CAF destaca el potencial de América Latina y el Caribe para la producción de energía limpia, barata y estable
- 16/06/2024 00:00
- 15/06/2024 17:09
El nuevo reporte de economía y desarrollo de CAF aborda los desafíos simultáneos de hacer crecer el ingreso por habitante de manera considerable y sostenible, disminuir los niveles de emisiones y reducir la desigualdad en los próximos años El —banco de desarrollo de América Latina (CAF)— lanzó su Reporte de Economía y Desarrollo, RED 2024, donde manifiesta la necesidad de realizar una transición energética justa con una mirada desde América Latina y el Caribe.
En este nuevo documento denominado “Energía renovadas transición energética justa para el desarrollo sostenible”, el banco desarrolló un análisis exhaustivo de la situación energética actual de la región, para luego focalizarse en las agendas de oferta y demanda de energía. El reporte pone énfasis en tres sectores cruciales para la demanda: el transporte, la industria y el sector residencial, y cierra con un análisis de los impactos que la transición tendrá en la macroeconomía en su conjunto, en particular sobre las finanzas públicas, el sector externo y el mercado laboral.
Desarrollo en tiempos de transición energética El desarrollo económico logrado en el siglo XX es uno de los factores que han incidido en esa necesidad transición, ya que la emisión de gases de efecto de invernadero (GEI) —los gases que se acumulan en la atmósfera terrestre y absorben la radiación infrarroja del sol, lo que retiene y aumenta el calor en la atmósfera— generado en los últimos 80 años se han multiplicado, debido al crecimiento del ingreso por habitante y al aumento de la población.
La actividad humana ha causado la emisión de más de 2.300 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO²) contabilizando desde 1850. Más del 68% de esas emisiones provinieron del uso de energía generada por fuentes fósiles. Es por eso que los científicos advierten que, al ritmo actual de emisiones, apenas quedan 28 años para limitar el incremento de la temperatura a 2°C respecto a la era preindustrial y tan solo nueve años para limitarlo a 1,5°C. Ambas metas globales con miras a reducir las emisiones.
América Latina y el Caribe contribuye poco en materia de emisiones, apenas el 11% del total global (45%), pero es particularmente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, lo que a su vez demanda esfuerzos de adaptación y resiliencia climática. Por ello, la transición energética deberá ser justa, favorecer un crecimiento económico vigoroso e inclusivo, y contribuir al cierre de brechas de ingreso per cápita respecto al mundo desarrollado y a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Eso implica que, si bien todos los países de la región deben sumarse a los esfuerzos de disminuir las emisiones energéticas, la velocidad y las estrategias para hacerlo serán específicas a la realidad de cada país.
CAF dice que “si bien esto es relevante a la hora de introducir elementos de justicia en las responsabilidades vinculadas a la disminución de las emisiones, no exime a ningún país o región de realizar esfuerzos para limitar los GEI liberados y frenar el aumento de las temperaturas”.
El 75 % de las emisiones actuales vienen de países de ingresos medios y bajos; por ello, la adopción de medidas en esa dirección exclusivamente por el mundo desarrollado sería insuficiente.
Pilares para una oferta de energía más limpia Las emisiones vinculadas al consumo de energía dependen de cómo se produce esta, tanto en términos de la combinación de insumos para producirla como de la eficiencia con la que los sistemas energéticos transforman estos insumos primarios en vectores energéticos: electricidad y combustibles.
El consumo energético total de América Latina y el Caribe alcanza 24,2 exajulios (EJ), de los cuales un 20% (4,78 EJ) corresponden a generación eléctrica. Esta tasa de electrificación es ligeramente inferior a la de los países de la OCDE (en torno al 22%) y notablemente heterogénea entre países, variando desde mínimos del 1% y el 7% en Haití y Guatemala hasta máximos del 26% y el 27% en Panamá y Surinam, respectivamente.
La generación eléctrica se estima en 5,89 EJ. El 57% de esa electricidad es producida con fuentes renovables, valor significativamente superior al registro mundial (36%). Es decir, la región tiene una matriz eléctrica relativamente limpia. Las fuentes renovables no convencionales son responsables de un 11% de la generación eléctrica, similar al valor global, apuntando a que la ventaja en generación no combustible proviene de recursos hídricos, a partir de los cuales se genera el 80% de la electricidad proveniente de fuentes renovables. La importancia de estas en la generación eléctrica es heterogénea entre países.
Los insulares del Caribe muestran escasa participación en la generación no combustible, alcanzando un máximo del 14% en República Dominicana. En
Sudamérica, se observa un grupo de países de avance medio, donde la generación no combustible representa entre el 30% y el 40% del total, y otro de grado avanzado, con valores que se sitúan entre el 74% y el 80%. Paraguay se destaca porque toda su generación es de fuente hidráulica. La mayoría de los países de Mesoamérica muestran valores entre el 44% y el 68%, con excepción de México (23%) y Costa Rica (99%).
Para Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF: “Somos una región de soluciones, con capacidad para contribuir al proceso mundial de transición energética aprovechando las oportunidades que surgen para los países con reservas de minerales críticos –como el litio, el cobre o el níquel–, para los países con reservas de gas cuyo uso durante la transición reduciría las emisiones sin abandonar inmediatamente los combustibles fósiles y para los países con potencial de producción de energías renovables en la relocalización de actividades intensivas en energía (powershoring). Con este RED, el Banco ratifica su compromiso de acompañar a la región mientras afronta con éxito el desafío de una transición con energías renovadas”.
Demanda de energía y transición energética Las acciones por el lado de la oferta para la descarbonización propuestas en el RED son el incremento de la capacidad de generación de electricidad impulsada por una mayor participación de las fuentes renovables no convencionales y el desarrollo de combustibles de bajas emisiones como los biocombustibles o el hidrógeno de bajas emisiones. Además, durante la transición, el reporte sostiene que el gas puede jugar un rol crucial sustituyendo combustibles fósiles más contaminantes como el petróleo y el carbón. Si se sustituyera el 50% de los usos actuales de petróleo y carbón por gas se podrían reducir en un 7% las emisiones de la región, lo que representa casi un 65% del total de compromisos que la región se fijó para 2030.
Desde el punto de vista de la demanda, la eficiencia y el ahorro energético constituyen además un pilar indispensable en la ruta hacia la descarbonización. En el caso del sector industrial la transición pasa por la electrificación de algunos procesos o usos que actualmente dependen de combustibles fósiles al igual que el fomento de la economía circular. En movilidad urbana, es importante el uso de transporte público sostenible (masivo y activo). En la logística urbana hay espacio para la electrificación, mientras que, en el caso de transporte de carga, la promoción de la eficiencia y el uso de combustibles alternativos son medidas que pueden ser efectivas en el corto plazo.
Una transición justa también precisa cerrar las brechas de acceso y calidad de energía que aún persisten en la región. Dentro de las políticas para la demanda de los hogares en el RED se destaca la electrificación de algunos consumos, como el de calefacción y cocción, evitando el todavía frecuente uso de la biomasa con sus consecuencias negativas para la salud. Asimismo, se recomienda fomentar mejoras en la eficiencia energética, con electrodomésticos que consuman menos y mejores envolventes para las construcciones, entre otros.
La transición energética impactará a las economías de la región transversalmente, con efectos en el mercado laboral, en la estructura económica y en los balances macroeconómicos. En el campo laboral implicará un desplazamiento de trabajadores desde sectores y ocupaciones tradicionales hacia empleos “verdes”, que además de tener características diferentes, en particular, demandan más habilidades y tareas más abstractas y ofrecen salarios más altos.
Los desafíos de la transición son globales, pero este proceso afectará de manera diferenciada a los países de la región dependiendo de su matriz energética y de su dependencia de los combustibles fósiles. Es por ello que las respuestas y las velocidades a la cual se implementarán acciones orientadas a transitar hacia una menor dependencia de combustibles fósiles serán particulares a cada país. Para afrontar los retos de la transición energética, el RED plantea además cuatro políticas transversales: el financiamiento verde, los mercados de carbono e impuestos al carbono; las tecnologías de captura y uso de carbono; y la economía circular.
El RED presenta un contexto regional en el cual resulta vital coordinar esfuerzos nacionales y regionales para transitar el camino de la transición energética. Como parte de su estrategia de ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región, CAF se ha comprometido a dedicar al menos el 40 % de sus aprobaciones a proyectos verdes, incluidos los que facilitan la transición energética.
El —banco de desarrollo de América Latina (CAF)— lanzó su Reporte de Economía y Desarrollo, RED 2024, donde manifiesta la necesidad de realizar una transición energética justa con una mirada desde América Latina y el Caribe.
En este nuevo documento denominado “Energía renovadas transición energética justa para el desarrollo sostenible”, el banco desarrolló un análisis exhaustivo de la situación energética actual de la región, para luego focalizarse en las agendas de oferta y demanda de energía. El reporte pone énfasis en tres sectores cruciales para la demanda: el transporte, la industria y el sector residencial, y cierra con un análisis de los impactos que la transición tendrá en la macroeconomía en su conjunto, en particular sobre las finanzas públicas, el sector externo y el mercado laboral.
El desarrollo económico logrado en el siglo XX es uno de los factores que han incidido en esa necesidad transición, ya que la emisión de gases de efecto de invernadero (GEI) —los gases que se acumulan en la atmósfera terrestre y absorben la radiación infrarroja del sol, lo que retiene y aumenta el calor en la atmósfera— generado en los últimos 80 años se han multiplicado, debido al crecimiento del ingreso por habitante y al aumento de la población.
La actividad humana ha causado la emisión de más de 2.300 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO²) contabilizando desde 1850. Más del 68% de esas emisiones provinieron del uso de energía generada por fuentes fósiles. Es por eso que los científicos advierten que, al ritmo actual de emisiones, apenas quedan 28 años para limitar el incremento de la temperatura a 2°C respecto a la era preindustrial y tan solo nueve años para limitarlo a 1,5°C. Ambas metas globales con miras a reducir las emisiones.
América Latina y el Caribe contribuye poco en materia de emisiones, apenas el 11% del total global (45%), pero es particularmente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, lo que a su vez demanda esfuerzos de adaptación y resiliencia climática. Por ello, la transición energética deberá ser justa, favorecer un crecimiento económico vigoroso e inclusivo, y contribuir al cierre de brechas de ingreso per cápita respecto al mundo desarrollado y a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Eso implica que, si bien todos los países de la región deben sumarse a los esfuerzos de disminuir las emisiones energéticas, la velocidad y las estrategias para hacerlo serán específicas a la realidad de cada país.
CAF dice que “si bien esto es relevante a la hora de introducir elementos de justicia en las responsabilidades vinculadas a la disminución de las emisiones, no exime a ningún país o región de realizar esfuerzos para limitar los GEI liberados y frenar el aumento de las temperaturas”.
El 75 % de las emisiones actuales vienen de países de ingresos medios y bajos; por ello, la adopción de medidas en esa dirección exclusivamente por el mundo desarrollado sería insuficiente.
Las emisiones vinculadas al consumo de energía dependen de cómo se produce esta, tanto en términos de la combinación de insumos para producirla como de la eficiencia con la que los sistemas energéticos transforman estos insumos primarios en vectores energéticos: electricidad y combustibles.
El consumo energético total de América Latina y el Caribe alcanza 24,2 exajulios (EJ), de los cuales un 20% (4,78 EJ) corresponden a generación eléctrica. Esta tasa de electrificación es ligeramente inferior a la de los países de la OCDE (en torno al 22%) y notablemente heterogénea entre países, variando desde mínimos del 1% y el 7% en Haití y Guatemala hasta máximos del 26% y el 27% en Panamá y Surinam, respectivamente.
La generación eléctrica se estima en 5,89 EJ. El 57% de esa electricidad es producida con fuentes renovables, valor significativamente superior al registro mundial (36%). Es decir, la región tiene una matriz eléctrica relativamente limpia. Las fuentes renovables no convencionales son responsables de un 11% de la generación eléctrica, similar al valor global, apuntando a que la ventaja en generación no combustible proviene de recursos hídricos, a partir de los cuales se genera el 80% de la electricidad proveniente de fuentes renovables. La importancia de estas en la generación eléctrica es heterogénea entre países.
Los insulares del Caribe muestran escasa participación en la generación no combustible, alcanzando un máximo del 14% en República Dominicana. En
Sudamérica, se observa un grupo de países de avance medio, donde la generación no combustible representa entre el 30% y el 40% del total, y otro de grado avanzado, con valores que se sitúan entre el 74% y el 80%. Paraguay se destaca porque toda su generación es de fuente hidráulica. La mayoría de los países de Mesoamérica muestran valores entre el 44% y el 68%, con excepción de México (23%) y Costa Rica (99%).
Para Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF: “Somos una región de soluciones, con capacidad para contribuir al proceso mundial de transición energética aprovechando las oportunidades que surgen para los países con reservas de minerales críticos –como el litio, el cobre o el níquel–, para los países con reservas de gas cuyo uso durante la transición reduciría las emisiones sin abandonar inmediatamente los combustibles fósiles y para los países con potencial de producción de energías renovables en la relocalización de actividades intensivas en energía (powershoring). Con este RED, el Banco ratifica su compromiso de acompañar a la región mientras afronta con éxito el desafío de una transición con energías renovadas”.
Las acciones por el lado de la oferta para la descarbonización propuestas en el RED son el incremento de la capacidad de generación de electricidad impulsada por una mayor participación de las fuentes renovables no convencionales y el desarrollo de combustibles de bajas emisiones como los biocombustibles o el hidrógeno de bajas emisiones. Además, durante la transición, el reporte sostiene que el gas puede jugar un rol crucial sustituyendo combustibles fósiles más contaminantes como el petróleo y el carbón. Si se sustituyera el 50% de los usos actuales de petróleo y carbón por gas se podrían reducir en un 7% las emisiones de la región, lo que representa casi un 65% del total de compromisos que la región se fijó para 2030.
Desde el punto de vista de la demanda, la eficiencia y el ahorro energético constituyen además un pilar indispensable en la ruta hacia la descarbonización. En el caso del sector industrial la transición pasa por la electrificación de algunos procesos o usos que actualmente dependen de combustibles fósiles al igual que el fomento de la economía circular. En movilidad urbana, es importante el uso de transporte público sostenible (masivo y activo). En la logística urbana hay espacio para la electrificación, mientras que, en el caso de transporte de carga, la promoción de la eficiencia y el uso de combustibles alternativos son medidas que pueden ser efectivas en el corto plazo.
Una transición justa también precisa cerrar las brechas de acceso y calidad de energía que aún persisten en la región. Dentro de las políticas para la demanda de los hogares en el RED se destaca la electrificación de algunos consumos, como el de calefacción y cocción, evitando el todavía frecuente uso de la biomasa con sus consecuencias negativas para la salud. Asimismo, se recomienda fomentar mejoras en la eficiencia energética, con electrodomésticos que consuman menos y mejores envolventes para las construcciones, entre otros.
La transición energética impactará a las economías de la región transversalmente, con efectos en el mercado laboral, en la estructura económica y en los balances macroeconómicos. En el campo laboral implicará un desplazamiento de trabajadores desde sectores y ocupaciones tradicionales hacia empleos “verdes”, que además de tener características diferentes, en particular, demandan más habilidades y tareas más abstractas y ofrecen salarios más altos.
Los desafíos de la transición son globales, pero este proceso afectará de manera diferenciada a los países de la región dependiendo de su matriz energética y de su dependencia de los combustibles fósiles. Es por ello que las respuestas y las velocidades a la cual se implementarán acciones orientadas a transitar hacia una menor dependencia de combustibles fósiles serán particulares a cada país. Para afrontar los retos de la transición energética, el RED plantea además cuatro políticas transversales: el financiamiento verde, los mercados de carbono e impuestos al carbono; las tecnologías de captura y uso de carbono; y la economía circular.
El RED presenta un contexto regional en el cual resulta vital coordinar esfuerzos nacionales y regionales para transitar el camino de la transición energética. Como parte de su estrategia de ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región, CAF se ha comprometido a dedicar al menos el 40 % de sus aprobaciones a proyectos verdes, incluidos los que facilitan la transición energética.