Acuerdo entre EE.UU. y Panamá sobre migración podría empeorar crisis del Darién

Tras el asesinato de su madre, Livia González se vio obligada a huir del Ecuador luego de varias amenazas del crímen organizado. Su familia subsistía a partir de un pequeño negocio de comida en el sur de Quito; sin embargo, empezaron a ser extorsionados por hombres asociados a bandas criminales. Cuando su madre se negó a pagar una de las cuotas, hombres armados acabaron con su vida. Livia, también madre de dos hijos, tomó la decisión de salir de su país para cruzar el infierno del Darién.

Junto a su hija de cinco años y su bebé de seis meses, caminó por la selva hasta llegar a Bajo Chiquito, en un recorrido donde pasó todo tipo de penurias. Perdió sus documentos de identidad y no pudo evitar que la crudeza del Darién castigara a sus hijas con llagas en sus piernas. A pesar de los peligros de ser asesinada, robada o violada, Livia -cuyo nombre es otro para proteger su identidad- logró cruzar el Darién. Al mirar atrás, asegura que preferiría volver a hacerlo antes que vivir aterrorizada en Ecuador.

Este es uno de las decenas de testimonios recogidos por el informe “El tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de las Américas”, el último reporte de la organización Human Rights Watch (HRW). Este destaca graves deficiencias de los países de la región en materia humanitaria y de trato a los migrantes, donde Panamá, a pesar de la versión oficial, revela fallas graves en el manejo humanitario en la frontera colombo-panameña.

El reporte de 14 páginas al que tuvo acceso La Estrella de Panamá hace un recuento de la situación de los países de origen de migrantes, los de tránsito y acogida.

En el apartado de Panamá, describe su sistema de asilo como “inadecuado” y “carente de recursos”, lo que hace más vulnerable a los migrantes. El organismo cuestiona los largos plazos de tramitación y en la admisibilidad; además, destaca que las pocas vías de regularización o protección complementaria son limitadas para quienes se les niega el estatus de refugiado.

Lo anterior se suma a la decisión del gobierno de José Raúl Mulino de restringir el paso de los migrantes y solicitantes de asilo, señala el documento, en lugar de atender sus necesidades mientras buscan su salida rápida a Costa Rica.

El reporte también comenta sobre el Memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá, firmado el mismo día que Mulino asumió el cargo, en el que se acordaron, entre otras cosas, la deportación “voluntaria” de migrantes por vía del Estado panameño con financiamiento de Washington.

Una medida que se suma al “cierre de la frontera” que anunció el gobierno, y que asegura, habría tenido un impacto en la reducción del flujo de migrantes. El organismo expresa dudas en cuanto a la efectividad de esta política y manifiesta su preocupación por su impacto en los derechos fundamentales de los migrantes.

“Es probable que este acuerdo empeore aún más el acceso a refugio en la región”, argumentó HRW, que considera que la obstaculización de algunas rutas migratorias y el acuerdo de “repatriación” a migrantes “no cuentan con bases legales” y más bien apunta a un reparto de responsabilidad desigual con potenciales abusos en los procesos de expulsión.

“La expulsión a gran escala de solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución -es decir, de no enviar a personas a países donde están expuestas al riesgo de sufrir abusos-”, señaló el organismo, y agrega que “este acuerdo parece diseñado para reducir la responsabilidad de Estados Unidos, pues, en esencia, externaliza sus controles migratorios en un país con una capacidad evidentemente menor para evaluar de manera plena y justa las solicitudes de asilo”.

A lo anterior destaca los problemas conocidos como la insuficiente falta de instalaciones sanitarias, la escasez de agua y saneamiento, y la constante violencia sexual sin judicializar de manera correcta, que pone en peligro la vida de los migrantes.

El reporte también apunta a los problemas que sufren las comunidades indígenas en Panamá, sobre la que el organismo destacó que reciben “escaso apoyo gubernamental”. Una postura que coincide con lo dicho por el Congreso General Emberá-Wounaan, que tachó el manejo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) como una “dictadura” en Darién y las comarcas.

La autoridades han señalado que el aumento del flujo de migrantes también está relacionado con el tráfico de personas en manos de grupos criminales colombianas. Al respecto, el reporte apunta que la mayoría de los abusos de estas bandas parecen tener lugar en territorio panameño. “Los grupos criminales emboscan a migrantes y solicitantes de asilo y los amenazan con armas de fuego”.

La Estrella de Panamá llamó al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para conocer su versión, pero no respondió. El equipo de prensa de la entidad comunicó que enviarían un comunicado al respecto, pero al cierre de esta edicición no lo enviaron.

Este es el tercero de una serie de informes sobre la situación actual de los migrantes en el tapón del Darién. Desde el último año y medio, más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado Darién huyendo de la violencia, la persecución y crisis humanitarias. Ello incluye cerca de 477.000 venezolanos, 60.000 ecuatorianos y 41.000 haitianos.

HRW denuncia además un aumento de la discriminación y el sentimiento antimigrante en los países de la región, que ha “permeado” en las políticas migratorias de los Estados, lo que pone en desventaja a los migrantes. En Brasil, por ejemplo, existen problemas de integración relacionados con el desempleo y los salarios bajos que derivan del poco reconocimiento de las competencias que obtuvieron sus migrantes en sus países de origen.

A pesar de que Colombia ha tenido un papel importante para frenar la migración irregular por el Darién, el país carece de una estrategia clara de protección para los migrantes y solicitantes de asilo, lo que expone a estos al Clan del Golfo, el cual se lucra de ellos.

Según el informe, los esfuerzos del Gobierno colombiano por investigar y judicializar al Clan del Golfo en la región han dado resultados mínimos. Además, el Gobierno no dispone de datos fiables sobre el número de migrantes que cruzan y sus necesidades, lo que dificulta el suministro eficaz de alimentos, agua y asistencia sanitaria, mientras que las alcaldías locales carecen de capacidad suficiente, incluyendo expertise, personal y recursos para gestionar el alto número de migrantes que atraviesan la zona.