El presidente Mulino aboga por replantear la realidad de los puertos en beneficio de Panamá
- 14/03/2025 00:00
- 13/03/2025 15:24
El presidente de la República garantizó que el país buscará tener una “mejor posición” dentro de la concesión de sus puertos El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue certero. “Tenemos que mejorar la posición de Panamá dentro de la operación de los puertos”, expresó durante su conferencia de prensa semanal.
El mandatario afirmó que es necesario que el país se replantee su rol frente al manejo de los puertos en el futuro, en medio del proceso de venta de las acciones que CK Hutchison Holdings Limited y Hutchison Port Holdings (HPH) tienen en Panama Ports Company (PPC), al Consorcio BlackRock-TiL.
“Aquí tenemos que volver a hablar de la realidad portuaria panameña a futuro, porque hemos perdido mucha plata en la concesión de los puertos”, sentenció.
Según información compartida por PPC, a finales del mes de enero, en los últimos tres años la empresa pagó $38 millones en concepto de tarifas por el movimiento de contenedores.
Datos de la Contraloría General de la República (CGR) muestran que, entre 1997 y 2019, la compañía generó $4.345 millones en ingresos acumulados, con una utilidad de $909 millones. Desde el inicio del contrato hasta enero de 2025, la empresa le dio al erario $658 millones.
Mulino dijo que iban a esperar los resultados de la auditoría que está liderando la CGR sobre la empresa para determinar un plan de acción. ”Lo que está pasando allí [en PPC] forma parte del gran problema macro que se dio con esa concesión. Esa concesión era casi que intocable. Lo que no podemos dejar es que una omisión imperdonable se transforme en una costumbre”, sentenció.
El expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troetsch, quien tiene más de 30 años de experiencia en el sector, comentó a este medio que, en caso de que el proceso de auditoría encuentre algún tipo de inconsistencia contractual, hay diversos mecanismos dentro del mismo contrato para poder lidiar con la situación.
“Si hay algún reclamo que salga de esa auditoría, el Estado debe presentárselo al concesionario, y si el concesionario está de acuerdo, hay un periodo de saneamiento en donde el concesionario puede corregir el problema o decir que no está de acuerdo”, resaltó.
El pasado 7 de marzo, el Gobierno publicó una resolución en la que autorizó al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Alberto Roquebert, a solicitar toda la información relacionada con la venta de las acciones. Esto con el objetivo de preservar el interés público.
En el comunicado que HPH y BlackRock emitieron en conjunto, se dejó claro que la transacción de PPC se concretará una vez el Gobierno de Panamá confirme los términos propuestos para la compra y venta.
¿Inconstitucional? Al ser consultado sobre la posibilidad de que el contrato de PPC sea declarado inconstitucional, el presidente Mulino alegó que no quería adelantarse a los hechos. Esto, luego de que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, dijera que, a su criterio, este acuerdo era inconstitucional.
Con respecto a este tema, Troetsch expresó que si declaran inconstitucional el contrato de PPC, el país tendría que revisar todos los contratos de concesión portuaria que ha otorgado, ya que todos son muy similares. “Algunas de las cláusulas que están siendo demandas aparecen en todos los contratos de concesión”, dijo.
Esta posibilidad ya ha sido abordada por otros altos funcionarios del equipo de Mulino, como el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien reconoció que él “no sabía” si la compañía que está comprando la acciones de HPH está anuente a la demanda presentada.
A esto se suman las palabras del titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien dijo a Radio Panamá que el desenlace de esa demanda es un problema de las empresas involucradas. “Y si falla en contra [la Corte Suprema] eso es un riesgo que está tomando quien pretende comprar ese contrato de concesión”, acotó.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue certero. “Tenemos que mejorar la posición de Panamá dentro de la operación de los puertos”, expresó durante su conferencia de prensa semanal.
El mandatario afirmó que es necesario que el país se replantee su rol frente al manejo de los puertos en el futuro, en medio del proceso de venta de las acciones que CK Hutchison Holdings Limited y Hutchison Port Holdings (HPH) tienen en Panama Ports Company (PPC), al Consorcio BlackRock-TiL.
“Aquí tenemos que volver a hablar de la realidad portuaria panameña a futuro, porque hemos perdido mucha plata en la concesión de los puertos”, sentenció.
Según información compartida por PPC, a finales del mes de enero, en los últimos tres años la empresa pagó $38 millones en concepto de tarifas por el movimiento de contenedores.
Datos de la Contraloría General de la República (CGR) muestran que, entre 1997 y 2019, la compañía generó $4.345 millones en ingresos acumulados, con una utilidad de $909 millones. Desde el inicio del contrato hasta enero de 2025, la empresa le dio al erario $658 millones.
Mulino dijo que iban a esperar los resultados de la auditoría que está liderando la CGR sobre la empresa para determinar un plan de acción. ”Lo que está pasando allí [en PPC] forma parte del gran problema macro que se dio con esa concesión. Esa concesión era casi que intocable. Lo que no podemos dejar es que una omisión imperdonable se transforme en una costumbre”, sentenció.
El expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troetsch, quien tiene más de 30 años de experiencia en el sector, comentó a este medio que, en caso de que el proceso de auditoría encuentre algún tipo de inconsistencia contractual, hay diversos mecanismos dentro del mismo contrato para poder lidiar con la situación.
“Si hay algún reclamo que salga de esa auditoría, el Estado debe presentárselo al concesionario, y si el concesionario está de acuerdo, hay un periodo de saneamiento en donde el concesionario puede corregir el problema o decir que no está de acuerdo”, resaltó.
El pasado 7 de marzo, el Gobierno publicó una resolución en la que autorizó al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Alberto Roquebert, a solicitar toda la información relacionada con la venta de las acciones. Esto con el objetivo de preservar el interés público.
En el comunicado que HPH y BlackRock emitieron en conjunto, se dejó claro que la transacción de PPC se concretará una vez el Gobierno de Panamá confirme los términos propuestos para la compra y venta.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el contrato de PPC sea declarado inconstitucional, el presidente Mulino alegó que no quería adelantarse a los hechos. Esto, luego de que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, dijera que, a su criterio, este acuerdo era inconstitucional.
Con respecto a este tema, Troetsch expresó que si declaran inconstitucional el contrato de PPC, el país tendría que revisar todos los contratos de concesión portuaria que ha otorgado, ya que todos son muy similares. “Algunas de las cláusulas que están siendo demandas aparecen en todos los contratos de concesión”, dijo.
Esta posibilidad ya ha sido abordada por otros altos funcionarios del equipo de Mulino, como el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien reconoció que él “no sabía” si la compañía que está comprando la acciones de HPH está anuente a la demanda presentada.
A esto se suman las palabras del titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien dijo a Radio Panamá que el desenlace de esa demanda es un problema de las empresas involucradas. “Y si falla en contra [la Corte Suprema] eso es un riesgo que está tomando quien pretende comprar ese contrato de concesión”, acotó.