Industriales proponen un referéndum para el futuro de la mina; MICI debatirá el tema en 2025
- 24/10/2024 00:00
- 23/10/2024 18:56
Mientras que el sector privado apuesta por que sea la ciudadanía la que decida si quiere o no esta actividad dentro de la economía, el Gobierno opta por mantener el tema reservado para el próximo año Tras un año de inactividad de la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) mantienen opiniones divididas sobre el futuro de la actividad. Ambas autoridades se refirieron a este tema durante la toma de posesión del SIP, ayer.
Por un lado, Raúl Montenegro, presidente del SIP, consideró someter a la opinión pública el futuro de la mina.
“Es prioritario retomar el tema y, si es necesario, someter la actividad a un referéndum para que sea el país el que tome la decisión”, afirmó Montenegro.
Por el otro, Julio Moltó, ministro del MICI, dijo que si se establece o no un referéndum, eso será una decisión que se anunciará en 2025, un año que ha elegido el presidente de la República, José Raúl Mulino, para analizar todo lo que concierne a la mina.
El presidente del SIP sustentó que la idea de un referéndum la han recomendado siempre y cuando sea necesario hacerla. “Yo considero que es una decisión lo suficientemente importante para que los panameños consensuemos si queremos o no incorporar esta industria a la matriz económica del país”, dijo.
Defendió que “así como hemos sabido administrar el Canal, a mí me parece que nosotros perfectamente podemos administrar una industria minera con las mejores condiciones posibles para Panamá, siguiendo los mejores y estrictos controles con el medio ambiente y haciendo las cosas bien”.
Montenegro aseveró que para el SIP la mina no es un tema cerrado, sino que se debe abordar lo más pronto posible ante las consecuencias que ha generado el cese de operaciones para las provincias centrales.
Recordó que con las protestas y cierre de vías en rechazo al contrato minero en noviembre de 2023 se afectó negativamente a la economía del país, tras la declaración de inconstitucional del contrato entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum que “demandó ponernos de pie una vez más y enfrentar un escenario desolador en términos económicos”.
Este hecho reciente, dijo, tuvo mucho peso al suspender una actividad altamente productiva, y el país perdió una oportunidad de repunte económico difícil de recuperar hasta hoy. “Un año después las consecuencias las sentimos todos en diferentes aristas: lo ambiental, social y financiero”, sentenció.
El ministro del MICI, por su parte, reiteró que la mina será un tema que se analizará en 2025. “Como ustedes saben, hay un proceso de arbitraje y no quisiera dar comentarios al respecto porque involucra temas legales”, dijo.
Cobre Panamá, la mina más grande de Centroamérica, cerró sus operaciones a mediados de diciembre de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña declarara inconstitucional el contrato ley entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum, tras la ola de críticas y protestas de la ciudadanía.
La decisión de la CSJ fue un hecho inédito que obligó a un cierre abrupto de una mina que representaba arriba del 7% del producto interno bruto (PIB) del país.
Debido a la interrupción de la operación de la mina de cobre, se espera que el crecimiento disminuya al 2,5 % en 2024, según el Banco Mundial.
Aportes 2016-2023 Entre 2016 y 2023, la empresa dio al Estado panameño $1.529 millones en ganancias, divididos de la siguiente forma: $47 millones (2016), $47 millones (2017), $114 millones (2018), $148 millones (2019), $105 millones (2020), $162 millones (2021), $152 millones (2022) y $754 millones (2023), según datos del Informe de Transparencia Fiscal y contribuciones a los gobiernos de la minera.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicó el 20 de noviembre de 2023, que la Dirección General de Ingresos recibió por parte de la empresa Minera Panamá la suma de $562.840.543.59 correspondientes a las obligaciones a la fecha, establecidas en el contrato ley.
Adicional a eso y para la misma fecha, el Ministerio de Ambiente y los Municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera recibieron $4.284.512 que corresponden al pago de uso de agua, canon superficial y derechos de uso y servidumbre, señala el comunicado de la entidad.
Entre 2016 y 2023, la mina dio al Estado panameño $1.529 millones en gananciasGanancias $47 millones (2016) Raúl Montenegro Presidente del SIP Yo considero que es una decisión lo suficientemente importante para que los panameños consensuemos si queremos o no incorporar esta industria a la matriz económica del país”. Julio Moltó Ministro del MiciComo ustedes saben, hay un proceso de arbitraje y no quisiera dar comentarios al respecto porque es un tema que involucra temas legales”.
Tras un año de inactividad de la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) mantienen opiniones divididas sobre el futuro de la actividad. Ambas autoridades se refirieron a este tema durante la toma de posesión del SIP, ayer.
Por un lado, Raúl Montenegro, presidente del SIP, consideró someter a la opinión pública el futuro de la mina.
“Es prioritario retomar el tema y, si es necesario, someter la actividad a un referéndum para que sea el país el que tome la decisión”, afirmó Montenegro.
Por el otro, Julio Moltó, ministro del MICI, dijo que si se establece o no un referéndum, eso será una decisión que se anunciará en 2025, un año que ha elegido el presidente de la República, José Raúl Mulino, para analizar todo lo que concierne a la mina.
El presidente del SIP sustentó que la idea de un referéndum la han recomendado siempre y cuando sea necesario hacerla. “Yo considero que es una decisión lo suficientemente importante para que los panameños consensuemos si queremos o no incorporar esta industria a la matriz económica del país”, dijo.
Defendió que “así como hemos sabido administrar el Canal, a mí me parece que nosotros perfectamente podemos administrar una industria minera con las mejores condiciones posibles para Panamá, siguiendo los mejores y estrictos controles con el medio ambiente y haciendo las cosas bien”.
Montenegro aseveró que para el SIP la mina no es un tema cerrado, sino que se debe abordar lo más pronto posible ante las consecuencias que ha generado el cese de operaciones para las provincias centrales.
Recordó que con las protestas y cierre de vías en rechazo al contrato minero en noviembre de 2023 se afectó negativamente a la economía del país, tras la declaración de inconstitucional del contrato entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum que “demandó ponernos de pie una vez más y enfrentar un escenario desolador en términos económicos”.
Este hecho reciente, dijo, tuvo mucho peso al suspender una actividad altamente productiva, y el país perdió una oportunidad de repunte económico difícil de recuperar hasta hoy. “Un año después las consecuencias las sentimos todos en diferentes aristas: lo ambiental, social y financiero”, sentenció.
El ministro del MICI, por su parte, reiteró que la mina será un tema que se analizará en 2025. “Como ustedes saben, hay un proceso de arbitraje y no quisiera dar comentarios al respecto porque involucra temas legales”, dijo.
Cobre Panamá, la mina más grande de Centroamérica, cerró sus operaciones a mediados de diciembre de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña declarara inconstitucional el contrato ley entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum, tras la ola de críticas y protestas de la ciudadanía.
La decisión de la CSJ fue un hecho inédito que obligó a un cierre abrupto de una mina que representaba arriba del 7% del producto interno bruto (PIB) del país.
Debido a la interrupción de la operación de la mina de cobre, se espera que el crecimiento disminuya al 2,5 % en 2024, según el Banco Mundial.
Entre 2016 y 2023, la empresa dio al Estado panameño $1.529 millones en ganancias, divididos de la siguiente forma: $47 millones (2016), $47 millones (2017), $114 millones (2018), $148 millones (2019), $105 millones (2020), $162 millones (2021), $152 millones (2022) y $754 millones (2023), según datos del Informe de Transparencia Fiscal y contribuciones a los gobiernos de la minera.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicó el 20 de noviembre de 2023, que la Dirección General de Ingresos recibió por parte de la empresa Minera Panamá la suma de $562.840.543.59 correspondientes a las obligaciones a la fecha, establecidas en el contrato ley.
Adicional a eso y para la misma fecha, el Ministerio de Ambiente y los Municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera recibieron $4.284.512 que corresponden al pago de uso de agua, canon superficial y derechos de uso y servidumbre, señala el comunicado de la entidad.