Los moradores de la zona aseguran que las encuestas impulsadas por la ACP son ‘censurables e intimidatorias’

El desarrollo del reservorio multipropósito del río Indio ha generado el rechazo de parte de la comunidad que se encuentra en la zona. “Dicen que el 90 % de las comunidades campesinas [en la zona] está de acuerdo con el reservorio, pero eso es mentira y pueden ir a verlo ustedes mismos”, sentenció Alcibiades Martínez, líder de la comunidad de Tres Hermanas.

Martínez y un grupo de representantes comunitarios aseguraron este lunes, en rueda prensa, que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no ha tomado en consideración la postura de la comunidad al respecto del proyecto, ya que muchos no desean abandonar sus tierras.

Datos de la ACP muestran que el desarrollo del embalse podría afectar, de manera directa, a cerca de 500 familias y 2.000 personas, aunque toda el área de Río Indio abarca a 12.000 panameños.

“Hoy estamos aquí para ponerle un alto a las mentiras del administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, la subadministradora, Ilya Espino de Marotta y la junta directiva del Canal de Panamá”, agregó Martínez.

El morador del área aclaró que ellos no se oponen a la idea de que exista un reservorio, pero sí piden que se tomen en cuenta otras alternativas, como el Bayano. “Nosotros amamos el Canal, como todos los demás, pero no queremos renunciar a nuestras tierras”, cuestionó.

Digna Benítez, presidenta de la Coordinadora Campesina por la Vida, alegó que el proceso de reasentamiento de las comunidades de la cuenca es “inconsulto e ilegal”, dado que “sienten que no se ha hecho una consulta pública adecuada”.

El problema, según Benítez, es que la aprobación del presupuesto necesario para la megaobra, dada el pasado fin de semana, no contó con el visto bueno de los pobladores del área. “La junta directiva del Canal de Panamá no tiene el derecho de aprobar este proyecto sin consultarnos. Nosotros, los que vivimos allí, no estamos de acuerdo con este proyecto”, reafirmó.

El líder comunitario considera que este proyecto va a terminar por afectar los ríos de la zona, los cuales son fundamentales para el mantenimiento de la actividad económica del campesinado.

La ACP indicó que el costo de este proyecto tiene un valor estimado de $1.600 millones, de los cuales $1.200 están previstos para el desarrollo de la obra y otros $400 millones para las indemnizaciones y otros proyectos aledaños al embalse, los cuales son necesarios para su consolidación.

La subadministradora del Canal de Panamá adelantó esta semana que durante los próximos 12 a 18 meses elaborarán un plan de desarrollo, tomando en cuenta a las comunidades, en lo que denominó el “Plan de Reasentamiento y Restablecimiento de los Medios de Vida”.

Sobre el proceso de indemnizaciones, de Marotta indicó que este se va a definir en conjunto con los residentes. “Para nosotros, las mesas de diálogo [con los moradores del área] son muy importantes, ya que allí se va a definir cuál será la compensación que recibirán”, indicó.

Añadió que se tiene previsto que la obra arranque en 2027 y que puede durar cuatro años.

Al ser consultada sobre las inquietudes de los pobladores, la subadministradora señaló que, lo más importante es la comunicación y el entendimiento. “Nosotros tenemos seis oficinas en las áreas, en donde tenemos personal preparado con información. Yo entiendo que es una situación compleja y difícil, pero el Canal está por el bienestar de las personas y las vamos a apoyar”, afirmó. “Este proceso debe ser de crecimiento para las personas. No queremos desmejorar la calidad de vida de nadie, sino conversar y ayudarte a estar mejor”, justificó.

A pesar de esto, desde las comunidades declaran que elevarán este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para garantizar que se respeten sus derechos.

Santander Tristán Donoso, quien forma parte del equipo legal de los moradores de la zona, explicó a este medio que van a presentar una Acción Internacional de Medidas Cautelares en nombre de los pobladores.

“Lo que estamos pidiendo es que la CIDH le exija al Gobierno Nacional el respeto de los derechos humanos de los campesinos, que no quieren ser desplazados ni reasentados, hasta que no se haya cumplido con una verdadera consulta a los campesinos”, detalló a este medio.

El abogado indicó que están exigiendo que se establezca una mesa técnica nacional para valorar el río Bayano como alternativa al embalse del río Indio.

Sobre esta situación, la subadministradora de la ACP aclaró que ellos no han visto la denuncia que se va a presentar, pero que estarán revisándolo para analizar la situación.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, indicó durante una conferencia de prensa, en julio de 2024, que las familias de la zona serían tomadas en cuenta durante el proceso de reasentamiento.

“No se trata de indemnizar por indemnizar, porque hay que proveer una solución integral que mantenga o mejore las condiciones de vida de los habitantes. Si una persona tiene ganado, debe preservar ese ganado, aunque se vea desplazada, porque es su medio de vida”.

“Nosotros no vamos a proceder con la construcción hasta estar seguros de que todos sean escuchados”, aclaró, a la par de indicar que tienen previsto finalizar la construcción del nuevo embalse en seis años, si todo sale bien.

“En nuestro cronograma tenemos establecido que la obra en sí puede durar cerca de cuatro años, aunque no se puede descartar que haya retrasos, como ocurrió con el proceso de ampliación del Canal de Panamá”, detalló el líder de la ACP.

El presidente del Comité de Recursos Hídricos de la junta directiva del Canal de Panamá, Óscar Ramírez, dijo a este medio que, entre las acciones aledañas que son necesarias realizar para garantizar el acceso al agua de la ciudadanía y el desarrollo adecuado de las operaciones de la ruta marítima, está la necesidad de trasladar la toma de agua desde Paraíso hacia Gamboa.

“Es una obra que ya fue licitada y contratamos a una empresa que, por un costo cercano a los $45 millones, hará que la toma de agua de Miraflores sea trasladada más arriba del sector de mayor salinidad, para que podamos utilizar agua que se emplea normalmente para lavar las tinas, en el tránsito de buques”, detalló.

A esto hay que sumarle dos proyectos que buscan bajar el nivel de operación de los lagos Alhajuela y Gatún. “Estos son solo ejemplos, pero tenemos muchos proyectos más en desarrollo, que son complementarios al embalse de Río Indio”, aseguró Ramírez.