Minera Panamá: ‘Queremos hablar con el Gobierno sobre la reapertura de la mina’

La empresa Cobre Panamá, conocida como Minera Panamá, tiene un objetivo claro. “Queremos sentarnos a la mesa [con el gobierno] para poder hablar de la reapertura de la mina”, exclamó Manuel Aizpurúa, gerente general de la compañía, el pasado viernes.

Las declaraciones de Aizpurúa se vertieron durante una gira de medios a la zona de la mina en Donoso, provincia de Colón, donde se anunció que, tal y como solicitó el gobierno del presidente José Raúl Mulino, se iban a suspender los procesos arbitrales que mantienen en contra de Panamá.

Hasta la fecha, la compañía minera tiene dos arbitrajes en contra de Panamá, uno por $20.000 millones y otros por $30.000 millones. Aunque también hay otros cinco arbitrajes abiertos contra el país de parte de diversos fondos de inversión, a raíz de la aprobación de la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023, que estableció una moratoria minera por tiempo indefinido.

Desde el Ejecutivo emitieron un comunicado el pasado 13 de marzo, alegando que “cualquier posible acercamiento” entre el Estado y la compañía, dependía de la suspensión de los procesos arbitrales.

El 18 de julio de 2024, durante su conferencia de prensa semanal, el presidente Mulino manifestó que para que él siente a representantes del gobierno con las empresas que interpusieron arbitrajes contra nuestro país, “esos procesos se tienen que suspender. Panamá no va a ir con una pistola en la cabeza a sentarse para arreglar el problema”, sentenció.

La noticia de la suspensión de los arbitrajes fue bien recibida por Zorel Morales, líder de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), quien lo definió como un acto de “confianza y buena fe” para resolver el problema de la mina, indicó a este medio.

Morales dijo que el desafío radica en poder “quitar” la Ley 407 (de moratoria minera) del entramado legal del país, la cual, según el líder de Camipa, es “inconstitucional”.

“No se puede prohibir el aprovechamiento de los recursos minerales, cuando la Constitución de la República los define como de interés público y bienestar social”, esto haciendo referencia a los artículos 257 y 259 de la carta magna.

“La declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 no manda a cerrar la mina ni prohíbe la minería. La moratoria impide que se den nuevas concesiones, pero eso no significa que el gobierno y la empresa se sienten a hablar”, acotó.

El líder de Camipa recordó que el Código Minero de Panamá sigue vigente, por lo que este sirve como un estándar para el otorgamiento de las concesiones mineras.

“Este problema se tiene que resolver de alguna manera, porque si no, vamos a terminar metidos en unos arbitrajes, que muy seguramente vamos a perder”, sentenció.

Ante la posibilidad de que este debate genere una nueva ola de protestas nacionales, Morales considera que el escenario actual es distinto. “Hace un par de años se manifestaron en contra del partido de gobierno, de la corrupción y de los despilfarros”, justificó.

Desde Camipa alegaron que ellos monitorearon las redes sociales en Panamá, el 13 y 14 de marzo, para medir el sentir ciudadano sobre este tema, llegando a la conclusión de que solo el 8% de los comentarios eran en contra, frente a 20% de comentarios a favor y un 70% de comentarios neutrales.

La potencial reanudación de las negociaciones entre el Estado panameño y Cobre Panamá, antes conocida como Minera Panamá, es vista con preocupación por los abogados Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo.

Los juristas, que interpusieron las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023, que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado de Panamá y la sociedad Minera Panamá S.A., catalogaron la posibilidad de reactivar las negociaciones como algo “inconstitucional”.

“El Gobierno no puede negociar directamente con la empresa minera. Hay impedimentos legales y constitucionales que lo impiden”, alegó Sevillano.

Según el especialista, el problema radica en que este tipo de contratos tienen que pasar por un proceso de licitación, algo que no estaría siendo considerado en el panorama actual.

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dice que la minería viola derechos humanos, que tienen prevalencia sobre los derechos de inversión”, añadió.

Sevillano catalogó la posibilidad de que el gobierno negocie con la mina como una “estafa” hacia la empresa, por los impedimentos legales que conlleva.

Para poder desarrollar la negociación, el abogado cree que sería necesario cambiar diversos artículos de la Constitución, entre ellos el del derecho a la vida, la salud y un ambiente sano. A la par de derogar o modificar la Ley de Contrataciones Públicas.

“Eso sería un desacato al fallo de la CSJ”, sentenció.

Este sentir es compartido por Cornejo, quien alegó que el presidente Mulino se está “extralimitando en sus funciones”, dado que no existe una licitación vigente al respecto.

”El Estado debió entregarle la responsabilidad del cierre seguro de la mina a otra empresa. Él está actuando al margen de la ley”, exclamó.

“El Gobierno no puede entregar concesiones de explotación de minería metálica ni a First Quantum Minerals ni a ninguna otra empresa”, alegó.

Al ser consultados sobre si presentarían una demanda de inconstitucionalidad en caso de que se intente emitir un nuevo contrato minero, ambos señalaron que lo harían.

”Yo creo que el 80% de los panameños lo haría”, dijo Cornejo.

“Yo estaría obligado a hacerlo. No puede haber minería en Panamá mientras no se cambie la Constitución”, concluyó Sevillano.