Promotores de bienes raíces respaldan interés preferencial para viviendas de segunda
- 21/04/2025 00:00
Desde Acobir consideran que la medida puede ayudar a equilibrar el mercado y ofrecer opciones más accesibles El proyecto de Ley N°252 que crea incentivos económicos para adquirir viviendas de segunda mano es bien visto por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).
“Creo que la creación de una nueva ley que sirva para renovar, revalorizar o crear incentivos para la compra de propiedades de segunda puede ser una vía para equilibrar el mercado y ofrecer opciones más accesibles”, expresó Sarita Hanono de Hamui, presidenta de Acobir.
El proyecto de Ley, que fue prohijado el pasado 9 de abril, es definido por su proponente, la diputada Yamireliz Chong, como una respuesta a la poca oferta que hay en Panamá de viviendas nuevas con un costo accesible. “En Colón y el resto del país muchas personas se ven en la necesidad de alquilar o trasladarse a otras provincias debido a los altos costos de las viviendas”, declaró a este diario.
La iniciativa legislativa pretende brindar un interés del 2 % para préstamos hipotecarios que no excedan los $300.000, durante un plazo de 10 años. A la par de establecer una exoneración sobre el impuesto de bienes e inmuebles.
El documento señala que este beneficio solo podrá ser otorgado una vez por persona. También quedarán excluidos aquellos que hayan sido beneficiados del régimen de interés preferencial para la compra de viviendas nuevas.
En el caso de que el inmueble tenga un valor entre $300.000 y $700.000 se le impondrá una tarifa progresiva combinada de 0.50 %.
Desde Acobir plantean que los apartamentos de segunda mano están quedando rezagados porque no compiten en términos de diseño, tecnología, eficiencia energética o amenidades modernas, lo que empuja a muchos compradores hacia proyectos nuevos.
“El inventario a propiedades de segunda crece sin contar con nuevos alicientes. En los apartamentos de más de 20 años los bancos ponen trabas para otorgar hipotecas, han subido los intereses y se agregan más gastos de mantenimiento e impuestos”, alegó Hanono.
Al ser consultada sobre por qué esta iniciativa no fue incluida dentro del debate de la ley de interés preferencial, que se encuentra en tercer debate, la diputada explicó que, aunque son temáticas parecidas, ambas legislaciones tienen propósitos distintos.
”La ley de interés preferencial para viviendas nuevas busca reducir el déficit habitacional, es decir, construir más casas. Este nuevo incentivo es diferente, ya que se toman en consideración otros aspectos, como el impuesto de bienes e inmuebles”, alegó.
Chong explicó que, dado que esta propuesta abarca muchos elementos, tienen previsto establecer una mesa de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. “Ellos tienen interés de apoyar, porque reconocen que hay una necesidad”, resaltó.
Este sentir es compartido por la presidenta de Acobir. “No creo que se deba mezclar con la ley de interés preferencial. Esa ley tiene un propósito claro: incentivar la construcción y el crecimiento del sector inmobiliario, lo cual también dinamiza la economía (empleo, materiales, banca, etc.). Ampliarla para cubrir propiedades de segunda mano podría desvirtuar su objetivo original y causar distorsiones, como reducir el interés de los desarrolladores en iniciar nuevos proyectos o inflar los precios de los apartamentos usados sin necesariamente mejorar su calidad”, justificó.
“Sería interesante explorar incentivos específicos para remodelación o rehabilitación, o algún tipo de tasa preferencial distinta que no compita con la de los proyectos nuevos”, agregó.
Hasta el momento, ya se han sostenido dos encuentros con el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, y el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, quienes, según la diputada, se mantienen abiertos a este anteproyecto de ley.
Se buscará entablar diálogo con el personal de Acobir y con el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, para seguir dándole forma al proyecto legislativo.
Al ser consultada sobre las estrategias que se implementarían para que este nuevo subsidio sea sostenible para el Estado, la diputada relató que su anteproyecto establece un impuesto del 3 % sobre las transferencias a título oneroso de bienes inmuebles, sean estas mediante contrato de compraventa, permuta, dación en pago o cualquiera otra convención que sirva para transferir el dominio del bien, tratándose de ventas de viviendas usadas o de segunda cuyo valor no supere los $300.000.
”Lo que queremos es mediar la carga que se va a generar, también entender de cuánto va a ser la bolsa de dinero que el Gobierno va a destinar para este proyecto, todos los años, para así saber cuántas personas se van a poder ver beneficiadas”, indicó.
Otro punto mencionado por Chong es le necesidad de establecer mecanismos que “blinden” la legislación, para evitar que sea utilizada como método para la especulación inmobiliaria. “Hasta el momento hemos establecido el tope hasta los $300.000 y tenemos que encontrar un mecanismo para evitar especulaciones”, reconoció.
La funcionaria comentó que espera que esta ley sea debatida este mes, antes de que termine la primera legislatura.
El proyecto de Ley N°252 que crea incentivos económicos para adquirir viviendas de segunda mano es bien visto por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).
“Creo que la creación de una nueva ley que sirva para renovar, revalorizar o crear incentivos para la compra de propiedades de segunda puede ser una vía para equilibrar el mercado y ofrecer opciones más accesibles”, expresó Sarita Hanono de Hamui, presidenta de Acobir.
El proyecto de Ley, que fue prohijado el pasado 9 de abril, es definido por su proponente, la diputada Yamireliz Chong, como una respuesta a la poca oferta que hay en Panamá de viviendas nuevas con un costo accesible. “En Colón y el resto del país muchas personas se ven en la necesidad de alquilar o trasladarse a otras provincias debido a los altos costos de las viviendas”, declaró a este diario.
La iniciativa legislativa pretende brindar un interés del 2 % para préstamos hipotecarios que no excedan los $300.000, durante un plazo de 10 años. A la par de establecer una exoneración sobre el impuesto de bienes e inmuebles.
El documento señala que este beneficio solo podrá ser otorgado una vez por persona. También quedarán excluidos aquellos que hayan sido beneficiados del régimen de interés preferencial para la compra de viviendas nuevas.
En el caso de que el inmueble tenga un valor entre $300.000 y $700.000 se le impondrá una tarifa progresiva combinada de 0.50 %.
Desde Acobir plantean que los apartamentos de segunda mano están quedando rezagados porque no compiten en términos de diseño, tecnología, eficiencia energética o amenidades modernas, lo que empuja a muchos compradores hacia proyectos nuevos.
“El inventario a propiedades de segunda crece sin contar con nuevos alicientes. En los apartamentos de más de 20 años los bancos ponen trabas para otorgar hipotecas, han subido los intereses y se agregan más gastos de mantenimiento e impuestos”, alegó Hanono.
Al ser consultada sobre por qué esta iniciativa no fue incluida dentro del debate de la ley de interés preferencial, que se encuentra en tercer debate, la diputada explicó que, aunque son temáticas parecidas, ambas legislaciones tienen propósitos distintos.
”La ley de interés preferencial para viviendas nuevas busca reducir el déficit habitacional, es decir, construir más casas. Este nuevo incentivo es diferente, ya que se toman en consideración otros aspectos, como el impuesto de bienes e inmuebles”, alegó.
Chong explicó que, dado que esta propuesta abarca muchos elementos, tienen previsto establecer una mesa de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. “Ellos tienen interés de apoyar, porque reconocen que hay una necesidad”, resaltó.
Este sentir es compartido por la presidenta de Acobir. “No creo que se deba mezclar con la ley de interés preferencial. Esa ley tiene un propósito claro: incentivar la construcción y el crecimiento del sector inmobiliario, lo cual también dinamiza la economía (empleo, materiales, banca, etc.). Ampliarla para cubrir propiedades de segunda mano podría desvirtuar su objetivo original y causar distorsiones, como reducir el interés de los desarrolladores en iniciar nuevos proyectos o inflar los precios de los apartamentos usados sin necesariamente mejorar su calidad”, justificó.
“Sería interesante explorar incentivos específicos para remodelación o rehabilitación, o algún tipo de tasa preferencial distinta que no compita con la de los proyectos nuevos”, agregó.
Hasta el momento, ya se han sostenido dos encuentros con el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, y el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, quienes, según la diputada, se mantienen abiertos a este anteproyecto de ley.
Se buscará entablar diálogo con el personal de Acobir y con el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, para seguir dándole forma al proyecto legislativo.
Al ser consultada sobre las estrategias que se implementarían para que este nuevo subsidio sea sostenible para el Estado, la diputada relató que su anteproyecto establece un impuesto del 3 % sobre las transferencias a título oneroso de bienes inmuebles, sean estas mediante contrato de compraventa, permuta, dación en pago o cualquiera otra convención que sirva para transferir el dominio del bien, tratándose de ventas de viviendas usadas o de segunda cuyo valor no supere los $300.000.
”Lo que queremos es mediar la carga que se va a generar, también entender de cuánto va a ser la bolsa de dinero que el Gobierno va a destinar para este proyecto, todos los años, para así saber cuántas personas se van a poder ver beneficiadas”, indicó.
Otro punto mencionado por Chong es le necesidad de establecer mecanismos que “blinden” la legislación, para evitar que sea utilizada como método para la especulación inmobiliaria. “Hasta el momento hemos establecido el tope hasta los $300.000 y tenemos que encontrar un mecanismo para evitar especulaciones”, reconoció.
La funcionaria comentó que espera que esta ley sea debatida este mes, antes de que termine la primera legislatura.