¿Panamá es un ángel caído y perderá el grado de inversión?

Panamá podría perder su grado de inversión con S&P Global y Moody’s Ratings. Solo faltan dos meses para que culmine 2024 y las empresas no han dado a conocer la calificación de riesgo soberano del país, a diferencia de Fitch Ratings, que tras 14 años se lo quitó.

El 28 de marzo de 2024, Fitch rebajó la calificación de riesgo emisor a largo plazo de Panamá a ‘BB+’ desde ‘BBB-’, perdiendo el país el grado de inversión.

Luego de la calificación de Fitch, algunos economistas de la plaza coincidieron en que el país no había perdido el grado de inversión, ya que era el reporte de una sola empresa y que se requería de dos más, es decir, S&P y Moody’s. Además, concordaban en que perder ese sitial le tomaría al país más de dos años en recuperarlo.

Tanto calificadoras y bancos de inversión vienen advirtiéndole al país del manejo fiscal, tal es el caso del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, que en abril, luego de la rebaja de Fitch previó que Moody’s también le bajara la calificación a Panamá en la segunda mitad de 2024, debido a los desafíos financieros a partir de julio (elecciones generales). “No es una sorpresa, aunque (se dio) antes de lo que algunos esperaban. Esperamos que Moody’s baje de categoría (al país) en la segunda mitad del año”, destacó.

Lo propio hizo, recientemente, el también banco de inversiones del Reino Unido, Barclays (1690), que el 28 de octubre 2024 compartió un análisis a la “Estrategia soberana del CAC. Ideas comerciales y conclusiones del FMI”, donde presenta un análisis breve en el que degrada a Panamá “a bajo peso” (Underweight) y sugiere la venta de bonos PANAMA36N. Además, el escrito resume la baja como “los dolores de cabeza legislativos de Panamá”, y relata que la propuesta inicial para el presupuesto de 2025 tenía un déficit previsto del 3 % del PIB. Sin embargo, la Asamblea Nacional ha obligado al ministro de Economía, Felipe Chapman, a revisar el presupuesto propuesto dos veces en el último mes, añadiendo más de $3.000 millones en gastos adicionales. “El país se enfrenta a un panorama fiscal en deterioro para 2024, dificultades legislativas y un entorno de tipos de interés más altos”, resumió el banco tricentenario en su escrito.

Contar con grado de inversión refleja la fortaleza económica y financiera de un país, porque las calificadoras evalúan la capacidad de riesgo de prestarle o invertir en un país o sus empresas, facilitándole el acceso a financiamiento con mejores tasas de interés y a una mayor amplitud en los plazos, mientras que perderlo representa lo contrario y le resta atraer inversiones.

El año 2010 fue bueno para Panamá, ya que pasó a la liga de los países que históricamente tienen grado de inversión, como Brasil, México y Chile. Lo anterior, gracias a que las tres calificadoras evaluaron el acelerado crecimiento económico de los últimos años y que permanece fuerte en el mediano plazo del país, así como sus recortes presupuestarios y reformas al sistema fiscal.

El 23 de marzo de ese año, la calificadora Fitch Ratings informó que Panamá pasó de ‘BB+’ a ‘BBB-’. Le siguió Standard & Poor’s el 25 de mayo, también de ese año, al subirle un escalón situándolo en ‘BBB-’ de ‘BB+’, y finalmente, el 9 de junio, también de ese año, Moody’s elevó la calificación de deuda de Panamá y le dio grado de inversión al pasar de ‘Ba1’ a ‘Baa3’.

Todas coincidieron al acelerado crecimiento económico de los últimos años y que permanece fuerte en el mediano plazo, así como sus recortes presupuestarios y reformas al sistema fiscal.

Pero ¿Panamá es un ángel caído con dificultad para financiarse y perder el grado de inversión?

Ernesto Bazán, presidente de la calificadora de riesgo EB Ratings, enumeró los elementos de Panamá que están afectando la percepción de las calificadoras de riesgo en estos momentos: 1.) el déficit fiscal, 2.) el nivel de endeudamiento, y 3.) la gobernanza.

En el caso del déficit fiscal, comentó: Cuando se esperaba que este año baje a 2 % del PIB y en 2025 a 1,5 %, el Gobierno de Panamá modifica los topes, eliminando el límite para 2024 y elevando sustancialmente esos límites. “Recordemos que las calificadoras de riesgo no califican a un gobierno, sino al país, y ya había un compromiso asumido. La idea que probablemente permanecerá en la evaluación de las calificadoras es que el país no cumple sus compromisos y eso nos afectaría negativamente ante el escenario altamente probable de que nos disminuyan la calificación y el costo financiero para Panamá [intereses] suba”, ilustró Bazán, quien se desempeñó como gerente país para una calificadora de riesgo, filial de Moody’s en Panamá (2007-2011).

“En cuanto al nivel de endeudamiento, dijo que, históricamente, Panamá ha cubierto el déficit fiscal a través de mayor endeudamiento. En 2019, el ratio deuda/PIB era 38 % y actualmente está cercano al 62 %. Todo esto es un contexto de menor crecimiento, significa que para las calificadoras de riesgo nuestra capacidad de cumplir con las obligaciones financieras ya no es la misma y no se percibe cambio de rumbo en las finanzas públicas. Lamentablemente, es una segunda razón para que las calificadoras nos califiquen desfavorablemente”, argumentó.

Y, sobre la gobernanza, manifestó que “desafortunadamente, toda la complejidad política, cambios de planes en el presupuesto, leyes especiales, dificultades e inconvenientes para la aprobación del presupuesto, también serán un punto en contra de la evaluación próxima que tendremos de las calificadoras de riesgo. Esto es un factor cualitativo que las calificadoras suelen evaluar y donde lamentablemente considero que tampoco será favorable para Panamá.

Todo esto traerá como consecuencias: 1.) mayor pago de intereses, 2.) menor disponibilidad para atender las necesidades sociales, 3.) menor capacidad de realizar inversiones públicas, 4.) menor capacidad de atraer inversión privada y 5.) dependencia de la deuda cada vez es mayor del país”, sentenció Bazán.

Por su parte, para Sergi Lucas, presidente de la Asociación Panameña del Mercado de Capitales (Apamec), la entrada de la nueva administración de gobierno generó muy buena percepción internacional y expectativas de que las cosas se harían correctamente, pero lo sucedido con el presupuesto no.

“El primer presupuesto [$26.084 millones] iba en la línea de lo correcto, ya que había una reducción, pero el último [$30.111 millones] fue irresponsable ante un evidente juego político y desconectado de la realidad del país, que nos pone en una situación complicada, y lo que se ha demostrado es que no tiene la capacidad de enderezar al país”, precisó. “Noticias como Barclays, la deuda panameña y el presupuesto para 2025 tienen un impacto muy fuerte para el país ante la mirada internacional, donde es el propio Ejecutivo el que necesita buscar fondeo, pero con lo anterior está desmejorando la inversión extranjera”, recalcó.

“Ha sido irresponsable. A nadie le gusta apretarse el cinturón, vienen momentos difíciles para el país. Todo está interconectado. Estamos al borde del desastre. Las grandes masas de dinero sin fondo de inversión, a donde no sea grado de inversión. Hay que ser responsables [con el presupuesto], temas de gastos innecesarios que no aportan valor, y con los ingresos no es subirlos, sino mejorar la recaudación. Y vienen golpes como la Caja de Seguro Social y el estatus de la mina de cobre. Estamos demostrando que no tenemos la capacidad de enrumbar al país”, indicó a este medio el presidente de la Apamec.

En tanto, David Saied, director y Chief Economist de PricewaterhouseCoopers (PwC), abordó el punto de los topes del déficit. “Es mi entendimiento que se establecen como techos, pero que la intención del Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Central no es utilizarlos como meta, sino tratar de ejecutar el déficit por debajo de esos topes. Ahora, la información que tenemos es que las autoridades han colocado un techo más alto por dos razones: por el arrastre de cuentas e inversiones por pagar que vienen de la administración anterior, y para dejar algo de espacio para el posible incremento del aporte del Estado en la reforma al programa de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS)”, precisó.

En cuanto a la suspensión de los aportes del Canal de Panamá, consideró que se debió a razones indicadas; sin embargo, es importante que en la ley quedó que estas vuelven en el 2027. Lo ideal hubiera sido un esquema que dependiera de la reforma a la CSS. No obstante, el hecho de que se haya establecido la vuelta de estos aportes en menos de 3 años es positivo”.

“No veo mayor impacto negativo neto porque hay que analizar el efecto positivo de ayudar a resolver la crisis que enfrenta IVM, que sería peor si no se hace. Por ende, habría que ver, pero todo pareciera indicar que el costo adicional traerá el beneficio de eliminar el déficit del programa de beneficio definido de IVM por unos años”, acotó Saied, quien dirigió la Unidad de Análisis Financiero Panamá (2019-2022).