’Mi primer empleo’, un programa útil pero limitado

El 1 de agosto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la puesta en marcha de uno de sus programas insignia para el desarrollo laboral de los jóvenes: “Mi Primer Empleo”.

La medida permite a 1,058 jóvenes panameños, en edades de 17 a 24 años, tener su primera experiencia laboral en empresas como Morgan & Morgan, Copa Airlines, Nestlé, Cable & Wireless, Supercarnes, Unibank, la Zona Libre de Colón, Importadora Ricamar, el Machetazo, Sonda, Alórica, el consorcio HPH (encargado de la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá) y otros.

Se trata de una colaboración entre el Ejecutivo y el sector privado, en el que ambos lados se comprometen a brindar una pasantía de tres meses en el sector empresarial, bajo la premisa de que la mitad del salario mensual ($300) la paga el gobierno y la otra mitad la empresa en la que trabaja el joven.

“Este programa fue un reto para nosotros, porque en solo 30 días tuvimos que ingresar a más de 1,000 jóvenes en el mercado laboral”, confesó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz. Lo que supone casi triplicar la cifra de jóvenes que formaron parte del programa, en los últimos cinco años (385). “El programa tenía una serie de reglamentaciones burocráticas que lo hacía impracticable, por eso decidimos simplificarlo y darle paso a la tecnología”, analizó.

Muñoz agregó que ya hay otras 1,700 plazas en desarrollo, a la par de crear una nueva ley de pasantías, que será presentada próximamente para su reglamentación. “Le pedimos a los jóvenes y empresarios que sean flexibles, porque puede que surjan contratiempos, pero estamos aquí para solucionarlos”, agregó.

El presidente Mulino resaltó que este proyecto busca darle una solución a la falta de experiencia laboral que hay en los jóvenes. “Ahora solo les queda echar para adelante, ya no hay excusas”, puntualizó.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) muestran que, para agosto de 2023, el desempleo juvenil (15- 29 años), representó el 54,3% del desempleo total (155,625 personas), esto quiere decir que de cada 100 desocupados, 54 se ubican entre los 15 y 29 años.

El abogado empresarial y consultor laboral, Luis Eduardo Valle, explicó a este medio que este programa surge de la Ley N.º 121 de 2019, la cual generó el proyecto “Aprender haciendo”, solo que, con el Decreto Ejecutivo N.º 27 del 3 de julio de 2024, se cambió su reglamentación y se rebautizó como “Mi Primer Empleo”.

“El programa tiene tres etapas, una de inscripción, otra de capacitación y la de pasantía. Esta última fase no garantiza que el joven vaya a quedar en la empresa en donde está practicando, pero sí le da experiencia laboral”, subrayó.

Para Valle, uno de los desafíos que tiene el programa es que depende del presupuesto que el Estado pueda destinar a su ejecución, debido a que, tan solo esta primera etapa, representa un gasto trimestral de cerca de $952,000, sin considerar la inversión en capacitación que efectuó el Gobierno Nacional, en estos jóvenes. “Habrá que evaluar el impacto del programa, una vez que se sepa cuantas de esas 1,058 personas que ingresaron, realmente quedaron contratadas”, analizó.

Otro punto a considerar, es que si bien hay 1,000 jóvenes ingresando al campo laboral, el desempleo juvenil supera las decenas de miles de personas, por lo que, para hacer este programa escalable se requieren muchos fondos.

“No se puede dejar de considerar el nivel de capacitación de los aspirantes. Para ingresar en este programa, las personas deben estar certificadas, ya sea con un técnico o un diploma. Esto no es para personas que están cursando estudios”, indicó el especialista.

Uno de los grandes problemas que tiene es que los aplicantes no pueden haber tenido ya una experiencia laboral, de ningún tipo, antes de estar en el programa, lo que deja por fuera a esos jóvenes que estudiaron y trabajaron en simultáneo, pero que no han podido conseguir oportunidades de desarrollo laboral, dentro de su área de estudio.

“Si tú eres alguien que, por necesidad, tuvo que trabajar mientras estabas estudiando y que ahora quieres tener experiencia dentro de tu carrera, pues ya no aplicas a esto”, ponderó.

“El programa es bueno, en principio, pero habrá que ver su resultado, porque se habla de ingresar a más personas en los próximos meses y eso implica un gasto”, agregó el abogado.

Valle cree que otra limitación que posee es que el proceso de selección y ubicación de los empleados corre por parte del Mitradel, lo que puede ocasionar que los nuevos pasantes no cumplan a cabalidad el perfil que requiere la empresa. “Es el problema que tenían las empresas cuando el programa se llamaba ‘Aprender haciendo’ y la ley sigue siendo lo misma”, justificó.

Otro punto importante es que cada empresa que participa debe levantar un informe bimensual sobre el progreso del joven que está con ellos, lo que implica que se requiere de cierta infraestructura, para poder levantar estos informes, cada quince días.

“Parece que las únicas que van a poder aprovechar esto son las empresas grandes, ya que la legislación establece que si la compañía hace que el joven quede contratado y labora durante seis meses, va a recibir beneficios fiscales”, detalló.

Esto es contraproducente, si se considera que la mayor parte de la empleabilidad en el país (cerca del 67%, según la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas) viene de este sector.

“Este proyecto puede ayudar a que la tasa de desempleo juvenil no aumente mucho más, pero no creo que, por sí sola pueda hacer que se reduzca”, ponderó, a la par de asegurar que lo que se requieren son proyectos laborales de gran envergadura como el tren Panamá-David o el metro cable de San Miguelito.

El pasado 31 de julio, la diputada Yamireliz Chong, presentó un anteproyecto de ley que también busca aumentar la empleabilidad juvenil. Se trata de una iniciativa que busca que las empresas le brinden un espacio proporcional de empleo, a los jóvenes, menores de 30 años, que estén recién graduados de la universidad.

“Nosotros proponemos que, por cada 50 empleados que tenga una empresa, un 4% sean jóvenes que no tengan experiencia laboral. Es decir, 2 de cada 50”, relató a este diario.

Chong explicó que están buscando que se “preserve el talento humano local”, al exigir que los jóvenes contratados provengan de la provincia en la cual está radicada la empresa, con excepción de la provincia de Panamá.

La funcionaria aclaró que no buscan decirle a la empresa a quién contratar. “La compañía es la que va a decidir, pero siguiendo estos paramentos”, dijo.

Añadió que aquellos jóvenes, menores de 30, que ya han tenido empleo formal, no están siendo considerados en el proyecto legislativo y que, si una empresa no quiere acatar la normativa, ésta deberá aportar al Mitradel una suma equivalente al salario mínimo por cada persona que no se contrate, durante el tiempo que dure su renuencia.

Sobre este proyecto, Valle cree que se trata de un concepto similar al de la Ley No. 42, del 27 de agosto de 1999, en donde las empresas tenían que tener un 2% de empleados con alguna condición de discapacidad en su planilla y, si no, se debería abonar al Mitradel un salario mínimo al mes, hasta que la contratasen.

“No todas las empresas van a tener la capacidad de afrontar una exigencia de este tipo. Si tú eres un pequeño empresario, con capital limitado, lo más probable es que busques a alguien con experiencia, porque necesitas salir adelante”, acotó el abogado, quien señaló que esto solo podría sea aplicable a las grandes empresas.

Según el especialista, otro inconveniente que posee es que no es aplicable a compañías altamente técnicas, como aquellas que trabajan en la reparación de equipos médicos.

El artículo 9 del anteproyecto expresa que las empresas que cumplan con este requisito tendrán un incentivo fiscal equivalente al salario mensual que reciba cada joven profesional sin experiencia laboral, por un período de dos años.