PIB de 2024 perdió 4,8 % con cese de operaciones de la mina de Cobre Panamá

El cese de operaciones de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, no solo limitó el crecimiento económico del producto interno bruto en aproximadamente 4,8% en 2024, sino que afectó 54.107 empleos formales directos y el no ingreso de unos $2.514,00 millones, según dio a conocer ayer, 11 de febrero, la Cámara Minera de Panamá (Camipa).

La Camipa, en conferencia de prensa, expresó que remitieron al titular del Ministerio de Ambiente, Juan Carlos Navarro, una misiva donde destaca el impacto que ha tenido el cierre desde finales de 2023 de la mina Cobre Panamá, y subraya la importancia de que las acciones a tomar en relación con la auditoría integral se basen en criterios de imparcialidad, neutralidad, objetividad, científica y técnica, para que los resultados permitan legitimar cualquier decisión sobre la apertura o cierre de la mina.

La Camipa hizo hincapié en que “no es correcto orientar los criterios de la auditoría hacia el cierre definitivo de la mina, ya que esto no está ordenado por la sentencia de la Corte sobre el contrato entre el Estado y la empresa”.

Además, rechazó que la auditoría se base en el supuesto de que se han producido daños ambientales, sin una evaluación técnica previa.

A la nota remitida a Navarro, la Camipa adjuntó los resultados de un exhaustivo análisis de los Términos de Referencia (TdR) de la auditoría.

El ministro Navarro fue consultado por los medios sobre el resultado preliminar de la auditoría, y respondió que “no se ha encontrado contaminación química grave en ninguno de los cuerpos de agua ni tampoco en el océano, por tanto ese proceso que ahí se llevó a cabo, que no era más que producir el concentrado de cobre sin procesos químicos. Esto es crítico, ahí no se usó cianuro, no hubo mercurio, ninguno de estos químicos pesados ni tampoco procesos industriales químicos para tratar ese cobre”.

Y agregó que “con ello nos ha ahorrado una gran cantidad de contaminación; sin embargo, está es la información preliminar que todos conocemos, que conocen los grupos ambientalistas, conocemos nosotros en el ministerio y que conoce la comunidad”.

Con la suspensión, el país no percibió en ingresos $1.647,23 millones, que representan el 66 % de los aportes; el 44 % correspondiente a los ingresos directos, con $1.113,00 millones; el 34 % de la diferencia entre ingresos al país versus exportaciones; el 21 % de ingresos al gobierno, con $534,23 millones. Lo anterior arroja un total de $2.514,00 millones.

Con la inyección de la mina, Panamá alcanzaba un crecimiento envidiable del 7,3 %, y aunque no dejó de crecer en 2024, con una estimación de 5,2 %, según el FMI, el cese no le impulsó a llegar al 9 %, el más alto de la región como estimó en abril pasado el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas Héctor Alexander.

Roderick Gutiérrez, presidente de la Camipa, dijo a los medios que los números de 2024 les dieron la razón. “Sí fue un error haberlo tomado [cierre]. Tal vez se pudo haber manejado de una forma mejor, pero el gobierno anterior no lo manejó bien”, dijo el presidente de la Camipa.

“Ahora tenemos las estadísticas para corroborar toda la desinformación del 2023 y también de muchos años atrás, porque la minería siempre ha sido satanizada y el objetivo ahora es marcar un antes y un después de lo que vendría a ser la minería, no solamente en Panamá, sino en el mundo y en la región, donde se están dando explotaciones mineras”, afirmó.

“Con la suspensión de las operaciones, el Gobierno Nacional hablaba de la pérdida de 7.000 empleos formales, pero cifras oficiales hablan de 54.107 empleos formales”. Además, Gutiérrez advirtió que Panamá, de perder el arbitraje internacional, significaría que los recursos que inyecta el Canal de Panamá serán para cubrir esa demanda.

Al ser cuestionado sobre las protestas donde la mina fue la bandera, el presidente gremial señaló que en 2023 hubo mucha mala información y que además se mezclaron varias cosas, que terminaron en un estallido social. “Se mezcló el descontento con el gobierno anterior que venía desde los tiempos de la pandemia, los gremios, los ambientalistas y el tema político, y al final utilizaron de bandera el contrato minero”, aseguró.

Indicó que “nosotros tenemos nuestras encuestas que se realizaron en el momento [de las huelgas] en donde el 90 % de las personas que estaban protestando no conocía el contrato, no había leído el contrato. Y un promedio aproximado tampoco se ha leído el fallo de la Corte Suprema Justicia. Por eso, muchos hablan de que la Corte ordenó el cierre y en ningún momento el fallo habla de cierre del proyecto”.

Por su parte, Zorel Morales, director ejecutivo de la Camipa, resaltó que el cese no solo afectó la economía local, cuando la regiones de Penonomé y Donoso, ambas del interior del país, pasaron a ser las que mantenían el mayor poder adquisitivo en salarios comparativamente con la ciudad capital.

Afirmó que no solo se perdieron empleos, compras y una economía interna, sino que un total de 24 sectores se afectaron, como exportación, logística y bancario, con aproximadamente $240 millones.

En tanto, Oliver Hoelzer, vicepresidente de la Camipa, cuya empresa suministraba equipo pesado y personal a la mina, recordó que llegó a Panamá en 2017, y desde entonces invirtió unos $53 millones, capacitó a 180 personas hasta finales de 2023, capital humano que hoy se redujo a apenas 30 colaboradores.

Aclaró que aunque no se extrae cobre ni exporta, para mantener el área de la concesión minera, Cobre Panamá desde enero de 2024 —filial de la canadiense First Quantum— viene invirtiendo de $17 millones a $20 millones en el plan de preservación y gestión segura, a pesar de que no extraiga el conocido “oro rojo”.