Panamá tiene la capacidad de defenderse ante los arbitrajes internacionales con First Quantum, según ICC Panamá

En medio de los procesos de arbitraje internacional interpuestos por la canadiense First Quantum Minerals contra Panamá, muchas son las expectativas en torno a las medidas de defensa que tendría el país para iniciar o no este proceso legal, tomando en cuenta que la empresa reclama $20.000 millones por el cierre de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Para el presidente de la Conferencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC en Panamá, Esteban López, “Panamá tiene la capacidad de defenderse porque como Estado ha sido exitoso en los arbitrajes internacionales”. El mejor ejemplo, dijo, son todos los arbitrajes que el Canal de Panamá ganó con el tema de la ampliación.

“No hay porque temerle, tenemos a la gente y la capacidad para llegar a buenos resultados”, destacó López, durante la VI edición de la ICC, que fue inaugurado este miércoles en ciudad de Panamá, ante la presencia de más de 25 especialistas, así como de árbitros y conocedores del arbitraje internacional.

El presidente de ICC Panamá recordó que es un hecho cierto que en la actualidad, Panamá tiene varios arbitrajes con el contrato de la mina.

Uno es el arbitraje contractual que First Quatum presentó ante la Corte Internacional de Arbitraje (ICC) de la Cámara de Comercio Internacional.

El otro es el arbitraje inversionista y Estado, que presentó la mina canadiense en el Banco Mundial bajo el amparo del tratado Ciadi, en el que Panamá es signatario.

Si bien López no explicó a ciencia cierta el fondo del tema de Minera Panamá, sí dijo que los arbitrajes tienen un periodo de ventana en la que ambas partes pueden conversar para evaluar si el proceso sigue o no, o llamar a una suspensión para lograr un acuerdo.

Para el caso de Panamá, mencionó que lógicamente el país tiene las herramientas para poder presentar un buen caso.

“En el caso de la mina, hay varias defensas que puede tener Panamá. Una defensa es la teoría de la mano limpia, para eso hay que probar si hubo o no corrupción en el arbitraje y esa puede ser una defensa que podemos alegar. Lógicamente, la corrupción puede ser de dos lados, entonces hay que probarla. Además, hay que probar que el contrato no fue bien negociado”, subrayó el presidente de ICC Panamá.

Rescató que al igual que lo dicho por el presidente electo, José Raúl Mulino, Panamá va a aprovechar ese periodo de ventana que tiene para sentarse a conversar y llegar a un arreglo, ya que hay muchos temas en estos momentos.

En este contexto, Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, indicó que si bien es cierto que el presidente electo ha dicho que tiene intención de conversar con la empresa minera, se debe analizar cómo se llevará adelante este proceso.

“Tenemos que ver cómo estas discusiones se llevan adelante. Lo ideal es que podamos conversar y llegar a un acuerdo mutuo entre todas las partes”, recalcó Arias.

López también cree que es un hecho cierto que para poder cerrar la mina de manera ordenada, hay que abrirla, de lo contrario se registrarán mayores daños ambientales.

“Tú no puedes cerrarla de una sola vez. Cada vez que permanece cerrada sin ningún orden cronológico se atenta a que el daño ambiental sea mucho más grande. Por eso hay que hacerlo de manera ordenada”, reiteró.

Por su parte, Olmedo Arrocha, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), quien también estuvo en la VI edición de la ICC, prefirió no opinar sobre el tema de la mina porque desconoce los estados en que pueden estar los arbitrajes antes mencionados. Lo que sí dijo es que “los arbitrajes deben tener en cuenta la decisión que tomó la CSJ”.

“Por lo demás, nosotros cumplimos con nuestro rol constitucional, que era administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Con base en eso, decidimos lo que era la constitucionalidad o no de ese acto. Por lo tanto, nosotros no podemos opinar al respecto”, sostuvo Arrocha.

El magistrado de la CSJ señaló que entiende que en este tipo de arbitraje hay un concepto que se llama la ‘ilegítima expropiación’, que deberá ser analizado por los tribunales arbitrales para conocer cuál fue el acto que llevó al Estado a no permitir a la mina seguir funcionando.

“Ese acto fue la inconstitucionalidad de la Corte. Yo entendería que lo que van a tener que hacer los árbitros es analizar los argumentos por los cuales la CSJ de Panamá soberanamente decidió declarar inconstitucional este acto”.

Aclaró que: “Al inicio de esas discusiones nosotros no lo manejamos ni nos notifican. Cuando eso pasa, demanda al Estado y le notifican al Órgano Ejecutivo y la CSJ se abstrae de esa actividad”.

Con la Ley 131 de 2013, Panamá regula el arbitraje y lo establece como un método de administrar justicia, adicional a los tribunales estatales. De esta forma, la ley permite que las partes, a través de vínculos contractuales puedan disponer de cómo quieren que se les resuelva su conflicto. Asimismo se convierte en un apoyo al servicio de administrar justicia en términos generales, informó Arrocha.

El arbitraje en temas de minería es bastante frecuente en todo el mundo. De hecho, hay áreas en la economía que son bastante proclives a solucionar su problema en el foro arbitral. La minería es una de ellas, comentó Sandra González, vicepresidente de la ICC Internacional.

De acuerdo con González, “hay países en América Latina que vienen tratando estos temas desde hace mucho tiempo y otros recién llegados, que no tienen una tradición minera, pero sin duda la mayoría de los casos, hoy, en América Latina se dirigen al arbitraje por las complejidades que tiene”.

La alta presencia de arbitrajes internacionales en la región, para la vicepresidente de la ICC, es una consecuencia de todos los procesos de desarrollo que vive América Latina, en los grandes, medianos y pequeños proyectos que de alguna manera presentan algún problema.

Sin embargo, recordó que estas acciones también se deben a que los arbitrajes son una herramienta para que las disputas se resuelvan de manera ágil y con el menor costo posible para todos los involucrados.

“El arbitraje, particularmente en América Latina, trata de solucionar esos problemas de manera de no recargar al sistema de justicia y ser una herramienta ágil y eficiente que resuelve los casos rápido en proyectos que inclusive todavía están en curso y que van a durar muchos años”, defendió la vicepresidente de la ICC Internacional.

Las declaraciones de las autoridades se dieron, este miércoles, en el acto de inauguración de la VI edición de la ICC (ICC Panarb 2024). Este evento, que durará hasta el viernes, tiene la finalidad de proporcionar un intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas en la resolución de disputas comerciales en la región.

ICC Panarb 2024 es la conferencia organizada cada dos años por la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC (Cámara de Comercio Internacional) e ICC Panamá, que se ha convertido en la plataforma para el intercambio de conocimientos.

Para esta versión, los temas que se abordarán estarán relacionados a la actualidad en el ámbito del arbitraje, tales como: arbitraje en la era digital: desafíos y oportunidades; acuerdos y mediación en arbitraje internacional; arbitrajes incluyendo partes estatales en Latinoamérica; arbitraje ambiental y empresarial: impulsando el desarrollo sostenible; perspectivas regionales en arbitraje comercial internacional: desafíos específicos.

El presidente de ICC Panamá manifestó que gracias a factores como la “excelente” posición geográfica, la economía de servicios y estabilidad política, Panamá se ha convertido en una sede confiable para arbitrajes nacionales e internacionales.

“Este logro ha sido posible gracias al fundamental apoyo de expertos locales e internacionales en arbitraje, así como de instituciones como la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC”, señaló López.