¿Debería eliminarse el control de precios?

El ministro de Comercio e Industrias (Mici), Julio Moltó, quiere que el control de precios termine este año. “Por mí, este año se acaba. Es una decisión que tenemos que tomar con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y con el presidente de la República”, dijo, a principios de mes, durante la instalación de la segunda legislatura del primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.

“[El control de precios se creó como] “una norma de emergencia en un momento crucial, y ninguna norma temporal que perdure 15 años es sana, eso termina por distorsionar el precio de los productos y el mercado”, explicó.

“Cuando tú obligas a la empresa privada a colocar un precio y eso no les da [para pagar] los costes, ese producto se va del mercado. Estamos analizando cada uno de estos productos. Los que siguen beneficiando al panameño los estamos dejando por algunos meses más y los que no pueden seguir controlándose, los estamos sacando de la lista”, dijo.

A través del Decreto Ejecutivo N.º 42 del 30 de diciembre de 2024 se prolongó el control de precios sobre 13 productos, a nivel nacional, durante los próximos seis meses. Sin embargo, se excluyó de la lista oficial productos como lenteja, tuna en agua, mortadela nacional y salchicha de carne de res.

“El control de precios tiene más de 10 años de existir y era una medida temporal. No hay medida temporal que dure 10 años, nosotros estamos de acuerdo que lo vayan eliminando (....). La libre oferta y demanda debe ser lo que regule los precios”, valoró Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Esta visión es compartida por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa). “La regulación de precios es un mecanismo de regular o balancear el mercado, cuando hay causas específicas y determinantes, en el ejercicio comercial del mercado, por ejemplo, prácticas monopólicas”, aclaró Pedro Acosta, presidente de la entidad.

La medida de control de precios fue establecida el 1 de julio de 2014, de la mano del entonces presidente de República, Juan Carlos Varela y fue aplicada a 22 productos, mediante el Decreto Ejecutivo N°165.

“Varela metió eso como una promesa política, sin interesarle nada. Pero eso es un problema”, analizó Acosta, poniendo como ejemplo el caso del arroz. “Si tu regulas el precio del arroz, este va a quedar más barato, sí, pero cuando lo vas a buscar no va a haber, porque el que tiene más dinero va a comprar más”, aseguró.

El 14 de agosto de 2024, el ministro Moltó anunció la eliminación del control de precios sobre el arroz de primera, debido a escasez. Datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) identificaron que solo el 7,29 % del inventario nacional correspondía a este tipo de arroz, mientras que el 92,71 % era arroz especial.

”Desafortunadamente, esto se ha mantenido más de 10 años. Nosotros vemos bien que se elimine, pero tiene que hacerse bien. Durante todos estos años se ha ido renovando, cada seis meses, sin detallar cuáles eran las causas de esa decisión”, cuestionó.

Agregó que el Gobierno Nacional debe garantizar que haya libre oferta y demanda de los productos. “El gobierno debe garantizar que haya comida en la mesa, no importa el precio, pero sí la calidad. Tampoco nos interesa si es importado o nacional, porque si no da la cantidad, el gobierno debe garantizar que todos tengamos”, destacó.

Acosta mencionó que, lo que se debe establecer bien es en el momento que se hará, ya que el mercado debe estar bien abastecido. “Para que esto se elimine tiene que haber suficiente abastecimiento en los mercados, ya sea de productos nacionales o internacionales”, ponderó.

Quien no está de acuerdo con esta medida es Donaldo Souza, de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP). “El control de precios es necesario, no solo mantenerlo, sino ampliarlo a otros productos de primera necesidad”, comentó. “Hay una cantidad de productos extranjeros que tienen precios exorbitantes y no los controla nadie”, detalló.

Para Souza, la idea de que el mercado es capaz de regular los precios de los productos es mentira. “Ese es el pensamiento del poder económico, pero eso no es científico. Es una gran mentira que si se abren los precios las cosas van a ser mejores, porque se va a abrir el espacio a la especulación”, valoró.

En América Latina, no son pocos los casos de países que han visto afectada su economía por implementar controles de precio, siendo el caso más reciente el argentino.

Entre 2019 y 2023, el entonces presidente de Argentina, Alberto Fernández, se comprometió a reducir la inflación, mediante el mantenimiento de programas como el de Precios Cuidados y la aplicación de otras legislaciones como la Ley de Góndolas, la Súper Cerca y el Cepo a la carne.

Estas medidas, sumadas a los planes económicos post-pandemia, hicieron que Fernández pasara del 50 % de inflación anual, que dejó el gobierno de Mauricio Macri, a culminar su mandato con un 211 % de inflación anual.

Estos datos cambiaron con la llegada de Javier Milei a la presidencia, ya que, se comenzaron a eliminar normativas regulatorias, que dieron como resultado que el país pasase de un 211 % de inflación en 2023, a un 117 %, en 2024, una cifra elevada, pero con una clara tendencia a la baja.

Datos del portal especializado Statista, estiman que Argentina terminará el 2025, con un 62,6 % de inflación anualizada y seguirá reduciéndose hasta el 8,9 %, en 2029.

Otros países en donde los controles de precios han terminado repercutiendo negativamente en el porcentaje de inflación son: México, Colombia y Chile.