Asamblea dominada por el partido de Bukele aprueba minería en El Salvador
- 24/12/2024 00:00
- 23/12/2024 18:24
El aval de la normativa, propuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ocurre pese al rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y universidades, por el impacto en las comunidades rurales y el medio ambiente Diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y de partidos aliados en la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobaron este lunes una ley para permitir la exploración y explotación minera en el país, actividades prohibidas desde 2017 por considerarlas como una “amenaza para el desarrollo y bienestar de la familia”.
La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
El aval de la normativa, propuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ocurre pese al rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y universidades, por el impacto en las comunidades rurales y el medio ambiente.
Dicha ley tiene como objetivo “la regulación de todos los aspectos relacionados con las acciones del Estado relativas a estudios de conocimiento superficial y prospección, exploración y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo, del subsuelo comprendido en territorio nacional, así como dominio marítimo, independientemente de su estado físico”.
Además, contempla que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, a través de la Dirección de Minas, “es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley”.
La ley, en su artículo 6, indica que “el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica. Esto podrá hacerlo a través de instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad o de sociedades en la que posea participación accionaría”.
El ambientalista Luis González dijo este lunes a EFE que “es falso” que solo será el Estado quien realice esta práctica, ya que “puede haber asocios público-privados, sociedades mercantiles y empresas trasnacionales”.
La normativa prohíbe el uso del mercurio, pero ambientalistas han señalado que para la extracción de metales como oro y plata se hace uso del cianuro, un compuesto químico “altamente” tóxico para “el agua, la salud y la vida de las personas”.
Dicha ley, que entrará en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial, deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017 y que veta la explotación minera en “el suelo y biosubsuelo del territorio” salvadoreño, e incluye las actividades de “exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo”.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.
Rechazo ciudadano Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) presentada este lunes revela que casi el 60 % de los ciudadanos considera que El Salvador no es un país para la explotación minera y que 61 % cree que esta práctica “tendría algún tipo de impacto negativo” sobre el medio ambiente.
De acuerdo con el sondeo, el 23 % de los salvadoreños considera que El Salvador es un país apropiado para la minería, el 59,2 % dijo que no es apropiado y 17,8 % no sabe o no respondió.
Además, revela que 61 de cada 100 salvadoreños cree que la minería metálica “tendría algún tipo de impacto negativo” sobre el medio ambiente.
El 29,9 % considera que la contaminación de las fuentes de agua sería el principal impacto de esta práctica, un 15,6 % de la población cree que será la contaminación general del medio ambiente y 7,7 % dijo que contribuirá a la deforestación.
Además, la encuesta indica que aproximadamente 95 de cada 100 ciudadanos advierten que vivir cerca de una mina “conlleva algún nivel de peligro” y que solamente 3 de cada 100 salvadoreños consideran que serán los trabajadores o la población en general quienes “recibirían la mayor parte de la riqueza generada por la minería”.
La encuesta del Iudop se efectuó entre el 5 y 27 de diciembre con una muestra de 1.266 entrevistas a nivel nacional, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos el 2,7 %.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), se dispone este lunes a aprobar una ley para permitir la exploración y explotación minera en el país, con lo que estaría dejando sin efecto una normativa que prohíbe desde 2017 dicha práctica.
La aprobación de esta ley ocurre a pesar del rechazo de ambientalistas, organizaciones comunales y de sociedad civil, de iglesias y de universidad a esta práctica por su impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.
La propuesta de Bukele ha polarizado al país sobre la explotación mineraOpinión públicaUna encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) presentada este lunes, revela que casi el 60 % de los ciudadanos considera que El Salvador no es un país para la explotación minera
Diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y de partidos aliados en la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobaron este lunes una ley para permitir la exploración y explotación minera en el país, actividades prohibidas desde 2017 por considerarlas como una “amenaza para el desarrollo y bienestar de la familia”.
La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
El aval de la normativa, propuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ocurre pese al rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y universidades, por el impacto en las comunidades rurales y el medio ambiente.
Dicha ley tiene como objetivo “la regulación de todos los aspectos relacionados con las acciones del Estado relativas a estudios de conocimiento superficial y prospección, exploración y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo, del subsuelo comprendido en territorio nacional, así como dominio marítimo, independientemente de su estado físico”.
Además, contempla que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, a través de la Dirección de Minas, “es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley”.
La ley, en su artículo 6, indica que “el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica. Esto podrá hacerlo a través de instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad o de sociedades en la que posea participación accionaría”.
El ambientalista Luis González dijo este lunes a EFE que “es falso” que solo será el Estado quien realice esta práctica, ya que “puede haber asocios público-privados, sociedades mercantiles y empresas trasnacionales”.
La normativa prohíbe el uso del mercurio, pero ambientalistas han señalado que para la extracción de metales como oro y plata se hace uso del cianuro, un compuesto químico “altamente” tóxico para “el agua, la salud y la vida de las personas”.
Dicha ley, que entrará en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial, deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017 y que veta la explotación minera en “el suelo y biosubsuelo del territorio” salvadoreño, e incluye las actividades de “exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo”.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) presentada este lunes revela que casi el 60 % de los ciudadanos considera que El Salvador no es un país para la explotación minera y que 61 % cree que esta práctica “tendría algún tipo de impacto negativo” sobre el medio ambiente.
De acuerdo con el sondeo, el 23 % de los salvadoreños considera que El Salvador es un país apropiado para la minería, el 59,2 % dijo que no es apropiado y 17,8 % no sabe o no respondió.
Además, revela que 61 de cada 100 salvadoreños cree que la minería metálica “tendría algún tipo de impacto negativo” sobre el medio ambiente.
El 29,9 % considera que la contaminación de las fuentes de agua sería el principal impacto de esta práctica, un 15,6 % de la población cree que será la contaminación general del medio ambiente y 7,7 % dijo que contribuirá a la deforestación.
Además, la encuesta indica que aproximadamente 95 de cada 100 ciudadanos advierten que vivir cerca de una mina “conlleva algún nivel de peligro” y que solamente 3 de cada 100 salvadoreños consideran que serán los trabajadores o la población en general quienes “recibirían la mayor parte de la riqueza generada por la minería”.
La encuesta del Iudop se efectuó entre el 5 y 27 de diciembre con una muestra de 1.266 entrevistas a nivel nacional, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos el 2,7 %.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), se dispone este lunes a aprobar una ley para permitir la exploración y explotación minera en el país, con lo que estaría dejando sin efecto una normativa que prohíbe desde 2017 dicha práctica.
La aprobación de esta ley ocurre a pesar del rechazo de ambientalistas, organizaciones comunales y de sociedad civil, de iglesias y de universidad a esta práctica por su impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.