MEF evalúa modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal: ¿cuáles son las previsiones?

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, confirmó a este medio que la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) que fija los topes del déficit, actualmente, “está en evaluación”, aunque no especificó si se va a modificar al alza o a la baja.

Sin embargo, economistas consultados consideran que la nueva evaluación a la ley terminará en un aumento, ya que no existen las condiciones económicas para cumplir con lo programado (Ver gráfica), por lo que Chapman deberá hacer un calendario con el desglose de los aumentos y posterior reducción que hará en los próximos cinco años.

“El déficit puede ser mayor del 2%”, estimó el exministro del MEF, Fernando Aramburú-Porras. No obstante, aclaró que a pesar de este ajuste “sería muy especulativo sin antes ver el plan quinquenal que hará el gobierno”. Aún así reconoció que ahora, a este gobierno no le quedará de otra que hacer un cambio.

“Sería lo ideal si no lo hace (un cambio), pero tengo mis serias dudas porque la situación está muy deteriorada y la perspectiva de crecimiento en la economía no es tan buena”, expresó Aramburú-Porras.

El economista Felipe Argote, por su parte, fue más enfático en señalar que el MEF podría establecer en el calendario un aumento del 3% en el déficit, para el primer año; 2% en el segundo y en el tercer año comprometerse a regresar al 1%.

“No necesariamente debe ser 3%, sino 2,5%, 2,3% o 2,7%. Aunque la medida puede ser temporal no es algo que se haga al ojo, pero sí es cierto que el MEF tiene que aumentar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal porque el déficit no puede ser de 1%, no va a ser”, subrayó.

Mientras que Raúl Bethancourt, miembro del Colegio de Economista, cree que en los dos próximos años se va aumentar el déficit a 2%, ya que el MEF buscará tener un “colchón de equilibrio” para, a partir del tercer año, lograr una disminución.

Pero, “el aumento del que habla para la Ley 34, según dijo, va a depender básicamente de la estrategia de inversión y los planes que tenga el gobierno nacional para solicitar empréstitos y dinamizar la economía”.

“Hablar de un porcentaje frío, sin saber la estrategia que finalmente tiene el gobierno, sería improvisar. Además, no podemos estar aumentando la Ley 34 sin antes solucionar el tema de la mina, si ahí tenemos dinero fresco que podemos obtener”, acotó Bethancourt.

Aramburú-Porras dijo que es de esperarse que la evaluación a la Ley 34 por parte del ministro de Economía se estaría dando ante la preparación del plan quinquenal que deberá hacer para el nuevo gobierno, y que además le permitiría presentar una modificación a la Ley 34, que no necesariamente será para este 2024.

“Con el plan quinquenal, el MEF va a explicar cuáles son las estrategias que va hacer para aumentar ingresos, bajar gastos y el crecimiento económico que espera tener, así como el plan de inversiones, etc. De ese plan resulta un déficit proyectado que va a implicar o no un cambio en la Ley de Responsabilidad Fiscal Social”, comentó Aramburú-Porras.

La última modificación que tuvo la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal fue en 2020 cuando el exministro Héctor Alexander presentó el proyecto de Ley N° 474, que posteriormente fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional (AN) y se convirtió en la Ley 185 del 25 de noviembre de 2020.

En su momento, Alexander sustentó que la iniciativa era necesaria para ampliar el margen de responsabilidad fiscal, debido a los efectos de la pandemia y su impacto en las recaudaciones. (Ver gráfica). Así, se proyectó que para el 2023, 2024 y 2025, el déficit volvería a los niveles establecidos con anterioridad a la crisis que provocada por la pandemia.

Argote recordó que el calendario que haga el ministro de Economía para modificar la Ley 34 no solo será importante para el país, sino también para las calificadoras de riesgos, que están esperando si mantener o no el grado de inversión de Panamá.

“Las calificadoras saben más de las cifras del país que nosotros. Ellos saben perfectamente lo que está pasando y no se les puede engañar”, advirtió el economista, quien además recordó que las calificadoras de riesgos son las encargadas de decirle a los inversionistas si vale la pena o no comprar emisiones de bonos de un país, en este caso de Panamá. “Una de las variables es ver su déficit”, dijo.

Asimismo, Bethancourt recordó que la forma en que se comportan las calificadoras internacionales incide en la economía, porque Panamá para poder cubrir sus ingresos, gastos e inversiones tiene que solicitar dinero prestado, sin olvidar que debe tener sus finanzas equilibradas.

El miembro del Colegio de Economistas recordó que Panamá perdió el grado de inversión por parte de la calificadora Fitch Ratings y la única forma de recuperarlo es poniendo las finanzas del Estado en “equilibrio”. Por un lado, indicó, hay que cumplir los compromisos con el sector privado y, por otro lado, analizar los subsidios sociales y de empresas privadas.

“Todo esto lo están viendo con mucha delicadeza los organismos internacionales, de cómo el gobierno va a establecer las nuevas reglas del juego sobre cómo mantener sus finanzas equilibradas”, recalcó Bethancourt

Si bien la Ley 34 de Responsabilidad Social y Fiscal fue creada en 2008, los economistas cuestionaron que su cumplimiento haya sido “insuficiente” en las diferentes administraciones.

Argote comentó que el manejo que se le ha dado a la ley “ha sido todo un relajo” por sus constantes modificaciones y esa no es la idea. “La idea es que se respete y no se modifique, como se ha hecho todos los años. No puedo culpar a este gobierno de lo que hicieron los anteriores, pero no pueden seguir actuando como si no hubiera corrupción”, subrayó.

Según Aramburú-Porras, los gobiernos de Ernesto Peréz Balladares (1994-1999) y Martín Torrijos (2004-2009) lograron un uso responsable de las finanzas del Estado, pero después del 2009 “las siguientes administraciones dejaron mucha deuda, déficit y cuentas por pagar, que obligan a los nuevos gobiernos asumir esa responsabilidad”.

“Los últimos tres gobiernos han sido muy irresponsables, entonces, obviamente han modificado la ley a su antojo y eso da una mala imagen”, manifestó el exministro del MEF, matizando la postura de Argote.

Bethancourt recordó que con la Ley 34 es una responsabilidad del gobierno mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos, ya que la norma permite que los ingresos que se generan puedan cubrir los compromisos que tiene el país, tanto internos como externos. Y, frente al actual escenario, el economista recomendó a “Panamá elaborar su estrategia de cumplimiento con las finanzas, con la deuda externa, concretamente”.