social X que “estamos iniciando una verdadera crisis constitucional”.En sus declaraciones a la prensa desde el Air Force One el domingo por la noche, Trump afirmó que la expulsión de 238 venezolanos a prisiones de El Salvador se debía a una situación “más peligrosa que una guerra”, describiéndola como una invasión de “malas personas”.
El caso de los venezolanos deportados no es el único que podría generar una fuerte lucha judicial sobre la política migratoria estadounidense. Rasha Alawieh, profesora de la Universidad de Brown, de nacionalidad libanesa y con visado de trabajo, viajó a su país natal para visitar a su familia. Al regresar, se le impidió ingresar a Estados Unidos y fue deportada a Líbano vía París.
El juez encargado de su caso en Boston suspendió en última instancia una audiencia para revisar los detalles, luego de que varios abogados de Alawieh se retirasen de la demanda. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Alawieh tenía en su teléfono fotos de líderes del grupo islamista radical libanés Hezbolá y asistió al funeral de su líder, Hasan Nasralá, asesinado por Israel el año pasado.El Consejo de Relaciones Árabe-Estadounidenses (CAIR) denunció que la deportación de la médica fue “ilegal”.
“Deportar a inmigrantes legales como la doctora Alawieh sin justificación alguna socava el Estado de derecho y refuerza la idea de que nuestro sistema de inmigración se está convirtiendo en una institución antimusulmana y supremacista blanca, que intenta expulsar y rechazar a tantos musulmanes y personas de minorías como sea posible”, afirma CAIR.
La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó al estudiante palestino Mahmoud Khalil en Nueva Jersey y lo trasladó a un centro de detención. El Departamento de Estado canceló su permiso de residencia, acusándolo de ser simpatizante de Hamás, después de que Khalil participara en manifestaciones pro-palestinas en su universidad, Columbia. Sus abogados recalcan que Khalil no ha sido acusado de ningún crimen y afirman que se está violando su derecho a la libertad de expresión.
