Medidas de retorsión de Panamá contra la UE: ¿cuál sería el alcance?

El pasado 23 de septiembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a reiterar que aplicará medidas de retorsión contra aquellos países que insistan en incluir o mantener a Panamá en listas discriminatorias, señalando a la Unión Europea (UE) como el principal opositor a que Panamá salga de ellas.

¿Qué medidas de retorsión serían?, ¿cuál sería el alcance? y ¿qué impacto económico tendrían? La semana pasada Mulino enfatizó en que con las medidas de retorsión, el país que tenga a Panamá en listas o participe de grupos políticos que lo mantengan en ellas, será excluido de cualquier posibilidad de hacer negocios en Panamá. “Así de fácil. Ninguna licitación, ningún contrato, ninguna asesoría de ningún tipo”, advirtió el gobernante panameño en un conversatorio ante el Consejo de las Américas, en Nueva York.

Pero, ¿qué negocios serían afectados? Especialistas consultados por “La Decana”, coincidieron en que las fuertes medidas anunciadas por Mulino impactarían más que todo los contratos con el Gobierno y las licitaciones, pero no los que estos países, como los del bloque de la UE, quieran venir a hacer para invertir en una empresa privada, planta eléctrica, aeropuerto o puerto, etc. Además, aclararon que es impredecible establecer un monto sobre las repercusiones que pueden generar las decisiones que tome el Gobierno sobre este tema.

“Él (Mulino) se refiere más que nada a los contratos que hace el Gobierno, tanto de suministro como de construcción de carreteras, puentes, etc. Por ejemplo, un laboratorio que venga de estos países no va a poder venderle medicina a la Caja de Seguro Social. Pero sí hay un tema importante con la empresa que suministra los vagones del tren, porque eso genera consecuencias económicas”, afirmó el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú-Porras.

Lo que está haciendo el presidente de la República, no sería una medida nueva. La Ley 48 del 26 de octubre de 2016 establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá. Así, mediante la resolución ministerial No. 001-2018 y conforme lo establece la ley, Panamá creó un listado contra países que lo discriminan para proteger sus intereses económicos y comerciales, subrayaron Adolfo Linares, abogado especialista en derecho comercial y marítimo, y Carlos Raúl Moreno, del Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi).

Moreno mencionó que “con la Ley 48 no hay que hacer prácticamente nada porque toda contratación del Estado con una empresa extranjera tiene que recibir la certificación de que no hay medida discriminatorias y más bien hay un trato paritario hacia Panamá, a objeto de que se pueda hacer la contratación pública o extranjera”.

Explicó que “cuando se presenta esa certificación de que no hay trato discriminatorio para cualquier contratación con el Estado se acepta, de lo contrario se rechaza”.

Linares, por su parte, destacó que el listado de la Ley 48 fue el primer paso que dio Panamá en la evaluación de acciones recíprocas hacia los países que lo discriminan, ya que la normativa establece que se deben dar las gestiones diplomáticas correspondientes, proponer y aprobar las acciones a tomar contra los estados que afectan los intereses económicos y comerciales de la nación

Por lo tanto, recalcó que lo que está haciendo el presidente Mulino es aplicar una ley que ya existe. “Lo que ha dicho el presidente es correcto sobre lo que se debe hacer, pero ya de por sí eso se aprobó hace varios años, pero no fue implementado como se debía por los expresidentes Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo por miedo”, cuestionó Linares.

Los países incluidos en la lista de Panamá, según la resolución ministerial en mención, son: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, Uruguay, Venezuela, Croacia, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Polonia, Portugal, Camerún, Georgia, Rusia y Serbia, jurisdicciones que mantienen a Panamá incluida en diferentes listas discriminatorias.

Para el presidente de Gapifi, también existe la posibilidad de que Panamá establezca medidas arancelarias, prohibiciones de importaciones o servicios que vengan de esos países, de las que todavía el presidente no ha mencionado.

Sin embargo, Aramburú- Porras consideró que el discurso que lleva adelante Mulino “no se refiere a medidas sobre este tema”.

No obstante, con un Canal logístico, donde pasa el 6% del comercio global, Linares es de la teoría de que Panamá debe empezar a utilizar su ruta como instrumento de defensa geopolítica, una medida que incluso no impide el Tratado de Neutralidad.

“El Tratado de Neutralidad no es impedimento para que Panamá, por ejemplo, le diga a Francia, que es el país que más nos molesta y nos mantiene en sus listas, que todos sus buques o productos tendrán un costo por penalidad entre el 50% o 100%”, sustentó el abogado especialista en derecho comercial y marítimo.

Y, añadió que “al que no le gusta o paga o no pasa por la ruta y se va a dar la vuelta a Cabo de Hornos. Ya sería un tema de que no quisieran pagar y no es porque se les esté diciendo que no pasen. Las sanciones de la UE, además de ser por temas fiscales, también tienen un control geopolítico para controlar precisamente a Panamá por su posición geográfica envidiable”.

El exministro de Economía y Finanzas aseguró que en el sector bancario no se ha mencionado ninguna medida de retorsión que afecte de forma directa, pero de forma indirecta sí con aquellas empresas que tienen negocios con el gobierno, que mantenían cuentas.

Para Linares, “Panamá nunca ha tenido problemas con los bancos corresponsales, el problema es por el tema de las listas, que si se arregla el problema con los bancos corresponsales, se soluciona”.

La situación que vive la UE con Panamá podría ser vista como una oportunidad que puede aprovechar China para sacar ventaja y acaparar la demanda que se generaría. Del mismo puede pasar con otros países que sientan la capacidad de hacer negocios con el Estado, prevé el presidente de Gapifi y el abogado especialista en derecho comercial y marítimo.

Asimismo, Aramburú-Porras señaló que las restricciones a las empresas no solo los va a perjudicar a ellos, sino también a los panameños, porque al darse menos competencia entre empresas internacionales, probablemente, se tendrá que pagar más por algunos servicios o alimentos.

Linares, por su parte, ve difícil saber en cifras que alcance podrían estar generando las medidas de retorsión, pero si está claro de que no tomarlas sería mucho más grave, como ya está pasando con una falta de credibilidad, la mancha del nombre del país, la injusticia de la inclusión, las pérdidas en el sector financiero y la dificultad de hacer negocios.

Para el presidente de la República, los señalamientos en listas complican la llegada de inversiones y truncan el desarrollo de un sistema financiero mundialmente competitivo, en el que “Panamá no acepta esas reglas de juego”.

“Panamá es un país amigo de las buenas causas y no permitiremos más señalamientos injustos que perjudican nuestra capacidad económica, nuestro prestigio y socavan la imagen de nuestro país”, puntualizó.