Necesidad de un tribunal constitucional

1. Panamá se encuentra sin un verdadero Estado de derecho. En un Estado de derecho, todo está regulado en la ley. Es la ley, y no el funcionario, la que determina qué órgano o funcionario es competente y para qué, cuándo puede y cuándo debe actuar. Esa no es la situación que vivimos en Panamá. Un Estado de derecho, es: “solo aquel en el cual efectivamente la ley es la única medida del derecho, y en donde no hay infracción de la ley que no tenga sanción, pero donde la autoridad puede intervenir para corregir las injusticias sociales y promover el bien público”.

2. El pseudoconstitucionalismo consentido. El haber estado sujetos, de manera ininterrumpida, a un Estatuto constitucional impuesto durante 52 años, nos encontramos entonces sin una real, efectiva, verdadera y democrática Constitución, con todo lo que ello conlleva para la vida cotidiana en sociedad.

Esta particularidad ha pretendido ser desconocida por quienes, desde los órganos del Estado, han estado al frente del poder político sin el justo y necesario control ciudadano para evitar así el irracional comportamiento que hoy encubre a la corrupción y a la impunidad.

Instituciones que en otras sociedades han servido para fortalecer el Estado de derecho y el fortalecimiento de una convivencia pacífica y una necesaria paz social, hoy por hoy son inexistentes en nuestro Panamá, como por ejemplo, un Tribunal Constitucional

3. El conflicto constitucional. Existe en forma permanente e innegable desde el momento en que, frente a una “Constitución impuesta”, se producen también todos los vicios de desviación, elusión, omisión y perturbación constitucional, con las graves consecuencias que se producen sobre los derechos fundamentales, los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y laborales.

Las fluctuaciones arbitrarias de la norma que se vienen practicando por décadas, acompañadas de cotidianas tensiones entre gobernantes y gobernados, conducen a que las convicciones de libertad, dignidad, justicia, seguridad y equidad que deben sustentar a nuestra sociedad, para alcanzar la necesaria convivencia pacífica, no se les permite convertirse en conducta y norma de garantía.

4. Resentimientos por abusos y violaciones. Los ciudadanos enfrentamos una peligrosa esquizomanía gubernamental, en la que el irrespeto a la dignidad de la persona humana se convirtió en el quehacer cotidiano de los gobernantes, tanto en lo económico, como en lo social y lo político.

5. Un Tribunal Constitucional. ¿Dónde está entonces el Estado de derecho? Definitivamente que no está en la quiebra de la racionalidad que vivimos, producto de la ausencia de controles ciudadanos que nos permitan tener un Estado democrático de derecho.

Un verdadero Estado democrático de derecho “es el sistema político que menos favorece la corrupción y es el sistema político que mejor lucha contra la corrupción”.

Urge entonces que nos encaminemos hacia una plena participación ciudadana para alcanzar un nuevo contrato social y refundar la República y darnos un Estado constitucional de derecho, democrático y social.

El mismo deberá contar con un Tribunal Constitucional, llamado a ser un órgano efectivamente independiente a los tres órganos del Estado.

*El autor es abogado