Empresarios y economistas exigen prudencia fiscal
- 17/10/2024 00:00
- 16/10/2024 19:33
La voces se pronuncian luego de que el Gobierno presentó a la Asamblea un proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Fiscal y otro que modifica el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025 Los ajustes que se hagan a la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) deben mantenerse al nivel de austeridad y racionalidad, ya que la realidad de las finanzas públicas es “crítica”, consideraron economistas y empresarios consultados por este medio.
Los especialistas reaccionaron así a la presentación que hiciera el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, sobre el proyecto que modifica, adiciona y deroga artículos de la LRSF, ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN), tras ajustar el presupuesto de 2025 a un monto de $26.835.2 millones, de los cuales $9.341.4 millones son para inversiones en los sectores de Educación, Salud, Infraestructura (Metro de Panamá, el cuarto puente sobre el Canal, el plan de rehabilitación de carreteras, entre otras obras), ambiente, seguridad y agua.
El nuevo ajuste al presupuesto 2025 benefició a entidades como la Asamblea Nacional, que obtuvo un aumento de $10 millones en la nueva versión, pasando de $88.6 millones a $98.7 millones; el Ministerio de Vivienda de $32 millones a $134 millones; y el Ministerio de Obras Públicas que pasó de $35 millones a $912 millones.
Entre las que sufrieron recortes se encuentra el Ministerio de Educación, que de $3.730 quedó en $3.581; el MEF de $458 millones a $446 millones, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de $365 millones a $265 millones.
El Presupuesto General del Estado y la modificación de la LRSF son dos temas relacionados, ya que con la aprobación de la Ley Fiscal el Gobierno tendrá que hacer un manejo de las finanzas públicas bajo un tope de cuánto se debía endeudar con relación al producto interno bruto (PIB).
Es por ello que, dentro de la modificación a la LRSF, hay metas propuestas, como reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública a un nivel igual o inferior al 50 % del PIB nominal en un plazo de diez años, a partir de la vigencia fiscal de 2026.
Así como establecer que el Sector Público No Financiero (SPNF) mantenga un superávit primario, a partir de la vigencia fiscal 2028, consistente con la reducción de la deuda neta/PIB al nivel prudente establecido.
Para casos de estado de emergencia nacional declarado por el Consejo de Gabinete, el proyecto de modificación a la LRSF establece un límite máximo de la excepción que no podrá exceder un 1,5 % del PIB nominal o el costo asociado estimado al estado de emergencia, cualquiera sea la cantidad menor.
Temístocles Rosas, presidente del Colegio Nacional de la Empresa Privada (Conep), rescató que con el nuevo presupuesto presentado para 2025 el déficit fiscal ahora es de 3,5 %, versus el 0,5 % que se había establecido antes de su modificación.
Por lo tanto, consideró que “ante la precaria situación que mantienen las finanzas públicas es necesario hacer los ajustes a la LRSF, pero manteniendo la austeridad y racionalidad en el gasto público para no exceder la capacidad, con el fin de evitar que todos los años pidamos despensas o modifiquemos la ley”.
Para el exministro de Economía y Finanzas Fernando Aramburú, la modificación a la LRSF tiene muchas cosas buenas, pero también varias interrogantes.
Entre esas, mencionó la meta de superávit del balance primario, de la que cree debió ser para el 2026 y no para el 2027 y 2028. Asimismo, dijo que los ahorros corrientes tendrían que ser para 2025 y no para 2026.
Respecto a la flexibilización en los límites de los topes por estado de emergencia, Aramburú expresó que no le parece “razonable” que se le dé todo un poder a un Consejo de Gabinete que puede variar en cinco años. “No creo que debe aparecer en la ley que el Consejo de Gabinete, sin la debida fiscalización de la Asamblea o Contraloría, pueda variar los déficits. Eso me parece que no es razonable”, cuestionó el exministro de Economía.
En este contexto, el presidente de Conep coincidió con Aramburú y mencionó que bajo las circunstancias particulares no debe ser una excusa para que el Gobierno se exceda, por el contrario, debe hacer un uso racional de los recursos públicos.
“A lo que debemos apostar es a mejorar los problemas de recaudación que tenemos, así como tener un presupuesto y unas cifras fiscales que sean acordes con la realidad y a una racionalidad”, concluyó el empresario.
Chapman confirmó que la administración actual heredó un déficit del SPNF del 3,96 % del PIB al 30 de junio de 2024, y un sobreendeudamiento del 10,2 %, muy por encima del límite del 2 % establecido por la LRSF. Una situación, dijo, que ha llevado a que en marzo de 2024 la agencia Fitch Ratings degradara la calificación crediticia del país a grado especulativo.
“El elevado nivel de endeudamiento restringe la capacidad del Estado para hacer inversiones en infraestructura y otros proyectos clave, debido a la rigidez de los gastos operativos, que incluyen leyes especiales, subsidios y el servicio de la deuda”, concluyó.
Los ajustes que se hagan a la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) deben mantenerse al nivel de austeridad y racionalidad, ya que la realidad de las finanzas públicas es “crítica”, consideraron economistas y empresarios consultados por este medio.
Los especialistas reaccionaron así a la presentación que hiciera el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, sobre el proyecto que modifica, adiciona y deroga artículos de la LRSF, ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN), tras ajustar el presupuesto de 2025 a un monto de $26.835.2 millones, de los cuales $9.341.4 millones son para inversiones en los sectores de Educación, Salud, Infraestructura (Metro de Panamá, el cuarto puente sobre el Canal, el plan de rehabilitación de carreteras, entre otras obras), ambiente, seguridad y agua.
El nuevo ajuste al presupuesto 2025 benefició a entidades como la Asamblea Nacional, que obtuvo un aumento de $10 millones en la nueva versión, pasando de $88.6 millones a $98.7 millones; el Ministerio de Vivienda de $32 millones a $134 millones; y el Ministerio de Obras Públicas que pasó de $35 millones a $912 millones.
Entre las que sufrieron recortes se encuentra el Ministerio de Educación, que de $3.730 quedó en $3.581; el MEF de $458 millones a $446 millones, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de $365 millones a $265 millones.
El Presupuesto General del Estado y la modificación de la LRSF son dos temas relacionados, ya que con la aprobación de la Ley Fiscal el Gobierno tendrá que hacer un manejo de las finanzas públicas bajo un tope de cuánto se debía endeudar con relación al producto interno bruto (PIB).
Es por ello que, dentro de la modificación a la LRSF, hay metas propuestas, como reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública a un nivel igual o inferior al 50 % del PIB nominal en un plazo de diez años, a partir de la vigencia fiscal de 2026.
Así como establecer que el Sector Público No Financiero (SPNF) mantenga un superávit primario, a partir de la vigencia fiscal 2028, consistente con la reducción de la deuda neta/PIB al nivel prudente establecido.
Para casos de estado de emergencia nacional declarado por el Consejo de Gabinete, el proyecto de modificación a la LRSF establece un límite máximo de la excepción que no podrá exceder un 1,5 % del PIB nominal o el costo asociado estimado al estado de emergencia, cualquiera sea la cantidad menor.
Temístocles Rosas, presidente del Colegio Nacional de la Empresa Privada (Conep), rescató que con el nuevo presupuesto presentado para 2025 el déficit fiscal ahora es de 3,5 %, versus el 0,5 % que se había establecido antes de su modificación.
Por lo tanto, consideró que “ante la precaria situación que mantienen las finanzas públicas es necesario hacer los ajustes a la LRSF, pero manteniendo la austeridad y racionalidad en el gasto público para no exceder la capacidad, con el fin de evitar que todos los años pidamos despensas o modifiquemos la ley”.
Para el exministro de Economía y Finanzas Fernando Aramburú, la modificación a la LRSF tiene muchas cosas buenas, pero también varias interrogantes.
Entre esas, mencionó la meta de superávit del balance primario, de la que cree debió ser para el 2026 y no para el 2027 y 2028. Asimismo, dijo que los ahorros corrientes tendrían que ser para 2025 y no para 2026.
Respecto a la flexibilización en los límites de los topes por estado de emergencia, Aramburú expresó que no le parece “razonable” que se le dé todo un poder a un Consejo de Gabinete que puede variar en cinco años. “No creo que debe aparecer en la ley que el Consejo de Gabinete, sin la debida fiscalización de la Asamblea o Contraloría, pueda variar los déficits. Eso me parece que no es razonable”, cuestionó el exministro de Economía.
En este contexto, el presidente de Conep coincidió con Aramburú y mencionó que bajo las circunstancias particulares no debe ser una excusa para que el Gobierno se exceda, por el contrario, debe hacer un uso racional de los recursos públicos.
“A lo que debemos apostar es a mejorar los problemas de recaudación que tenemos, así como tener un presupuesto y unas cifras fiscales que sean acordes con la realidad y a una racionalidad”, concluyó el empresario.
Chapman confirmó que la administración actual heredó un déficit del SPNF del 3,96 % del PIB al 30 de junio de 2024, y un sobreendeudamiento del 10,2 %, muy por encima del límite del 2 % establecido por la LRSF. Una situación, dijo, que ha llevado a que en marzo de 2024 la agencia Fitch Ratings degradara la calificación crediticia del país a grado especulativo.
“El elevado nivel de endeudamiento restringe la capacidad del Estado para hacer inversiones en infraestructura y otros proyectos clave, debido a la rigidez de los gastos operativos, que incluyen leyes especiales, subsidios y el servicio de la deuda”, concluyó.