Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordena investigar a Transparencia Internacional
- 07/02/2024 00:00
- 06/02/2024 18:57
La decisión fue tomada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli bajo la presunción de que Transparencia Internacional, la ofician de Brasil, pudo haber recibido dinero recuperado por la operación anticorrupción Lava Jato Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó instaurar el pasado lunes una investigación sobre la actividad de la organización no gubernamental Transparencia Internacional en el país, para aclarar una “eventual apropiación indebida de recursos públicos”, algo que esa entidad ha rechazado con firmeza.
La decisión fue tomada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli bajo la presunción de que Transparencia Internacional pudo haber recibido dinero recuperado por la operación anticorrupción Lava Jato, que en realidad debería haber ido a las arcas del Estado.
La investigación estará centrada en el capítulo brasileño de la ONG, fundada en 1993, que tiene su sede principal en Berlín y sus actividades están volcadas a la investigación y denuncia de asuntos de corrupción.
Según Dias Toffoli, existen indicios de que en un acuerdo de lenidad firmado por la empresa J&F en el marco de la operación Lava Jato, los fiscales de esa operación acordaron que el capítulo brasileño de Transparencia Internacional administraría parte del dinero obtenido con las sanciones pecuniarias aplicadas a la empresa.
De acuerdo al juez, ese dinero sería entregado a través de una “fundación” que los fiscales pretendían constituir para gestionar el dinero recuperado de la corrupción y en la que tendría algún grado de participación esa organización no gubernamental.
Sin embargo, en 2019, la Corte Suprema declaró la ilegalidad de esa “fundación”, suspendió los trámites para su creación y determinó que el dinero de la corrupción fuera depositado en las cuentas del Tesoro Nacional.
Tras conocerse la decisión de Dias Toffoli, el capítulo brasileño de Transparencia Internacional rechazó todas las sospechas a través de una nota, la cual afirmó que “jamás recibió o recibiría, directa o indirectamente algún recurso” originado en acuerdos de cooperación con la Justicia.
La ONG aclara que sí estableció acuerdos “formales y públicos” con las autoridades brasileñas para la realización de “un estudio técnico con principios, directrices y mejores prácticas” para “la destinación de recursos compensatorios en casos de corrupción”.
También sostiene que “reacciones hostiles al trabajo” de esa organización “son cada vez más graves y comunes, en diversas partes del mundo”, y afirma que los “ataques a las veces críticas de la sociedad, que denuncian la corrupción y la impunidad de poderosos”, no pueden “ser naturalizados”.
La operación Lava Jato comenzó en 2014 centrada en diversos fraudes detectados en la estatal brasileña Petrobras y desveló una enorme trama de corrupción que incluso tenía tentáculos en varios países y llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos, entre los que figuró el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, muchos de los procesos de esa operación han sido progresivamente anulados por la Justicia, debido a irregularidades en las que incurrieron los fiscales y el hoy senador Sérgio Moro, en la época juez de primera instancia y responsable de los juicios.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó instaurar el pasado lunes una investigación sobre la actividad de la organización no gubernamental Transparencia Internacional en el país, para aclarar una “eventual apropiación indebida de recursos públicos”, algo que esa entidad ha rechazado con firmeza.
La decisión fue tomada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli bajo la presunción de que Transparencia Internacional pudo haber recibido dinero recuperado por la operación anticorrupción Lava Jato, que en realidad debería haber ido a las arcas del Estado.
La investigación estará centrada en el capítulo brasileño de la ONG, fundada en 1993, que tiene su sede principal en Berlín y sus actividades están volcadas a la investigación y denuncia de asuntos de corrupción.
Según Dias Toffoli, existen indicios de que en un acuerdo de lenidad firmado por la empresa J&F en el marco de la operación Lava Jato, los fiscales de esa operación acordaron que el capítulo brasileño de Transparencia Internacional administraría parte del dinero obtenido con las sanciones pecuniarias aplicadas a la empresa.
De acuerdo al juez, ese dinero sería entregado a través de una “fundación” que los fiscales pretendían constituir para gestionar el dinero recuperado de la corrupción y en la que tendría algún grado de participación esa organización no gubernamental.
Sin embargo, en 2019, la Corte Suprema declaró la ilegalidad de esa “fundación”, suspendió los trámites para su creación y determinó que el dinero de la corrupción fuera depositado en las cuentas del Tesoro Nacional.
Tras conocerse la decisión de Dias Toffoli, el capítulo brasileño de Transparencia Internacional rechazó todas las sospechas a través de una nota, la cual afirmó que “jamás recibió o recibiría, directa o indirectamente algún recurso” originado en acuerdos de cooperación con la Justicia.
La ONG aclara que sí estableció acuerdos “formales y públicos” con las autoridades brasileñas para la realización de “un estudio técnico con principios, directrices y mejores prácticas” para “la destinación de recursos compensatorios en casos de corrupción”.
También sostiene que “reacciones hostiles al trabajo” de esa organización “son cada vez más graves y comunes, en diversas partes del mundo”, y afirma que los “ataques a las veces críticas de la sociedad, que denuncian la corrupción y la impunidad de poderosos”, no pueden “ser naturalizados”.
La operación Lava Jato comenzó en 2014 centrada en diversos fraudes detectados en la estatal brasileña Petrobras y desveló una enorme trama de corrupción que incluso tenía tentáculos en varios países y llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos, entre los que figuró el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, muchos de los procesos de esa operación han sido progresivamente anulados por la Justicia, debido a irregularidades en las que incurrieron los fiscales y el hoy senador Sérgio Moro, en la época juez de primera instancia y responsable de los juicios.