Sin mostrar actas, Tribunal venezolano valida triunfo de Maduro
- 23/08/2024 00:00
- 22/08/2024 19:48
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es visto como un aliado del oficialismo, se pronunció sobre las elecciones del país para ratificar la decisión del Consejo Nacional Electoral El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela validó, sin sorpresa, la reelección de Nicolás Maduro como presidente del país suramericano.
Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ que es controlado por el oficialismo, dijo que los resultados electorales de las pasadas elecciones presidenciales son válidos de manera “definitiva, irrestricta e inequívoca”. El Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad también dirigida por funcionarios con vínculos al oficialismo, declaró a Maduro como ganador de las elecciones en la noche del 28 de julio.
El TSJ en sus declaraciones, sin embargo, no proporcionó las actas de escrutinio que ha sido un reclamo de la oposición y de los gobiernos de la región que se hagan públicas las actas. Han pasado 25 días de las elecciones y no se han hecho publico las actas.
Rodríguez, desde la sede del TSJ, expresó que “con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral”.
“Esta sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio” concluyó la presidenta del TSJ ante las altas autoridades gubernamentales y representantes diplomáticos.
Rodríguez dijo que hubo un ataque cibernético masivo durante el proceso electoral y alabó el alto nivel de los peritos nacionales e internacionales encargados del peritaje de los resultados. También ratificó la competencia de la sala electoral del TSJ y defendió la intervención del máximo tribunal en el proceso electoral.
Rodríguez dijo que Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición y que reclama el triunfo electoral, “incurrió en desacato” al no presentarse a las citaciones que se le habían hecho en el tribunal y por esto recibiría sanciones.
Maduro inició este proceso judicial el 9 de agosto para llevar a cabo una auditoría de los resultados de las elecciones presidenciales, en respuesta a las críticas por falta de transparencia y a las presiones internacionales.
Diosdado Cabello, uno de los más poderosos aliados del gobierno, advirtió un día antes del pronunciamiento del TSJ, en su programa televisivo Con el Mazo Dando, que los partidos políticos que no reconozcan la sentencia del TSJ sobre las elecciones del 28 de julio serán excluidos de los próximos comicios regionales.
González Urrutia lanzó un contundente mensaje al TSJ en su cuenta de X. “Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular”, escribió. Agregó que la decisión del Tribunal sólo agravará la crisis política en el país. “El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto”, añadió, refiriéndose a la falta de independencia del TSJ y el CNE.
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, dijo González
Charbel Najm Tino, vicepresidente y cofundador de Alianzaxvenezuela, aseguró por el noticiero NTN24, que este resultado era previsible, dado que el TSJ colabora estrechamente con el gobierno. Sin embargo, Najm mencionó que “no tiene sentido legal que el TSJ intervenga en una instancia cuando todavía el CNE no ha cumplido las etapas que el mismo código electoral establece que debe cumplir. Para que el CNE pudiera haber emitido un resultado y poder proclamar un presidente, debió detallar los resultados por centro de votación y haber cumplido ciertas instancias de verificación y auditoría”.
La comunidad internacional, incluida la ONU, ha manifestado su preocupación por la falta de imparcialidad de las instituciones venezolanas encargadas de garantizar la transparencia electoral. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió este jueves 22 de agosto que tanto el TSJ como el CNE carecen de la independencia necesaria para llevar a cabo una auditoría justa de los resultados electorales.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela validó, sin sorpresa, la reelección de Nicolás Maduro como presidente del país suramericano.
Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ que es controlado por el oficialismo, dijo que los resultados electorales de las pasadas elecciones presidenciales son válidos de manera “definitiva, irrestricta e inequívoca”. El Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad también dirigida por funcionarios con vínculos al oficialismo, declaró a Maduro como ganador de las elecciones en la noche del 28 de julio.
El TSJ en sus declaraciones, sin embargo, no proporcionó las actas de escrutinio que ha sido un reclamo de la oposición y de los gobiernos de la región que se hagan públicas las actas. Han pasado 25 días de las elecciones y no se han hecho publico las actas.
Rodríguez, desde la sede del TSJ, expresó que “con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral”.
“Esta sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio” concluyó la presidenta del TSJ ante las altas autoridades gubernamentales y representantes diplomáticos.
Rodríguez dijo que hubo un ataque cibernético masivo durante el proceso electoral y alabó el alto nivel de los peritos nacionales e internacionales encargados del peritaje de los resultados. También ratificó la competencia de la sala electoral del TSJ y defendió la intervención del máximo tribunal en el proceso electoral.
Rodríguez dijo que Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición y que reclama el triunfo electoral, “incurrió en desacato” al no presentarse a las citaciones que se le habían hecho en el tribunal y por esto recibiría sanciones.
Maduro inició este proceso judicial el 9 de agosto para llevar a cabo una auditoría de los resultados de las elecciones presidenciales, en respuesta a las críticas por falta de transparencia y a las presiones internacionales.
Diosdado Cabello, uno de los más poderosos aliados del gobierno, advirtió un día antes del pronunciamiento del TSJ, en su programa televisivo Con el Mazo Dando, que los partidos políticos que no reconozcan la sentencia del TSJ sobre las elecciones del 28 de julio serán excluidos de los próximos comicios regionales.
González Urrutia lanzó un contundente mensaje al TSJ en su cuenta de X. “Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular”, escribió. Agregó que la decisión del Tribunal sólo agravará la crisis política en el país. “El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto”, añadió, refiriéndose a la falta de independencia del TSJ y el CNE.
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, dijo González
Charbel Najm Tino, vicepresidente y cofundador de Alianzaxvenezuela, aseguró por el noticiero NTN24, que este resultado era previsible, dado que el TSJ colabora estrechamente con el gobierno. Sin embargo, Najm mencionó que “no tiene sentido legal que el TSJ intervenga en una instancia cuando todavía el CNE no ha cumplido las etapas que el mismo código electoral establece que debe cumplir. Para que el CNE pudiera haber emitido un resultado y poder proclamar un presidente, debió detallar los resultados por centro de votación y haber cumplido ciertas instancias de verificación y auditoría”.
La comunidad internacional, incluida la ONU, ha manifestado su preocupación por la falta de imparcialidad de las instituciones venezolanas encargadas de garantizar la transparencia electoral. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió este jueves 22 de agosto que tanto el TSJ como el CNE carecen de la independencia necesaria para llevar a cabo una auditoría justa de los resultados electorales.