Falta de data, el gran desafío del programa ‘Mi Primer Empleo’
- 10/01/2025 00:00
- 09/01/2025 18:19
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muoz, señaló que 624 personas quedaron insertadas en el mercado laboral, con este proyecto Ya han pasado cinco meses desde que el Gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzó la iniciativa “Mi Primer Empleo” y, por ahora, los resultados no son malos.
Según la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, 624 personas, de las 1.058 que iniciaron el programa, han quedado insertadas en el mercado laboral, producto del programa.
“Sí hay que hacer ajustes en el programa, pero estos resultados nos demuestran que sí es efectivo”, dijo Muñoz, el jueves 2 de enero, durante la instalación de la segunda legislatura, del primer periodo ordinario, de la Asamblea Nacional.
El programa, que está dirigido a jóvenes entre los 17 y los 24 años, sin experiencia profesional, fue anunciado como una herramienta para combatir la alta tasa de desempleo juvenil que azota el país.
Los más recientes datos de la Encuesta de Mercado Laboral 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), hasta octubre de 2024, muestran un aumento del desempleo en 9,5 % y de la informalidad en 0,8 %.
En cifras reales, el desempleo se situó en 202.609 personas, cuando en agosto de 2023 fue de 155.625 personas. En tanto que el número de ocupados disminuyó en 14.454 personas, siendo la población (15 a 29 años) la que representa casi la mitad de los desempleados.
Es por eso que Muñoz informó que se están abriendo otras 1,000 nuevas oportunidades laborales dentro de este proyecto, el cual inició con la participación de empresas como: Morgan & Morgan, Copa Airlines, Nestlé, Cable & Wireless, Supercarnes, Unibank, Zona Libre de Colón, Importadora Ricamar, El Machetazo, Sonda, Alórica, el consorcio HPH (encargado de la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá) y otros.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, destacó que ellos ven con “muy buenos ojos” la iniciativa, aunque esto “no va a corregir el problema de desempleo en el país”.
“Nosotros estamos apoyando, sin embargo, hace falta crear muchos más empleos, algo que se hace con inversión extranjera y local”, alegó.
Se trata de una colaboración entre el Ejecutivo y el sector privado, en el que ambos lados se comprometen a brindar una pasantía de tres meses en el sector empresarial, bajo la premisa de que la mitad del salario mensual ($300) la paga el gobierno y la otra mitad la empresa en la que trabaja el joven.
El abogado empresarial y consultor laboral Luis Eduardo Valle, explicó a este medio que, una de las grandes falencias de este programa es la falta de data estadística que se tiene disponible, de manera pública, hasta el momento.
“Ni en la página de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), ni en el portal de “Mi Primer empleo” se puede encontrar buenas cifras que midan la evolución del programa”, detalló.
Valle relató que este programa surge de la Ley N.º 121 de 2019, la cual generó el proyecto “Aprender haciendo”, solo que, con el Decreto Ejecutivo N.º 27 del 3 de julio de 2024, se cambió su reglamentación y se rebautizó como “Mi Primer Empleo”.
“El programa tiene tres etapas, una de inscripción, otra de capacitación y la de pasantía. Esta última fase no garantiza que el joven vaya a quedar en la empresa en donde está practicando, pero sí le da experiencia laboral”, subrayó.
El abogado señaló que, según la ejecución presupuestaria que mantiene el Mitradel en su portal web, esta iniciativa ya ha ejecutado $1.7 millones en presupuesto (hasta noviembre de 2024), lo que supone un 96 % del presupuesto destinado a este programa.
“El programa está bien intencionado, lo que me preocupa es si está siendo eficaz, tomando en cuenta que el desempleo aumentó en 46.000 personas, entre 2023 y 2024”, ponderó.
El consultor laboral cuestionó la falta de detalles sobre las 634 personas que han obtenido empleo con esta iniciativa. “No sabemos en qué industria fueron contratadas, porque son personas que estudiaron. Lo que nos falta saber es qué porcentaje de los contratados quedaron en una posición relacionada con su carrera, de manera permanente. No se trata solo de volumen, sino de la calidad de contratación”, alegó.
“El mismo decreto, en su artículo 5, establece que debe haber una estadística medible de los resultados del programa y no la tenemos”, agregó.
Otros datos que hacen falta es la cantidad de contratados por género, carrera, edades y nivel de escolaridad.
Valle resaltó que es importante tener en cuenta cuál será el presupuesto de 2025, ya que es un programa que abarca a los trabajadores sociales, los pasantes y otros gastos asociados al programa. “Algunos de mis clientes me mencionaron que ya contaban con los pasantes, pero que estaban reportando problemas conque el muchacho recibiera los $300 mensuales, por parte del gobierno, y tampoco se le permitía a ellos poner ese dinero, para que luego se les reembolsase”, reveló.
Limitantes estructurales Uno de los grandes problemas que tiene el programa es que los aplicantes no pueden haber tenido ya una experiencia laboral, de ningún tipo, antes de estar en el programa, lo que deja por fuera a esos jóvenes que estudiaron y trabajaron en simultáneo, pero que no han podido conseguir oportunidades de desarrollo laboral, dentro de su área de estudio.
“Si tú eres alguien que, por necesidad, tuvo que trabajar mientras estabas estudiando y que ahora quieres tener experiencia dentro de tu carrera, pues ya no aplicas a esto”, ponderó.
A esto hay que sumarle que no se tiene claridad sobre el pénsum académico que conforman la capacitaciones para determinar si esta enseñanza va alineada con las necesidades del mercado local.
“Si el programa no prepara bien a las personas que aspiran entrar a una vacante laboral, entonces, es una simple bolsa de empleo, porque no llena los requisitos de la posición”, evaluó.
Valle agregó que se debe revaluar también la obligatoriedad de que sean personas sin experiencia laboral. “La mayoría de la población universitaria sabe lo que es tener que trabajar y estudiar, el problema es que si trabajaron durante su licenciatura, ya no son elegibles para este programa”, dijo.
Esta situación también se ve reflejada en la edad. “Deberían ponerlo hasta los 29 años, que es una edad en la que el trabajador sigue siendo considerado como joven, no solo hasta los 24”, puntualizó.
Luis Eduardo ValleConsultor LaboralEl programa está bien intencionado, lo que me preocupa es si está siendo eficaz, tomando en cuenta que el desempleo aumentó en 46.000 personas, entre 2023 y 2024”
Ya han pasado cinco meses desde que el Gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzó la iniciativa “Mi Primer Empleo” y, por ahora, los resultados no son malos.
Según la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, 624 personas, de las 1.058 que iniciaron el programa, han quedado insertadas en el mercado laboral, producto del programa.
“Sí hay que hacer ajustes en el programa, pero estos resultados nos demuestran que sí es efectivo”, dijo Muñoz, el jueves 2 de enero, durante la instalación de la segunda legislatura, del primer periodo ordinario, de la Asamblea Nacional.
El programa, que está dirigido a jóvenes entre los 17 y los 24 años, sin experiencia profesional, fue anunciado como una herramienta para combatir la alta tasa de desempleo juvenil que azota el país.
Los más recientes datos de la Encuesta de Mercado Laboral 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), hasta octubre de 2024, muestran un aumento del desempleo en 9,5 % y de la informalidad en 0,8 %.
En cifras reales, el desempleo se situó en 202.609 personas, cuando en agosto de 2023 fue de 155.625 personas. En tanto que el número de ocupados disminuyó en 14.454 personas, siendo la población (15 a 29 años) la que representa casi la mitad de los desempleados.
Es por eso que Muñoz informó que se están abriendo otras 1,000 nuevas oportunidades laborales dentro de este proyecto, el cual inició con la participación de empresas como: Morgan & Morgan, Copa Airlines, Nestlé, Cable & Wireless, Supercarnes, Unibank, Zona Libre de Colón, Importadora Ricamar, El Machetazo, Sonda, Alórica, el consorcio HPH (encargado de la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá) y otros.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, destacó que ellos ven con “muy buenos ojos” la iniciativa, aunque esto “no va a corregir el problema de desempleo en el país”.
“Nosotros estamos apoyando, sin embargo, hace falta crear muchos más empleos, algo que se hace con inversión extranjera y local”, alegó.
Se trata de una colaboración entre el Ejecutivo y el sector privado, en el que ambos lados se comprometen a brindar una pasantía de tres meses en el sector empresarial, bajo la premisa de que la mitad del salario mensual ($300) la paga el gobierno y la otra mitad la empresa en la que trabaja el joven.
El abogado empresarial y consultor laboral Luis Eduardo Valle, explicó a este medio que, una de las grandes falencias de este programa es la falta de data estadística que se tiene disponible, de manera pública, hasta el momento.
“Ni en la página de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), ni en el portal de “Mi Primer empleo” se puede encontrar buenas cifras que midan la evolución del programa”, detalló.
Valle relató que este programa surge de la Ley N.º 121 de 2019, la cual generó el proyecto “Aprender haciendo”, solo que, con el Decreto Ejecutivo N.º 27 del 3 de julio de 2024, se cambió su reglamentación y se rebautizó como “Mi Primer Empleo”.
“El programa tiene tres etapas, una de inscripción, otra de capacitación y la de pasantía. Esta última fase no garantiza que el joven vaya a quedar en la empresa en donde está practicando, pero sí le da experiencia laboral”, subrayó.
El abogado señaló que, según la ejecución presupuestaria que mantiene el Mitradel en su portal web, esta iniciativa ya ha ejecutado $1.7 millones en presupuesto (hasta noviembre de 2024), lo que supone un 96 % del presupuesto destinado a este programa.
“El programa está bien intencionado, lo que me preocupa es si está siendo eficaz, tomando en cuenta que el desempleo aumentó en 46.000 personas, entre 2023 y 2024”, ponderó.
El consultor laboral cuestionó la falta de detalles sobre las 634 personas que han obtenido empleo con esta iniciativa. “No sabemos en qué industria fueron contratadas, porque son personas que estudiaron. Lo que nos falta saber es qué porcentaje de los contratados quedaron en una posición relacionada con su carrera, de manera permanente. No se trata solo de volumen, sino de la calidad de contratación”, alegó.
“El mismo decreto, en su artículo 5, establece que debe haber una estadística medible de los resultados del programa y no la tenemos”, agregó.
Otros datos que hacen falta es la cantidad de contratados por género, carrera, edades y nivel de escolaridad.
Valle resaltó que es importante tener en cuenta cuál será el presupuesto de 2025, ya que es un programa que abarca a los trabajadores sociales, los pasantes y otros gastos asociados al programa. “Algunos de mis clientes me mencionaron que ya contaban con los pasantes, pero que estaban reportando problemas conque el muchacho recibiera los $300 mensuales, por parte del gobierno, y tampoco se le permitía a ellos poner ese dinero, para que luego se les reembolsase”, reveló.
Uno de los grandes problemas que tiene el programa es que los aplicantes no pueden haber tenido ya una experiencia laboral, de ningún tipo, antes de estar en el programa, lo que deja por fuera a esos jóvenes que estudiaron y trabajaron en simultáneo, pero que no han podido conseguir oportunidades de desarrollo laboral, dentro de su área de estudio.
“Si tú eres alguien que, por necesidad, tuvo que trabajar mientras estabas estudiando y que ahora quieres tener experiencia dentro de tu carrera, pues ya no aplicas a esto”, ponderó.
A esto hay que sumarle que no se tiene claridad sobre el pénsum académico que conforman la capacitaciones para determinar si esta enseñanza va alineada con las necesidades del mercado local.
“Si el programa no prepara bien a las personas que aspiran entrar a una vacante laboral, entonces, es una simple bolsa de empleo, porque no llena los requisitos de la posición”, evaluó.
Valle agregó que se debe revaluar también la obligatoriedad de que sean personas sin experiencia laboral. “La mayoría de la población universitaria sabe lo que es tener que trabajar y estudiar, el problema es que si trabajaron durante su licenciatura, ya no son elegibles para este programa”, dijo.
Esta situación también se ve reflejada en la edad. “Deberían ponerlo hasta los 29 años, que es una edad en la que el trabajador sigue siendo considerado como joven, no solo hasta los 24”, puntualizó.