Economía

Panamá no está en la lista de bajos impuestos de Países Bajos; sugieren usar el Canal como ‘arma geopolítica’

Actualizado
  • 06/11/2024 00:00
Creado
  • 05/11/2024 02:27

La permanencia de Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales de la UE sigue generando rechazo y surgen ideas de cobrar un peaje con sobrecosto a los países que nos tengan en listas negras y utilicen el Canal

Panamá no está incluida en la lista de jurisdicciones de bajos impuestos, manifestó a La Estrella de Panamá Peggy Vissers, embajadora adjunta de la Embajada de los Países Bajos en Panamá.

“Panamá no se encuentra en la lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, como se afirma en su artículo; [la lista] está destinada específicamente a países con una tasa impositiva corporativa nominal inferior al 9%. La tasa impositiva corporativa de Panamá supera este umbral, por lo tanto, Panamá no está incluida en la lista de jurisdicciones de bajos impuestos”, comentó.

Vissers aclaró que Panamá está incluida en la lista de jurisdicciones no cooperativas con fines fiscales de la Unión Europea (UE), una lista mantenida por todos los Estados miembros del bloque de 27 países, incluido el Reino de los Países Bajos. La lista es distinta a la que agrupa las jurisdicciones con bajos impuestos.

“Los Países Bajos actualiza regularmente las dos listas para su política fiscal: la lista de jurisdicciones de bajos impuestos y la lista nacional vinculada a la lista de jurisdicciones no cooperativas con fines fiscales de la UE, y se hizo por última vez en diciembre de 2023”.

“Países Bajos no ha tomado ninguna decisión nueva desde diciembre del año pasado, y no ha habido desarrollos recientes con respecto a este asunto... La lista holandesa de jurisdicciones de bajos impuestos para 2024 incluye a: Anguila, Bahamas, Baréin, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Islas Caimán, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos y Vanuatu, pero no incluye a Panamá. La diplomática expresó que las dos listas reflejan criterios y procesos distintos. “Nos damos cuenta de que es un tema complejo y que es difícil encontrar fácilmente la información correcta sobre la posición de los Países Bajos y las diferentes listas”, comentó la embajadora adjunta.

Sin embargo, la información errada y desfasada se hizo viral el 28 de octubre pasado, y generó el rechazo del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien compartió en X —antes Twitter— su rechazo enérgico y giró instrucciones a Cancillería para que aplique medidas de retorsión a las empresas de todo país que incluya o tenga a Panamá en listas discriminatorias “no participen en ningún tipo de acto público o contrato”.

El sábado 2 de octubre, el mandatario volvió a tratar el tema de las listas discriminatorias en medio del inicio de las festividades patrias.

Mulino, tras recibir al Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá —representantes de unas 50 naciones—, solicitó a los representantes de cada nación llevar a sus gobiernos el mensaje panameño de inconformidad al tratamiento internacional recibido con la inclusión en listas discriminatorias, ante una nación que siempre ha estado al servicio del mundo de manera legítima y pacífica.

Con el mayor respeto transmitan este mensaje: “no nos sentimos cómodos y es en una ocasión importante como el mes de nuestra patria salir en defensa de nuestros intereses nacionales como corresponde, rechazando semejante injusticia”.

Destacó que Panamá pone al servicio del mundo un canal interoceánico, un hub logístico y uno de los mejores centros financieros, por lo que aspira a que esta nación sea tratada con las mismas reglas en los distintos países, y que “no se nos juzgue bajo parámetros de su política interna en contra de nuestra decisión soberana”, puntualizó Mulino. “Soy el presidente para defender los intereses de los panameños... No importan las distancias o los mares que nos dividan, estamos aquí como un socio confiable, somos un país que abre sus brazos a estrechar nuestras relaciones internacionales y la reciprocidad en el mundo”, manifestó.

Y, agregó: “en un momento crucial donde somos amigos, el mundo necesita cerrar filas; aquellos países que creemos en la paz... Panamá se une a las voces que claman por un encuentro amistoso y el cese de hostilidades como corresponde, en abierto respeto a los principios de soberanía de los más altos intereses de la comunidad internacional, como es natural”.

Panamá aparece en diversas listas y el presidente Mulino ha hecho hincapié en la aplicación de medidas de retorsión.

La Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que subroga la Ley 58 de 2002, establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá, y dicta otras disposiciones. La norma fue publicada en Gaceta Oficial 28147-B.

La normativa establece que el Ministerio de Economía y Finanzas y/o el Ministerio de Comercio e Industrias, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de analizar y evaluar las implicaciones económicas o comerciales de medidas discriminatorias o restrictivas contra los intereses económicos y comerciales internacionales de la República de Panamá, podrán presentar un informe de evaluación ante el Consejo de Gabinete para su consideración.

Entre las medidas de retorsión están: tributarias, arancelarias, migratorias y laborales, de restricción o suspensión a personas naturales o jurídicas originarias del Estado sancionado y la suspensión del movimiento de carga o pasajeros vía terrestre, y toda medida que apruebe el Consejo de Gabinete aplicar.

Al igual que Mulino, el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias, Carlos Hoyos, manifestó su sorpresa de una nueva inclusión y fue cauteloso al manifestar: “es una situación para nosotros inaceptable. Por lo menos desde el punto de vista de nosotros la comunicación había sido muy positiva y muy proactiva, así que no entendemos el porqué de esta determinación que no compartimos... La situación es incómoda y preocupante; tenemos que ahora salir a atacar también”.

Ilustró que, en materia comercial, Países Bajos tiene varias representaciones en Panamá, y con la Ley SEM o Ley 41 de 2007 hay inversiones grandes y millonarias, como es el caso de la holandesa Phillips y otras 10 más bajo el régimen. Además, Europa es nuestro segundo mercado de exportación debido al puerto de Rotterdam, un gran puerto de redistribución logística.

Y, aunque la situación fue aclarada, algunos abogados internacionales como Adolfo Linares, también expresaron su descontento y apoyan que Panamá implemente las medidas de retorsión. “La medida es correcta. Panamá debe empezar a implementar medidas de retorsión a aquellos países que insisten en ponernos en listas [discriminatorias], los Países Bajos, Holanda, es catalogado por muchos organismos internacionales como el Tax Justice Network, como uno de los más grandes paraísos fiscales de Europa, donde se da una de las mayores operaciones de ‘elusión fiscal’, y la UE no les dice nada, y en Panamá no se hace nada de eso y varios [países del bloque] sí nos mantienen en lista”.

Linares es de la postura de que se requiere ampliar las medidas en contra de países u organizaciones que discriminan al país. Expresó que “le pondría una carga adicional o sobrecostos a los peajes de aquellas mercancías o barcos que quieran pasar por el Canal, porque se están aprovechando del buen nombre de Panamá, y aquella empresa que no quiera pagar esos sobrecostos que se vaya para el Cabo de Hornos. Es hora de que Panamá empiece a utilizar el Canal como arma geopolítica de defensa, de la misma forma que los gringos [estadounidenses] utilizan su dólar y su sistema financiero con la Lista Clinton y otras listas de la OFAC”.

Y agregó que “es la misma manera como los países de la OPEP utilizan el petróleo como un arma geopolítica, así que Panamá también debería empezar a utilizar su posición geográfica, entiéndase el Canal, como arma geopolítica”.

Publicada en la Gaceta Oficial 28147-B
Ley 48 de 2016
La Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que subroga la Ley 58 de 2002, establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá, y dicta otras disposiciones.