Panamá deberá implementar el impuesto mínimo global en los próximos tres a cinco años
- 28/02/2024 00:00
- 27/02/2024 18:43
Así lo comentó un grupo de consultores tributarios, que indicó que más allá de hacer la revisión es necesario detectar qué otros beneficios existen Panamá, como miembro del marco inclusivo del proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), deberá adoptar medidas para aplicar el impuesto mínimo global a multinacionales.
Desde enero de este año, el impuesto mínimo global se aplica en la Unión Europea. Consiste en que los beneficios de las subsidiarias que pertenecen a los grupos multinacionales con ingresos globales superiores a los 750 millones de euros serán gravados a una tasa efectiva (TIE) del 15%.
El tema fue analizado durante un desayuno organizado por la firma Galíndez, Medrano y Asociados, donde participaron representantes de la Cámara de Comercio de Francia, representantes de la Dirección General de Ingresos, entre otros.
En el encuentro, Frida Medrano, socia de Galíndez, Medrano y Asociados, sostuvo que el país deberá implementar el impuesto mínimo global, en un tiempo no mayor de tres a cinco años, pues cada año que pasa son ingresos que se pierden.
“Más allá de hacer la revisión de implementar el impuesto mínimo global, es necesario revisar qué otros beneficios se les puede dar a estas empresas para que se queden aquí, y todo eso tiene que pasar en un periodo corto”, contó.
En el caso de que Panamá decida no cobrarlo, “el país estaría renunciando a ese potencial recaudatorio que podría tener para aumentar sus ingresos por una fuente que fue generada en el territorio panameño”, manifestó Medrano.
Además, agregó, “se pierde mercado, competitividad, atractivo de inversión y la oportunidad de aprovechar esas cadenas que tenemos con esas empresas, de explotar otras cadenas de suministro internas, de explotar otros sectores y dinamizarlos”.
José Luis Galíndez, también socio de la firma Galíndez, Medrano y Asociados, consideró importante ver el comportamiento de las multinacionales o filiales en Panamá con respecto a este impuesto.
Por ejemplo, citó una corporación multinacional que tenga un centro de distribución en Panamá Pacífico, un almacén en Zona Libre de Colón y también una empresa en Panamá. Explicó que ese cálculo es en conjunto con todas las entidades en el país y si no se llega a ese 15% va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz”.
Otro tema conversado fue los precios de transferencia, que son un aspecto crucial en la legislación fiscal de muchos países y se refieren al precio al que se transfieren bienes, servicios o activos entre empresas relacionadas, como subsidiarias de una misma empresa multinacional.
El objetivo principal de las normativas sobre precios de transferencia es evitar la evasión fiscal y garantizar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen a precios de mercado, es decir, a precios que reflejen las condiciones que habrían pactado empresas independientes en transacciones similares.
La especialista tributaria Frida Medrano sostuvo que la Dirección General de Ingresos tiene un equipo formado y que estas obligaciones documentales se están cumpliendo a cabalidad como establece la norma.
Aseguró que la mayoría de las empresas multinacionales grandes están cumpliendo con los requerimientos que establece la ley, y en todo caso pueden ser auditadas por la administración tributaria.
Panamá, como miembro del marco inclusivo del proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), deberá adoptar medidas para aplicar el impuesto mínimo global a multinacionales.
Desde enero de este año, el impuesto mínimo global se aplica en la Unión Europea. Consiste en que los beneficios de las subsidiarias que pertenecen a los grupos multinacionales con ingresos globales superiores a los 750 millones de euros serán gravados a una tasa efectiva (TIE) del 15%.
El tema fue analizado durante un desayuno organizado por la firma Galíndez, Medrano y Asociados, donde participaron representantes de la Cámara de Comercio de Francia, representantes de la Dirección General de Ingresos, entre otros.
En el encuentro, Frida Medrano, socia de Galíndez, Medrano y Asociados, sostuvo que el país deberá implementar el impuesto mínimo global, en un tiempo no mayor de tres a cinco años, pues cada año que pasa son ingresos que se pierden.
“Más allá de hacer la revisión de implementar el impuesto mínimo global, es necesario revisar qué otros beneficios se les puede dar a estas empresas para que se queden aquí, y todo eso tiene que pasar en un periodo corto”, contó.
En el caso de que Panamá decida no cobrarlo, “el país estaría renunciando a ese potencial recaudatorio que podría tener para aumentar sus ingresos por una fuente que fue generada en el territorio panameño”, manifestó Medrano.
Además, agregó, “se pierde mercado, competitividad, atractivo de inversión y la oportunidad de aprovechar esas cadenas que tenemos con esas empresas, de explotar otras cadenas de suministro internas, de explotar otros sectores y dinamizarlos”.
José Luis Galíndez, también socio de la firma Galíndez, Medrano y Asociados, consideró importante ver el comportamiento de las multinacionales o filiales en Panamá con respecto a este impuesto.
Por ejemplo, citó una corporación multinacional que tenga un centro de distribución en Panamá Pacífico, un almacén en Zona Libre de Colón y también una empresa en Panamá. Explicó que ese cálculo es en conjunto con todas las entidades en el país y si no se llega a ese 15% va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz”.
Otro tema conversado fue los precios de transferencia, que son un aspecto crucial en la legislación fiscal de muchos países y se refieren al precio al que se transfieren bienes, servicios o activos entre empresas relacionadas, como subsidiarias de una misma empresa multinacional.
El objetivo principal de las normativas sobre precios de transferencia es evitar la evasión fiscal y garantizar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen a precios de mercado, es decir, a precios que reflejen las condiciones que habrían pactado empresas independientes en transacciones similares.
La especialista tributaria Frida Medrano sostuvo que la Dirección General de Ingresos tiene un equipo formado y que estas obligaciones documentales se están cumpliendo a cabalidad como establece la norma.
Aseguró que la mayoría de las empresas multinacionales grandes están cumpliendo con los requerimientos que establece la ley, y en todo caso pueden ser auditadas por la administración tributaria.