Arturo Hoyos: 'El problema más grave que enfrenta un presidente de la CSJ es el de las amenazas del crimen organizado'

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Arturo Hoyos reclama una explicación más amplia a Eduardo Ulloa, exprocurador de la Nación quien renunció dos semanas atrás, sobre las verdaderas razones que lo motivaron a tomar esa decisión. No demerita que las presiones familiares hayan tomado un rol importante para haber dejado el trabajo de forma súbita, él también sufrió amenazas. Por primera vez desclasifica que mientras fue presidente de la CSJ, cargo que ocupó por tres periodos consecutivos, sufrió varias amenazas del crimen organizado. Las llamadas anónimas formaban parte de la carga de presiones que sufren los jueces y magistrados del Órgano Judicial, afirmó. Si eso ocurría en su época, es muy probable que esta práctica intimidatoria se haya acentuado con los años tras la penetración del narcotráfico en ciertas instituciones y en la política. No hay que dejarse intimidar, dice, y sugiere que se nombre en un corto tiempo el reemplazo del exprocurador.

Yo quisiera poner esa renuncia en el contexto que estamos viviendo. Hemos pasado de una manera súbita, de una etapa de una ilusión de un progreso constante y asegurado, a una situación de malestar social y vulnerabilidad individual. Ese cambio abrupto se debe a varias causas. Primero, la pandemia, obviamente; segundo, una crisis económica y social; y tercero, una crisis político-institucional que es en la que yo enmarcaría la renuncia del procurador y otras cosas.

Es cierto que históricamente, no solo en estos últimos 30 años, ha habido una inestabilidad en esa posición. Sobre la renuncia específica del exprocurador Ulloa te diría primero que yo entiendo, y le tengo simpatía a la familia del exprocurador que él mencionó. Es cierto, yo lo he vivido. Hubo muchos jueces en la época que fui presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que experimentaban amenazas, una serie de presiones, y tuve que tomar medidas para tratar de protegerlos y asegurar su independencia. Así que esa parte de lo que dice el exprocurador yo la entiendo y simpatizo con ella. Sin embargo, yo creo que Ulloa debe dar una explicación, porque se han creado demasiadas dudas, suspicacias y especulaciones respecto al tema. Entonces, creo que debemos pedirle al exprocurador que elabore las causas por las que tomó esa decisión que fue tan intempestiva. Una de dos: o nos dice, o nuevamente señala que no tiene nada más que agregar y con eso seguimos adelante y buscamos a alguien, en un plazo relativamente corto, que llene las expectativas que tiene la ciudadanía con respecto a la Procuraduría.

Eso va con el cargo, es un riesgo inherente y uno tiene que asumirlo. El punto que quiero enfatizar es que, por haberlo vivido de cerca con muchos funcionarios judiciales [lo entiendo], pero no creo es suficiente, y hay que pedir al exprocurador que dé una explicación más amplia sobre los factores que motivaron su renuncia. Además te comento, es cierto que él estuvo en el Ministerio Público como fiscal, pero una cosa es ser fiscal, juez o magistrado, y otra cosa es ser procurador general o presidente de la Corte. La cantidad de presión y los problemas con los que se enfrentan son infinitamente superiores. Por eso yo creo que debe dar una explicación más atendible.

Tengo que ser muy sincero, el problema más grave que enfrenta un presidente de la CSJ, en cuanto a amenazas, viene del crimen organizado.

Bueno, recuerda que todos los magistrados tienen que ver Habeas corpus y amparos de garantías. Cuando están relacionados con el crimen organizado se reciben llamadas anónimas, amenazas, eso va con el puesto, pero a quien no lo ha vivido antes, ciertamente lo impacta. Yo no conozco un solo caso, en los tiempos que estuve ahí, que sus amenazas hayan surtido efecto.

Sabemos dónde vives, dígale al magistrado que sabemos a qué escuela van sus hijos, ese tipo de cosas.

Yo era muy reservado con respecto a esas cosas porque no me gusta asustar a la gente, ni a mi familia o a los colegas magistrados. Así que esas cosas las mantuve en silencio, en una, y es la primera vez que lo digo en público, una vez sí pasaron de las amenazas porque hubo cuatro individuos que mis guardaespaldas detuvieron en la puerta de mi casa. Estaban indocumentados, armados, eran colombianos, tenían planos de mi casa y estaban mirando con larga vista. Nunca lo comenté con mi familia, pero sí se lo informé a José 'Pepe' Luis Sosa, quien era director de la Policía Nacional, y al presidente Pérez Balladares. Yo no creo que me iban a hacer daño, porque tenía 11 escoltas y muchos estaban armados, pero era un acto de intimidación. Creo yo, no tengo pruebas, pero pienso que las amenazas provenían de un narcotraficante muy importante que teníamos detenido.

Que si había fondos secuestrados, que si piden medidas cautelares distintas, en fin...

Hay seguridad interna, incluso en algunas ocasiones otros servicios de seguridad del Estado han prestado asistencia. En estas cosas hay que tener carácter, fundamentalmente no es no sentir miedo, porque eso es humano. Lo importante es no dejarse intimidar.

No, esa fue la única que pasó de amenaza a algo en cuestión... pero llamadas eran constantes y a algunos jueces también.

Sí, yo no he conversado con los magistrados sobre el tema, pero esta gente no cambia. Es decir, son hábitos viejos que practican donde estén y ya ves que hay agresiones en otros países, gracias a Dios que aquí aún no hemos tenido eso.

Mira, en mi época realmente eso no se dio de manera sistemática ni importante. Yo tuve la fortuna de ser presidente de la CSJ, primero un tiempo con Guillermo Endara, y posteriormente con Ernesto Pérez Balladares, y unos meses con Mireya Moscoso. Francamente no recibí de ninguno de los tres ninguna presión. Eran otros tiempos, no sé posteriormente el hilo que hayan tomado las cosas. En el sistema presidencialista, y como el nuestro que es hiperpresidencialista, se requiere gente en ese puesto, en la Presidencia de la República, que tenga un sentido de los límites, que sepa que no puede ir más allá, que tenga autocontrol, porque el sistema está demasiado cercano al presidencialismo.

Yo creo que ese cargo requiere de algunas características personales que no necesariamente afloran en esos exámenes. Independientemente de los requisitos legales, además de la no militancia en política, mantenerse independiente, es fundamental que la persona no se deje intimidar, y su compromiso con la sociedad y la institución, eso es fundamental. En esta coyuntura que estamos viviendo, es deseable que la persona sea nombrada en un periodo relativamente corto y que no haya tenido una militancia política demasiado activa. Que no haya sido miembro de un partido político, yo no creo que eso es esencial tampoco. Carlos Lucas López fue miembro de un partido político y creo que fue un presidente de la CSJ que tuvo un momento muy difícil después de la invasión, pero lo hizo razonablemente bien.

No es un motivo para descalificarlo.

(risas) A mí me gustaría ver a una mujer ahí.

Yo creo que hay una decadencia en las instituciones políticas en general, eso se debe a dos factores, primero, que lamentablemente las instituciones políticas han servido más a los intereses de las élites políticas que al pueblo en general. En segundo lugar, que las instituciones políticas y las normas constitucionales que las apoyan se han vuelto excesivamente rígidas, como absorber los cambios de la sociedad panameña. De tal manera que hay una decadencia y eso hay que detenerlo con un cambio. Es un proceso que se ha venido dando en los últimos años y hay que hacerle frente con un cambio de personas también.

A veces las expectativas no encajan completamente con las posibilidades. El sistema penal se cambió al Sistema Penal Acusatorio, los juicios sí son más rápidos. Yo creo que los nombramientos que ha hecho este gobierno son razonables, son buenos magistrados los que han designado. El tema de la certeza del castigo tiene que ser previo a un debido proceso, porque el derecho no es como las matemáticas donde el orden de los factores no altera el producto. En derecho el proceso debido legitima el resultado que además tiene que estar apegado al derecho. Eso es una de las cosas que además no se comprende, que si no se sigue un debido proceso al final los juicios se caen, y lo hemos visto. No solo aquí en Panamá.

Eso se resuelve con una justicia eficiente y rápida, y posiblemente con algunas reformas. Se han tratado algunas, en nuestra época se fundaron varios juzgados: de familia, de menores, de protección al consumidor. El talón de Aquiles de la justicia realmente es la justicia penal y es el que la gente más ve y más critica. Te pongo un ejemplo: el caso Odebrecht. Si te pones a ver lo que ha sucedido en Brasil, resulta que el 3 de febrero el gobierno de ese país desbandó a la fuerza de Lava Jato, y pasó todos los fiscales a diferentes grupos de la justicia federal y estatal. Se consiguieron 174 condenas, en un país que tiene una población de 210 millones de habitantes. Aquí se está hablando en ese proceso, de imputaciones entre 80 y 120 personas y luego pasará al Órgano Judicial. Mi impresión es que los fiscales no han estado cruzados de brazos.

Lo que te quiero decir es que países con más recursos que nosotros y más experiencia en estos megaprocesos, tampoco lo han hecho mejor que nosotros. Yo creo que hay que tener esperanza en que cuando esto pase al Órgano Judicial se respete el debido proceso y se exijan las responsabilidades que haya que requerir. Si hubiese existido aún el sistema inquisitivo, esto hubiera sido un tema de décadas. Pero aquí no creo que vaya a suceder así.

No. Es cierto, pero la queja demasiado rápida tampoco es justicia. Hay tribunales populares por aquí, en ciertos lugares, o las que hacían en la época de Noriega que en 24 horas ya estaba el acusado en [el penal de] Coiba.

Sinceramente no intervengo mucho en estos juzgados. Esa jurisdicción se creó bajo mi presidencia, antes no existía. Sinceramente no sé si sea insuficiente el personal para la cantidad de casos que tramitan. Los sistemas de procedimiento en estos juzgados no son nuevos, son relativamente tradicionales y quizá hay pocos juzgados para la cantidad de asuntos que se plantean.

Sin duda alguna. Una parte sí, sin duda. El Órgano Judicial siempre ha tenido un presupuesto limitado, ha aumentado, en unos periodos más que en otros, pero eso es esencial. Para ilustrar la seriedad de este problema te puedo contar que en los tiempos en que yo era presidente de la CSJ, la Asamblea Nacional aprobaba presupuestos de alimentación y alojamiento a los jurados de conciencia por tres, cuatro o cinco meses. Pasaba que, terminados esos meses durante el año fiscal, había que hacer milagros para que no se detuvieran las audiencias de jurados de conciencia, conseguir dinero adicional. Eso es un ejemplo de cómo la falta de recursos detiene determinados procesos.

Yo creo que para la mayoría de la gente que va al sistema. En la mayoría de los países las personas que tienen mayores recursos no pueden contratar más abogados, pero te digo que hay una diferencia sustancial entre lo que estamos viviendo ahora y antes. Por ejemplo, bajo mi presidencia se creó el Instituto para la Protección de Víctimas de los Delitos. Antes solo había defensores de oficio para los imputados, hoy hay más de 70 defensores de víctimas de delitos, eso ha dado un salto cualitativo sobre todo en las víctimas de bajos recursos.

Una explicación es la carga de asuntos que hay. Recuerda que no es solamente [el caso] que está a tu cargo, en el cual tú eres el ponente. Tienes que revisar los proyectos que hacen los demás. Cada uno de esos expedientes, vamos a decir, un Habeas corpus, lleva antecedentes de otros magistrados. Si tú quieres ser acucioso, como debes serlo, debes leer los antecedentes de los demás y también mirar los antecedentes de cada asunto. Eso toma muchísimo tiempo.

Siempre he creído que se amerita una sala adicional en la CSJ, incluso una jurisdicción adicional para proteger los derechos fundamentales. El experimento de la Sala V no tuvo éxito. Pero esa era la idea, una jurisdicción especializada en Habeas corpus y amparos, y dejar descansar a las otras jurisdicciones. Obviamente estudiar los casos también toma tiempo. En el caso del presidente, además de eso, tiene la carga administrativa y la ley le da la potestad única de lidiar con los otros órganos del Estado.

No recuerdo sinceramente. He hecho un cálculo y en el tiempo que yo estuve ahí tuve que ver cerca de 20 mil expedientes en total en esos 16 años, míos y lecturas de los demás, por supuesto. Tal vez la cifra no es exacta, pero en una ocasión escribí un artículo sobre la cantidad de casos resueltos y empecé a sumar y llegué a una cifra cercana a eso.

Yo no me inclino por una constituyente por varias razones. Primero, porque el proceso no es un resultado y no sabemos lo que viene. Segundo, porque todas las constituyentes en América Latina, desde la brasileña de 1988 hasta las más recientes, han reforzado el presidencialismo, y el principal problema que tiene este sistema político es un hiperpresidencialismo sin controles efectivos. De tal manera que yo creo mejor en cambios puntuales, pero si la clase política no hace cambios verdaderamente sustanciales, puntuales, entonces se corre el riesgo de que terminemos ciertamente con una constituyente que no es mi opción.

Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia por 16 años