Mulino: ‘Panamá no se va sentar a negociar sobre la mina con una pistola en la cabeza’
- 19/07/2024 17:42
- 18/07/2024 18:05
El presidente José Raúl Mulino indicó que solo se sentará a negociar la situación de la mina si se suspenden los procesos arbitrales en contra del país Panamá no se va a dejar amedrentar con los procesos arbitrales que tienen diversas empresas contra el país por la suspensión de operaciones de la mina de Cobre de la empresa First Quantum Minerals, en Donoso, provincia de Colón, así lo indicó el presidente de la República, José Raúl Mulino, el pasado 18 de julio, durante su primer encuentro semanal con medios de comunicación.
”Para que yo siente a representantes del gobierno con las empresas que interpusieron arbitrajes contra nuestro país esos procesos se tienen que suspender. Panamá no va a ir con una pistola en la cabeza a sentarse para arreglar el problema”, sentenció.
Las palabras de Mulino se dan luego que el pasado 17 de julio se diera a conocer que la empresa Franco-Nevada interpuso una demanda de $5.000 millones contra Panamá por el cierre de la mina, los cuales se suman a los otros $57,000 millones en arbitrajes en contra de Panamá, que están siendo llevados a cabo por otros proveedores e inversionistas.
“El Estado panameño tiene muchas demandas gigantes por parte de muchas empresas por el cierre de esa mina, pero nuestro deber es defendernos. No podemos hacer nada para esas demandas”, alegó, a la par de considerar que las demandas están “justificadas”, ya que se trata de una inversión muy grande, que fue paralizada de forma repentina.
“Nosotros nos dimos el gusto de cerrar una mina que representaba el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una barbaridad de plata, que viene del mundo entero. Y, es normal que haya reacciones y están recién comenzando”, reconoció el dirigente, quien aseguró que este tema será una prioridad en su agenda, el próximo año.
El gobernante afirmó que dado que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que regulaba esa actividad minera, desde el nuevo gobierno no pueden intentar reactivar ese documento, que fue catalogado por Mulino como “atroz”.
El presidente descartó tener reuniones formales con las empresas y proveedores vinculados, en un futuro cercano, pero reconoció que hay representantes que se han estado reuniendo con los ministros.
“Nosotros somos dueños de esa mina y las cosas se harán como dictemos nosotros”, acotó.
El mandatario adelantó que están desarrollando una auditoría ambiental de la mina, con los mejores expertos internacionales para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente, estando abierta o cerrada.
“Panamá escogerá la empresa de auditoría, la cual no tendrá ningún costo para el Estado. El plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país, dependerá del resultado de ese estudio ambiental”, señaló Mulino.
Roderick Gutiérrez, de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), mencionó a los medios de comunicación, el pasado 3 de julio que, aunque el gobierno está apostando por suspender los arbitrajes para dialogar “los términos para los arbitrajes tienen fechas y se deben cumplir (...) la empresa tiene el derecho de poder seguir con ellos”.
José Raúl MulinoPresidente de Panamá”Nosotros nos dimos el gusto de cerrar una mina que representaba el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una barbaridad de plata, que viene del mundo entero. Es normal que hayan reacciones y están recién comenzando”,
Panamá no se va a dejar amedrentar con los procesos arbitrales que tienen diversas empresas contra el país por la suspensión de operaciones de la mina de Cobre de la empresa First Quantum Minerals, en Donoso, provincia de Colón, así lo indicó el presidente de la República, José Raúl Mulino, el pasado 18 de julio, durante su primer encuentro semanal con medios de comunicación.
”Para que yo siente a representantes del gobierno con las empresas que interpusieron arbitrajes contra nuestro país esos procesos se tienen que suspender. Panamá no va a ir con una pistola en la cabeza a sentarse para arreglar el problema”, sentenció.
Las palabras de Mulino se dan luego que el pasado 17 de julio se diera a conocer que la empresa Franco-Nevada interpuso una demanda de $5.000 millones contra Panamá por el cierre de la mina, los cuales se suman a los otros $57,000 millones en arbitrajes en contra de Panamá, que están siendo llevados a cabo por otros proveedores e inversionistas.
“El Estado panameño tiene muchas demandas gigantes por parte de muchas empresas por el cierre de esa mina, pero nuestro deber es defendernos. No podemos hacer nada para esas demandas”, alegó, a la par de considerar que las demandas están “justificadas”, ya que se trata de una inversión muy grande, que fue paralizada de forma repentina.
“Nosotros nos dimos el gusto de cerrar una mina que representaba el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una barbaridad de plata, que viene del mundo entero. Y, es normal que haya reacciones y están recién comenzando”, reconoció el dirigente, quien aseguró que este tema será una prioridad en su agenda, el próximo año.
El gobernante afirmó que dado que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que regulaba esa actividad minera, desde el nuevo gobierno no pueden intentar reactivar ese documento, que fue catalogado por Mulino como “atroz”.
El presidente descartó tener reuniones formales con las empresas y proveedores vinculados, en un futuro cercano, pero reconoció que hay representantes que se han estado reuniendo con los ministros.
“Nosotros somos dueños de esa mina y las cosas se harán como dictemos nosotros”, acotó.
El mandatario adelantó que están desarrollando una auditoría ambiental de la mina, con los mejores expertos internacionales para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente, estando abierta o cerrada.
“Panamá escogerá la empresa de auditoría, la cual no tendrá ningún costo para el Estado. El plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país, dependerá del resultado de ese estudio ambiental”, señaló Mulino.
Roderick Gutiérrez, de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), mencionó a los medios de comunicación, el pasado 3 de julio que, aunque el gobierno está apostando por suspender los arbitrajes para dialogar “los términos para los arbitrajes tienen fechas y se deben cumplir (...) la empresa tiene el derecho de poder seguir con ellos”.