Cuando fallan los 'interesados' asesores mineros

Estamos llenos de abusos y arbitrariedades de los gobernantes. Ostentar el poder pareciera dar el omnipotente derecho para hacer lo que a bien tengan, aunque pisoteen el interés público, lo que pertenece a otros y causen perjuicios al país. Ese es el caso de la mina de la empresa canadiense Petaquilla Gold, Proyecto Minero Molejón, en el distrito de Donoso, Colón. Cuando la mina estuvo lista para comercializar el oro existente extraído, después de casi una década de preparación, el Gobierno de Martinelli -a través del viceministro del MICI, Ricardo Quijano- exigió, a cambio de otorgar la correspondiente autorización para exportar la producción, que los directivos de la empresa fueran reemplazados por gente cercana al presidente. Por eso en 2004, Richard Fifer dejó la presidencia de la minera. Prácticamente lo exilaron.

Sobrevino desolación en la operación. En tres años descapitalizaron la empresa, dejándola insolvente. No se pagaron cuotas al Seguro Social, acumulándose inmensas deudas de proveedores. Fifer mudó sus operaciones a España, donde ganó galardón de mejor empresario de 2013 y, cuando los usurpadores destruyeron Petaquilla, no estaba en Panamá. Varela quiso completar el despojo que Martinelli no logró. Expropió la mina, mediante un proceso viciado, imitando a Hugo Chávez: exprópiese y ¡YA! Mediante resolución 19 de julio 22 del 2015, el MICI decidió hacerse de la mina, sin derecho a indemnización, limpiándose el trasero con las disposiciones que señalan que en cualquier expropiación debe haber una indemnización previa, olímpicamente ignorando los acuerdos de Protección de Inversiones que Panamá tiene suscritos con Alemania, Canadá, España y Estados Unidos, así como los tratados de libre comercio con alguno de ellos. Hay 3500 accionistas de aquí y de afuera, dueños del bien expropiado, de pleno conocimiento del MICI. Tres diferentes ministros: Melitón Arrocha, Néstor González y Augusto Arosemena, cumpliendo instrucciones de Varela, perpetraron el despojo, con lujo de detalles en los VarelaLeaks.

En la actualidad, existen dos demandas ante la Sala III y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que persiguen anular las decisiones inconstitucionales e ilegales del MICI. Una Demanda de Nulidad admitida y otra de Inconstitucionalidad, pendiente de admisión.

El 14 de mayo pasado el MICI publicó en Gaceta Oficial la resolución 19 del 2015, pretendiendo con ello iniciar el proceso para otorgar la concesión de Petaquilla a un tercero. Como decimos en buen panameño: buscan agarrar los mangos bajitos, sin importar el daño que puedan ocasionar. Esta acción irreflexiva, podría ser sujeta a diversas reclamaciones nacionales e internacionales. El 18 de mayo, el ministro del MICI anunció que otorgarían esa concesión por US$30 millones a la canadiense Broadway Strategic Minerals, a pesar de que la mina tiene listos más de US$300 millones de material extraídos para procesar y miles de millones de reserva comprobada. Tremendo problema al tratarse de dos empresas canadienses, ya que en Canadá es prohibido entrometerse en problemas con empresas del mismo país.

Más grave aún, como una contradicción, el 21 de mayo pasado, la Dirección Nacional de Recursos Naturales del MICI, ente rector oficial del tema minero, señaló que “No existe ninguna empresa nacional o extranjera que se la haya otorgado o adjudicado la concesión minera de la empresa Petaquilla Gold, S. A., conocida como proyecto Minero Molejón”. ¿Se echaron para atrás en solo 7 días?

Con esa tajante nota ya no se puede argumentar que la concesión a Petaquilla Gold no existe. Además, nada extingue el derecho que tienen los accionistas extranjeros, amparados en los convenios internacionales mencionados, para exigir compensación a Panamá, sobre todo cuando la expropiación se hizo sin indemnización previa, como señalan la Constitución y la Ley. La decisión de MICI del 14 de mayo de este año aumenta las posibilidades de éxito de los reclamantes, por el hecho de que convalida vicios de resoluciones de ese ministerio en tiempos de Varela. Nuevas demandas pueden surgir allí, hasta querellas penales.

No creo que el presidente Cortizo, en urgente búsqueda de inversiones extranjeras para salir de la grave crisis económica que padecemos, quiera dar la sensación a países como Alemania, Canadá, España y Estados Unidos de que en Panamá no se respetan las inversiones de sus nacionales y se carece de seguridad jurídica. Panamá espera que la sensatez impere y que se permita a la justicia decidir si lo que se reclama es justo y que no esté sujeta a las influencias de los amigos de los gobernantes de turno. Se les olvida aquel conocido refrán que dice “de la corredera solo queda el cansancio”.