Tarjeta roja de la UE a Panamá equivaldría a más de $181,1 millones en pérdidas al año
- 31/10/2024 00:00
- 30/10/2024 20:31
En 2023, la Unión Europea recibió de Panamá $181,1 millones en recursos pesqueros. De no lograr la tarjeta verde en 2025, incidiría en los ingresos de la ARAP y la AMP. Unos 190 buques no podrían desembarcar y hacer transbordo, y se prohibirían las exportaciones pesqueras Panamá busca salir de la lista de países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), de la Comisión Europea obteniendo una tarjeta verde, y para ello viene haciendo adecuaciones de cara a la auditoría que realizará en el segundo trimestre de 2025 la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-MARE) de la Comisión Europea.
En agenda, la DG-MARE haría la fiscalización en noviembre de 2024, pero le dieron una extensión a Panamá de abril a junio del próximo año. La mayoría de esas adecuaciones conlleva una inversión que supera los $4 millones, donde se establecería.
Sin embargo, recibir una tarjeta roja impactaría negativamente en el sector marítimo panameño, que solo en 2023 representó $181,1 millones. La cifra se desprende del producto capturado en buques de bandera panameña por $138,2 millones, las exportaciones de la pesca nacional al mercado europeo rondó los $38 millones, y cinco empresas nacionales exportadoras envían productos acuícolas (camarones) por los $5 millones.
Además de que se impactaría directamente a 190 naves con el pabellón panameño.
Ayer, 30 de octubre, el país cumplió con una de las cinco acciones pendientes y recomendaciones de la DG-MARE e instaló la nueva Comisión Interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La Comisión Interinstitucional contra la pesca INDNR la integran representantes de las autoridades de Recursos Acuáticos de Panamá, Marítima de Panamá, Nacional de Aduanas, y los ministerios de Ambiente, Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario, Seguridad, Salud y Relaciones Exteriores.
A la ARAP —como rectora en la aplicación de leyes y políticas nacionales de pesca y acuicultura— junto con la Comisión, le corresponderá dar seguimiento e implementar las recomendaciones de la DG-MARE.
Para Eduardo Carrasquilla, titular de la ARAP, se trata de la última oportunidad que tiene el país para adecuar las recomendaciones de la DG-MARE y obtener la tarjeta verde; luego, corresponderá mantenerla.
Las normas en la Comisión Europea cambiaron. Inicialmente, el país debía ponerle fin a la pesca INDNR en 2020, pero fue hasta diciembre de 2023 que la Comisión publicó la actualización del reglamento revisado de control de pesca, y cuyas enmiendas actualizadas entraron a regir en enero de 2024.
El Reglamento INDNR entró en vigor el 1 de enero de 2010. Es aplicable al comercio de productos de la pesca marítima con la UE, y su objetivo es garantizar que ningún producto de la pesca capturada ilegalmente acabe en el mercado de la UE.
La pesca INDNR es realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas.
Panamá ha recibido dos tarjetas amarillas. La primera en 2010; hizo los ajustes y salió en 2014. La segunda fue en 2019, siendo la última evaluación para recibir la tarjeta verde o la roja en 2025.
Panamá busca salir de la lista de países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), de la Comisión Europea obteniendo una tarjeta verde, y para ello viene haciendo adecuaciones de cara a la auditoría que realizará en el segundo trimestre de 2025 la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-MARE) de la Comisión Europea.
En agenda, la DG-MARE haría la fiscalización en noviembre de 2024, pero le dieron una extensión a Panamá de abril a junio del próximo año. La mayoría de esas adecuaciones conlleva una inversión que supera los $4 millones, donde se establecería.
Sin embargo, recibir una tarjeta roja impactaría negativamente en el sector marítimo panameño, que solo en 2023 representó $181,1 millones. La cifra se desprende del producto capturado en buques de bandera panameña por $138,2 millones, las exportaciones de la pesca nacional al mercado europeo rondó los $38 millones, y cinco empresas nacionales exportadoras envían productos acuícolas (camarones) por los $5 millones.
Además de que se impactaría directamente a 190 naves con el pabellón panameño.
Ayer, 30 de octubre, el país cumplió con una de las cinco acciones pendientes y recomendaciones de la DG-MARE e instaló la nueva Comisión Interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La Comisión Interinstitucional contra la pesca INDNR la integran representantes de las autoridades de Recursos Acuáticos de Panamá, Marítima de Panamá, Nacional de Aduanas, y los ministerios de Ambiente, Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario, Seguridad, Salud y Relaciones Exteriores.
A la ARAP —como rectora en la aplicación de leyes y políticas nacionales de pesca y acuicultura— junto con la Comisión, le corresponderá dar seguimiento e implementar las recomendaciones de la DG-MARE.
Para Eduardo Carrasquilla, titular de la ARAP, se trata de la última oportunidad que tiene el país para adecuar las recomendaciones de la DG-MARE y obtener la tarjeta verde; luego, corresponderá mantenerla.
Las normas en la Comisión Europea cambiaron. Inicialmente, el país debía ponerle fin a la pesca INDNR en 2020, pero fue hasta diciembre de 2023 que la Comisión publicó la actualización del reglamento revisado de control de pesca, y cuyas enmiendas actualizadas entraron a regir en enero de 2024.
El Reglamento INDNR entró en vigor el 1 de enero de 2010. Es aplicable al comercio de productos de la pesca marítima con la UE, y su objetivo es garantizar que ningún producto de la pesca capturada ilegalmente acabe en el mercado de la UE.
La pesca INDNR es realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas.
Panamá ha recibido dos tarjetas amarillas. La primera en 2010; hizo los ajustes y salió en 2014. La segunda fue en 2019, siendo la última evaluación para recibir la tarjeta verde o la roja en 2025.